PP e IU piden una comisión de investigación en el Parlamento

En un agrio debate el consejero de Empleo, Manuel Recio, ratificó los argumentos que ha venido ofreciendo la Junta desde que detectó las 39 irregularidades en 12 de las empresas investigadas.

El representante del Gobierno andaluz explicó que cada partida de los ERE ha venido apareciendo en los presupuestos, que son «legales, públicas» y han sido debatidas en la Cámara, partidas -ha dicho- para «garantizar» las rentas a empresas y trabajadores en crisis que han suscrito pólizas hasta la jubilación. «La primera perjudicada es la ciudadanía andaluza y la Junta va a defender sus intereses y no temblará ante las irregularidades las cometa quien las cometa. El que la hace la paga».

Por su parte, el diputado del PP-A Antonio Sanz aseguró que nos encontramos ante una trama de pensiones ilegales para beneficiar a amigos y a cargos del PSOE, que va camino de convertirse en el «mayor escándalo» político y social de la autonomía. «Por omisión o acción han permitido que se haya hecho negocio con el dinero de los parados», ha añadido el parlamentario, quien ha indicado que al consejero de Empleo «le están obligando a tapar la porquería».

En su opinión, se ha producido «un saqueo» de más de 100. 000 millones de las antiguas pesetas «con la más alta responsabilidad del Gobierno andaluz». Además, insistió en pedir la creación de una comisión de investigación y consideró que si Recio «tuviera las manos limpias la aceptaría».

También el coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, consideró necesario la creación de una comisión de investigación para llegar hasta las últimas consecuencias y una auditoria de los últimos diez años de la Consejería de Empleo por parte de la Cámara de Cuentas.