Arenas cree que el caso da a los ERE «otra dimensión»

Arenas se preguntó cómo es posible que expedientes que tienen que ver con los fondos públicos se puedan dar esas circunstancias. Según señaló, es de suma importancia «proteger a los trabajadores de buena fe». En este sentido, resaltó que en estos momentos hay «trabajadores de buena fe que tienen paralizada su prejubilación, no la están percibiendo, porque en su ERE» se han introducido intrusos y se han cometido presuntas ilegalidades.

El líder del PP-A aseguró además que en los próximos días la «presión social será de tal calibre» que al final inevitablemente se creará una comisión de investigación sobre los ERE. Arenas lamentó que esa decisión no la hubiera anunciado el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, en la reunión que minutos antes mantuvo son el Grupo Parlamentario Socialista.

El presidente del PP andaluz volvió a insistir ayer en la indiferencia de la Fiscalía Anticorrupción para con la trama de los ERE, y aplaudió que hasta ahora no haya habido cámaras de televisión, ni fotos, ni shows mediáticos durante las detenciones, al contrario de lo que ocurre cuando se trata de su partido. Además, instó al presidente de la Junta a poner en conocimiento del Parlamento el resultado de las investigaciones que, principalmente la Consejería de Empleo, está llevando a cabo sobre los supuestos fraudes en los expedientes de regulación, y conminó también a hacer públicos los informes de la Intervención General de Hacienda 2005, 2006 y 2007, solicitados por el PP.

Por su parte, la Junta de Andalucía señaló que la labor del Ejecutivo, tanto en el caso de Minas de Riotinto, como en el resto de los expedientes es «poner a disposición de la Justicia toda la información», con el objetivo de que se «esclarezcan todas las responsabilidades». Pero en el caso concreto de la empresa minera onubense, el expediente aún no ha sido investigado a fondo dentro del proceso abierto por la Consejería de Empleo para clarificar lo sucedido.

En declaraciones a ABC, el director general de la Oficina del Portavoz del Gobierno andaluz, Francisco Perujo, subrayó que la postura de la Junta no es un «simple «discurso», sino que «a los hechos nos remitimos. De 45 expedientes vivos, donde hay trabajadores que aún no han cumplido los 65 años y que se siguen beneficiando de las prejubilaciones, investigados hay 30 con un total de 37 irregularidades».