Otro juez quita labores de funcionarios a los laborales de una agencia de la Junta de Andalucía

De esta manera, la magistrada al frente de dicho juzgado estima de forma parcial una denuncia del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) por el que pedían que el personal laboral -al que tachan de «enchufado»- de las Oficinas Comarcales Agrarias (Ocas) de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera (Agapa) deje de realizar tareas que son propias de los funcionarios públicos andaluces.

Según explica la sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, dichas oficinas se regían por un protocolo dictado por el viceconsejero de Agricultura cuando el PSOE aún estaba al frente de la Junta de Andalucía. Sin embargo, argumenta la juez, dicha normativa no se ajustaba a derecho, puesto que el protocolo que dictaba las tareas de los trabajadores de las Ocas «excede con mucho de lo que es una directriz de actuación porque supone la asignación al personal laboral de tareas concretas, lo que sería propio de una relación de puestos de trabajo».

Este protocolo de la Consejería para organizar el trabajo del personal laboral de la Agapa «supone de facto una alteración de la relación de puestos de trabajo de la agencia al atribuir al personal laboral de la Agencia funciones no previstas para desarrollar por el personal laboral». Por ello, la juez «estima la nulidad radical solicitada» por falta de competencia del viceconsejero».

Añade la magistrada que las tareas encargadas a los «enchufados», como los llama SAF, son potestad de funcionarios, como también les reserva « la participación directa e indirecta en la salvaguarda de los intereses generales de las administraciones públicas». Según la ley, sigue argumentando la sentencia, el personal labora solo puede hacer tareas de «vigilancia, custodia, porteo y otros análogos» o puestos como «mantenimiento, conservación de edificios, comunicación social» y otros similares.

Así, indica la juez, las tareas que se le habían encomendado a los trabajadores labores de esta agencia «no se adecuan» a lo descrito por la norma y, por lo tanto, resuelve la nulidad del protocolo en cuestión. El fallo, contra el que cabe recurso , no estima la pretensión del SAF de que la Junta saque a oposición todas las plazas de laborales de la Agapa ni, tampoco, que se decrete la nulidad de las actuaciones de los trabajadores laborales de dicha agencia mientras «usurpaban» tareas de funcionarios .

Para SAF, esta sentencia «deja en evidencia a la administración paralela» de la Junta de Andalucía una vez más «y por ende a su personal» . Tras esta sentencia, el sindicato «exigirá que en las Oficinas Comarcales Agrarias se dejen de asignar potestades públicas al personal no funcionario». Advierten desde SAF, que, de no ser así, «acudirá a los tribunales por una presunta desobediencia a una sentencia judicial».

No es la primera vez que la Justicia se pronuncia sobre este particular. Ya en abril de este mismo año se conoció una sentencia, que, en la línea de la que se acaba de dictar, ordenaba a los laborales del Servicio Andaluz de Salud que dejasen de ejercer tareas propias de los funcionarios.

Por su parte, desde la Consejería de Agricultura, de la que depende la agencia Agapa, indico ayer que la sentencia no les coge «de imprevisto». «No supone una sorpresa conociendo la forma de proceder del Gobierno anterior , y basta que repasar el histórico administrativo con ejemplos como los ERE o la Faffe», señalan.

Entienden que esta resolución judicial solo «no anula los procedimientos anteriores realizados por el personal actual» sino que «refleja que el cauce administrativo no fue el correcto ».

Por último, desde Agricultura indican que su objetivo es «dar más protagonismo a los funcionarios» en la agencia. Al hilo de esto, y como refleja el Presupuesto de Andalucía para 2020 , la agencia Agapa tiene asignado una partida de 1,95 millones de euros que se usarán en la contratación de funcionarios para dotar de personal a la agencia y reducir el número de trabajadores laborales, según fuentes de la Junta.