La Junta insiste en que no se van a ampliar regadíos en el entorno del parque nacional de Doñana

«Una vez más digo, es falso, no se van a ampliar los regadíos en la zona», ha incidido, apuntando que «la política fake que hace la oposición se cae por su propio peso porque no se la cree nadie y se desmonta», ha indicado.

Ha recordado que «la iniciativa parte de una Proposición de Ley de los grupos de PP, Cs y Vox y va en la línea de otras que en años anteriores los socialistas llevaron al Congreso, que urge al Gobierno de España a acometer cuanto antes las obras hidráulicas necesarias«.

«Ni ampliación de regadíos por nuestra parte, protección máxima a Doñana, está recogido en la ley. No por mucho decir una mentira se convierte en una verdad», ha finalizado el consejero.

Por otro lado, la comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio del Parlamento andaluz ha citado para este próximo martes, 29 de marzo, a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en relación con la proposición de Ley de mejora de la ordenación de las zonas de regadío del Condado de Huelva.

La vicepresidenta tercera del Gobierno figura así entre el listado de comparecencias de agentes sociales que ha citado la referida comisión del Parlamento en el marco de la tramitación parlamentaria de dicha proposición de ley sobre la conversión de terrenos forestales en suelos agrícolas regables en municipios al norte de la Corona Forestal de Doñana , a cuya toma en consideración dio luz verde el Pleno de la Cámara el pasado 9 de febrero con los apoyos de los citados tres grupos y la abstención del PSOE-A.

En concreto, Teresa Ribera es la última de las comparecencias previstas para este próximo martes en dicha comisión, a las 18,40 horas, según el listado dado a conocer este viernes y consultado por Europa Press, que incluye un bloque de doce citaciones en sesión de mañana y otro de nueve en sesión de tarde, de 20 minutos de duración aproximada cada una de ellas.

En el bloque de comparecencias matutinas, a partir de las 10,00 horas, figuran las de los ayuntamientos de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado, así como la de la Plataforma en defensa de los regadíos del Condado de Huelva, las de las organizaciones agrarias UPA y Asaja Andalucía, y las del Consejo Participación del Espacio Natural de Doñana, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la Comunidad de Regantes Condado de Huelva y la Asociación de Agricultores Puerta de Doñana.

Para la sesión de tarde, a partir de las 16,00 horas, están citadas la Asociación onubense de productores y exportadores de fresa (Freshuelva), la Asociación de Comunidades de Regantes de Huelva (Corehu) , la Diputación Provincial de Huelva, el agricultor Francisco Palomo Betanzos, la Comunidad de Regantes El Fresno, los sindicatos UGT-A y CCOO-A, la Asociación para la defensa de la naturaleza (WWF Adena) y la ya mencionada vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.

La semana pasada, el PSOE de Huelva criticó el «uso torticero» que, a su juicio, se hacía de esta comisión para el debate de la referida proposición de ley sobre la modificación del Plan de la Corona Norte de Doñana y «la forma de actuar de la derecha citando a esta comisión a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y dejando fuera a los delegados territoriales de Agricultura y Medio Ambiente» de la Junta en la provincia de Huelva, Álvaro Burgos y José Enrique Borrallo, respectivamente.

En una nota, la vicesecretaria general del PSOE de Huelva, Azucena León; el secretario de Agricultura y Ganadería de la Ejecutiva Provincial, Juan Antonio García; y la secretaria general del PSOE de Almonte, Macarena Robles, manifestaron que se trata de «un intento de arrinconar al Gobierno central y no implicar a los representantes de la Junta en Huelva, algo totalmente reprobable y que deja muy claro el manoseo de la derecha, haciendo un uso partidista, para sacar adelante esta proposición».

El martes 29 de marzo, día de la citación de Teresa Ribera, coincide con la jornada en la que está previsto que el Consejo de Ministros apruebe el Plan Nacional para responder al impacto económico y social de la invasión de Ucrania, según anunció hace dos semanas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva reunirá en los próximos días a sus agricultores en asamblea para convocar una «gran manifestación» a favor de «las soluciones a las fincas históricas del Condado» , es decir, a la proposición de ley (PDL) que debatirá el Parlamento de Andalucía en los próximos meses la modificación de la Corona Norte «para recuperar 800 hectáreas históricas en cinco pueblos «, según han indicado en una nota de prensa.

Se trata, según ha explicado el presidente de la Plataforma, Romualdo Macías, «de reclamar que se diga la verdad y no se usen mentiras para echar por tierra el trabajo del sector de los frutos rojos, que genera uno de cada dos empleos en la agricultura en Huelva».

La manifestación, de la que aún están por cerrarse los detalles, reunirá a agricultores, trabajadores, proveedores, distribuidores y vecinos de los cinco pueblos del Condado, «porque todos vivimos de la agricultura y estamos hartos de las mentiras», ha subrayado Macías. La Plataforma espera reunir unas 15.000 personas, «a las que se sumarán vehículos agrícolas, tractores, etcétera».

