La Fiscalía se desespera por la «demora» de la juez Núñez en la instrucción del caso ERE

En un auto del 8 de marzo pasado, la Sección Séptima de la Audiencia obliga a la juez a adoptar diligencias en una pieza desgajada del caso ERE relativa a las ayudas a Pacsa Sanders y citar a los investigados « a los efectos de interrumpir los plazos de prescripción ». La persecución del delito decae a los diez o quince años dependiendo del delito y de la cuantía, pero el reloj no se para hasta que se cita a los investigados por alguna de las ayudas.

En enero se cumplieron ocho años desde que la juez Mercedes Alaya decretó la apertura de las diligencias previas 174/2011, conocidas como caso ERE. En junio de 2015, con el relevo en el juzgado, Núñez troceó la macrocausa en piezas, en contra del criterio de su antecesora, con la pretensión de imprimir más rapidez a su investigación y enjuiciamiento. Pero la Fiscalía considera que se están dando pasos justamente en la dirección contraria.

Sus diferencias han ido en aumento a medida que crecían los autos de archivo de piezas desgajadas de la causa matriz —la misma que Núñez no ve prematuro cerrar—, así como el número de ex altos cargos socialistas excluidos , entre ellos el principal imputado, el exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero.

La magistrada alega que la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla dictaminó que los ex altos cargos acusados afronten solo un juicio por el sistema de ayudas —el procedimento que ha sentado en el banquillo a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán — en vez de decenas de procesos, uno por cada ayuda que concedió la Consejería de Empleo. A esta discrepancia se une la sucesión de diligencias y citaciones que solicitan los fiscales y las acusaciones ejercidas por el PP y la Junta de Andalucía que son ignoradas por la juez a veces sin contestarlas ni motivarlas.

Las fricciones han ido in crescendo y cada vez son más notorias en sus escritos. El pasado 7 de marzo, los fiscales María Nazaret Salguero y Manuel Fernández Guerra presentaron un recurso de reforma contra el sobreseimiento provisional de una investigación centrada en las ayudas irregulares concedidas con cargo al fondo de los ERE a Altadis.

En el año 2007, la Consejería de Empleo subvencionó con 30 millones de euros la prejubilación de 174 empleados de la fábrica de cigarrillos de Sevilla. El 4 de marzo, la juez archivó de forma temporal las causas sobre el ERE de Altadis, pero también las de los ERE del Grupo Joly, Industria Naval de Cádiz, Fábrica de Muebles, Grupo Smurfit y Papacor, a la espera de recibir los atestados que sobre estas ayudas está elaborando la Guardia Civil.

En su recurso de reforma, Anticorrupción pide anular el auto de Altadis. «Esta Fiscalía no llega a comprender» cómo la juez fía el desarrollo de esta instrucción a «la necesaria existencia de un previo atestado que se elabore cuando la propia magistrada ha fundamentado su archivo en otras piezas separadas como Fundaciones Caetano, en unos supuestos errores» de los informes policiales , expuso.

En sendos recursos, la Fiscalía y la letrada del PP Lourdes Fuster se muestran en contra de otro archivo provisional de la pieza que analiza las ayudas dadas a Fábrica de Muebles S.L. Anticorrupción reproduce un auto de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla por el que estima su recurso y obliga a la juez a abrir diligencias en la pieza separada de Pacsa Sanders.

La sala que resuelve los recursos de los ERE argumenta que « tiene toda la razón la Fiscalía cuando considera que existiendo indicios racionales de criminal relación en relación con esos hechos concretos debieron incoarse diligencias previas», con el fin de parar el reloj de las prescripciones.

En su recurso, la letrada del PP Lourdes Fuster calificó de «absolutamente incongruente e incompatible» el archivo provisional de la citada pieza con la práctica de nuevas diligencias de investigación, como son los informes de la Guardia Civil, en una causa archivada,