ERE Andalucía: tres jueces y un caso maldito

El máximo órgano de los jueces abrió una investigación a la titular de Instrucción número 6 de Sevilla a raíz de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que la acusaba de incurrir en «retrasos injustificados», exclusiones masivas de ex altos cargos y «desatención» de los casos ERE, Avales e IDEA . Pero el CGPJ archivó las diligencias porque no apreció falta disciplinaria en las demoras, que atribuyó a la complejidad de la instrucción y al aluvión de recursos presentados por distintas partes. Núñez se reincorporó al juzgado tras once meses de baja, pero ya nada volvió a ser igual. Acordó con su juez de refuerzo, José Ignacio Vilaplana, cederle las macrocausas de los ERE, Formación, Faffe e IDEA, bajo el argumento de «evitar dilaciones», según recogió el plan de tareas aprobado por el TSJA. De la mano de Vilaplana, el caso ERE ha alcanzado velocidad de crucero.

Mercedes Alaya, en cambio, dejó el caso ERE en contra de su voluntad. Salió a concurso una plaza en la Audiencia Provincial de Sevilla que solicitó y ganó confiada en mantenerse al frente de la instrucción con una comisión de servicios. Pero terminaron apartándola después de que cuestionara, en un escrito dirigido al CGPJ, la capacidad e independencia de su sustituta al mencionar la «estrecha amistad» que mantenía con el consejero de Justicia, Emilio Llera. Alaya aspira ahora a ser magistrada de la Audiencia Nacional como broche a su carrera. Luis García Navarro, letrado de la acusación popular del PP-A, destaca su «intensa labor instructora» y su instinto, compartido con los fiscales, para apreciar la huida del derecho administrativo en un mecanismo de ayudas.

En la génesis del caso, sólo Alaya y «unos pocos incansables» a los que se refirió en un auto creían que el fraude obedecía a un plan político. La Junta repartía dinero público para apagar conflictos y comprar la paz social, para asegurarse los votos allí donde el cierre de industrias empujaba al paro a miles de trabajadores y ponía en peligro la hegemonía del PSOE. La tesis de esos «pocos incansables» —Alaya, la UCO, los fiscales y los letrados del PP — se impuso, en el relato de hechos de la sentencia, a la teoría exculpatoria de la antigua Junta de que «cuatro golfos» manejaron sin rendir cuentas a nadie casi 680 millones de fondos públicos.