En este sentido, Macías ha aseverado que «existe una campaña de desinformación por parte de colectivos que no están de acuerdo con la PDL que trata de tumbarla a toda costa, y no importa si se lleva por delante el trabajo de miles de familias en el Condado , todo a base de mentiras«.

«Por ejemplo, no se trata de colocar 2.000 hectáreas nuevas sino 800 hectáreas que con la aprobación del plan especial y su retroactividad a 2004 perdieron su calificación de regadío», ha añadido el presidente.

Por otro lado, ha asegurado, «no tendrán derecho a agua hasta que no llegue el agua superficial, por medio del trasvase, por lo que no se dañará el entorno». Y, ha apuntado, «lo más importante es que garantiza el trabajo de miles de personas en estos cinco pueblos, unos municipios que viven exclusivamente de la agricultura de frutos rojos, directa o indirectamente».

«Volvemos a solicitar diálogo. No tenemos ningún problema en explicar qué es la PDL, qué incluye o cómo trabajamos a cualquier colectivo que nos lo pida, pero pedimos respeto, que no se eche por tierra el trabajo de varias generaciones y muchos profesionales en este sector», ha concluido Romualdo Macías.

El diputado andaluz de Vox por Huelva, Rafael Segovia, ha asegurado este viernes que «corresponde al PSOE garantizar a Europa la llegada del agua superficial a Doñana», según ha indicado la formación en una nota de prensa.

Asimismo, se ha referido a la carta recibida esta semana en la Junta de Andalucía, la cual, ha subrayado está «escrita por WWF, según dice dicha asociación, en nombre de 23 cadenas alimentarias europeas « y que »amenaza tanto a la Administración autonómica como a los agricultores de la provincia onubense con dejar de comprar fresas si sigue adelante la Ley de Ordenación del Territorio de la Corona Forestal de Doñana«.

«Nos sorprende el poder de una asociación ecologista, que es capaz de movilizar a 23 cadenas alimentarias, así como el poder que se atribuyen las multinacionales, atreviéndose a amenazar a un Parlamento elegido democráticamente y en el que representamos a toda Andalucía sin ni siquiera informarse», ha aseverado.

Segovia ha dicho que «este boicot europeo promovido por los ecologistas» se basa en «una falacia», ya que «viene a decir que el incremento de las tierras denominadas de regadío va a terminar con el agua, con el equilibrio hídrico de Doñana y hasta puede destruir el parque».

Por contra, ha manifestado que Vox ha aportado la solución: «Bastaría con que el Gobierno de España cumpliera con la obligación de ejecutar la Ley del Trasvase de diciembre del 2018 y llevar así agua superficial a la Corona Norte de Doñana«, ha apuntado.

La situación que se crea, a su juicio, es «muy problemática para la agricultura», así como ha afirmado que «la solución la tiene el Gobierno de España», que, ha apuntado, «es el único que puede garantizar que va a cumplir con la ley, que va a llevar agua superficial a la zona y que, de esta manera, no habrá peligro sobre el acuífero de Doñana».

En este sentido, ha incidido en que ahora mismo «la pelota está en el Gobierno de España, del PSOE y de Podemos». «Ya sabemos que Podemos no es partidario del trasvase y el PSOE tendrá que imponer su criterio y dejar claro a nivel provincial, autonómico y estatal si está a favor de la agricultura de Huelva o si está en contra», ha concluido.

La Comisión Europea continúa «muy preocupada» por el impacto que pueda tener en el humedal del Parque Natural de Doñana la determinación de la Junta de Andalucía de seguir adelante con la ampliación de regadíos en la zona a pesar de la sentencia en contra del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por lo que sigue esperando explicaciones de parte de las autoridades y se mantiene dispuesta a tomar medidas legales.

Así lo ha indicado el comisario de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, en una respuesta parlamentaria a varios eurodiputados del PSOE que pidieron a Bruselas su opinión sobre la iniciativa de PP, Ciudadanos y Vox en Andalucía para regularizar 1.400 hectáreas de regadíos ilegales en Doñana.

Ya el pasado febrero, el Ejecutivo comunitario informó en una carta formal al Gobierno español de sus dudas respecto a que se estuvieran tomando las «medidas necesarias» para cumplir la sentencia europea, consideró «desconcertante» el nuevo proyecto andaluz para ampliar los regadíos y advirtió de que ello «agravarían la situación y pondrían en grave riesgo».

Casi un mes y medio después de ese primer aviso, el comisario explica ahora a los eurodiputados que aún espera «aclaraciones de las autoridades españolas sobre esta propuesta» y que ha advertido al Estado miembro de que Bruselas está dispuesta «a utilizar todos los medios a su disposición como guardiana de los Tratados para garantizar la plena ejecución de la sentencia», en referencia a la posibilidad de devolver el caso a la Justicia europea para solicitar una multa por el incumplimiento.