Un juez ordena que «enchufados» del Servicio Andaluz de Empleo dejen de tramitar ayudas

Así lo recoge una sentencia del pasado 28 de marzo a la que ha tenido acceso ABC y en la que la juez explica que estos trabajadores, que no entraron por oposición en la administración andaluza, habría estado actuando sin cobertura jurídica. De esta forma la magistrada estima parcialmente la denuncia presentada por el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF).

Los trabajadores a los que hace referencia la sentencia son los que ejercían sus funciones en organismos de la llamada «administración paralela» de la Junta de Andalucía y que se integraron en el SAE tras la extinción de la Faffe , fundación sobre la que además se ha investigado la contratación como altos cargos de alcaldes, concejales o familiares de dirigentes del PSOE en Andalucía.

Así, desde el SAE, departamento dependiente de la Consejería de Empleo , los funcionarios ya habían denunciado en numerosas ocasiones que el personal que entró «a dedo» en la Junta estaba realizando tareas reservadas a los empleados que habían pasado unas oposiciones y, que, incluso, usaban claves de funcionarios para acceder al sistema informático que gestionaba las ayudas en cuestión.

Según la sentencia, este personal laboral «tiene encomendadas funciones que se solapan con las funciones que se le encomiendan a órganos existentes». Además, la juez indica que estos trabajadores «vienen a realizar una valoración del cumplimiento de la subvención» , una tarea que es potestad exclusiva de los funcionarios.

Otro de los puntos más llamativos de la sentencia sobre las unidades donde habían quedado integrados los trabajadores de la Faffe y los Utedlt en el SAE es la proporción de laborales con respecto a los funcionarios. Así, la sentencia pone de manifiesto «que dichas estructuras cuentan con más de 500 laborales adscritos a la agencia y solo cuenta son 14 funcionarios». Esta circunstancia, sigue el escrito de la juez, « hace que no solo pueda estimarse que se ha venido produciendo una desfuncionalización del servicio de orientación y gestión del SAE, sino que la función pública integrada por funcionarios ha venido mermando sus cometidos».

Es decir, la magistrada explica que no solo los laborales estaban realizando labores que no les correspondían sino que, además, la administración andaluza había ido arrinconando y mermando a los funcionarios para dejar en manos de los trabajadores que no entraron por oposición las labores de orientación laboral en Andalucía.

Según denuncian desde el sindicato, la sentencia viene a probar que «se está manteniendo un persona l que está solapando y desfuncionarizando la función pública andaluza », lo que «tendrá que solucionar el nuevo Gobierno “del cambio” lo antes posible y con los procedimientos que están legalmente establecidos en el Estatuto de los Trabajadores».

En la sentencia -contra la que cabe recurso-, la juez deja claro que este personal no puede llevar a cabo ciertas tareas como son «dación de fe pública y gestión de registros administrativos , asesoramiento legal preceptivo, control y fiscalización interna de la gestión económica financiera y presupuestaria, de evaluación, control, autorizatorias, de vigilancia e inspección , propuestas de resolución etc, de naturaleza indudablemente administrativa».

Desde el sindicato que representa a los trabajadores Utedef (Unión de Trabajadores por el Empleo, el Desarrollo y la Formación) rechazan el término «enchufados», que es como les califican los sindicatos más beligerantes y aseguran que dentro del colectivo de empleados del SAE afectados por esta sentencia hay varios colectivos distintos «y muchos de ellos han entrado en la administración con procesos que siguen los principios de igualdad, mérito y capacidad ». Fuentes del sindicato añaden que algunos de ellos participaron en un concurso-oposición para entrar en la administración.

Asimismo, indican estas fuentes, tendrá que ser la Junta la que recurra el fallo, puesto que ellos no están personados en la causa porque la administración no les comunicó el inicio de este proceso judicial. « La sentencia reconoce que la Junta creó las unidades administrativas de forma irregular », indican desde Utedef, pero niegan que se les impute tareas propias de funcionarios. «Los trabajadores orientan a parados, pero no tramitan ayudas», explican.