«Pedí permiso para hacer un pozo; diez años después me dijeron que no y ahora es legal»

«Yo lo que conté allí lo estoy viviendo en mis carnes, en persona, por eso no necesitaba ningún papel», aclara este fresero de 48 años, del que sabes que te mira a la cara y habla con la verdad por delante. «Mi hermano y yo nos quedamos huérfanos de mi padre por un accidente de tráfico con 12 y 16 años, pero la tierra no la podíamos labrar, éramos muy chicos. Tuve que esperar a 1999 para empezar a trabajar, recibimos unas subvenciones de la Junta para jóvenes agricultores con fondos europeos. Ahora Bruselas es la que quiere decidir si lo que hago es legal o no», explica este agricultor.

Francisco Palomo tiene ocho hectáreas para sembrar en Rociana del Condado, cinco no están regularizadas y otras tres sí. « Yo soy el primero que quiere que la ley se cumpla, pero lo que hicieron con el plan de 2014 de la Corona norte de Huelva es una aberración, no se puede aprobar algo en una fecha con una foto de diez años atrás», opina este fresero, cuarta generación de labradores. «Ahora todos piden diálogo, pero nadie nos llamó entonces ni atendieron las más de 4.000 reclamaciones que se pusieron, entre ellas la mía, porque considerábamos que se estaba cometiendo una injusticia. Ninguna se contestó, por el BOE dijeron que eso era lo que había; nadie nos escuchó en ocho años hasta ahora. A un perro o a un caballo le hacen más caso, les maltratan y sale en todos los medios de comunicación», explica a este periódico.

«Lo que queremos con esta nueva ley es que nos dejen tranquilos y podernos dedicar a lo que sabemos, las fresas y no a pagar multas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir», continúa Francisco Palomo. Cuando se le pregunta cuántas les llegan y por qué cantidad por regar con aguas que no son superficiales en tierras no reconocidas como de regadío, contesta: «Van llegando por campañas, por parcelas. Esto es como un martillo pilón, cuando menos te lo esperas, pum, ahí va una, a los diez o doce días otra, y a los quince otra». La cantidad varía en función del tamaño de las parcelas. Palomo las tiene de 6.000, 3.000 y mil euros. Las recibe desde 2015 y a pesar de que las recurre acaba pagándolas, «si no nos hicieron caso con las 4.000 reclamaciones, cómo nos lo van a hacer ahora. Aquí lo fácil es criminalizarnos como piden los ecologistas y algunos partidos políticos», sentencia.

«Yo cuando empecé con las fresas pedí permiso para hacer un pozo de agua y diez años después me dijeron que no. Y hoy ese pozo subterráneo es legal. Al estar en la comunidad de regantes del Condado se están dando algunas regularizaciones. Como comprenderá yo que presenté todas las solicitudes en regla no esperé diez años a que me contestaran, ¿de qué íbamos a vivir mientras tanto mi hermano y yo? Aquí no hay nada lógico», se queja.

Francisco Palomo no tuvo pelos en la lengua cuando en el Parlamento andaluz les dijo a los socialistas y comunistas de Podemos si no se les caía la cara de vergüenza defendiendo a los «tres o cuatro terratenientes de Almonte que son los que se oponen a la nueva ley y dejan en la estacada a los pequeños y medianos agricultores» . «No nos tienen en cuenta los impuestos que pagamos, ni los puestos de trabajo que creamos, —continúa—, yo tengo unas 30 personas durante los ocho meses de la campaña y ocho fijos todo el año».

«Ahora todos los alcaldes de los pueblos afectados menos en Almonte nos han dado la razón, se hizo una proposición a favor de la nueva regularización y ha salido adelante», explica. Palomo carga contra los pocos empresarios que se oponen a la nueva ley. «La Asociación de agricultores Puerta de Doñana de Almonte que ahora han resucitado después de 25 años muerta, son tres o cuatro, yo les reto a que me digan quiénes son los 300 freseros que dicen que les apoyan, son cuatro políticos del Ayuntamiento».