María Jesús Montero sigue sin dar a Andalucía los 4.000 millones que pedía a Rajoy

En febrero de 2018, la entonces consejera de Hacienda de la Junta, María Jesús Montero, reclamó al otrora presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, 4.000 millones de euros de recursos adicionales para Andalucía con el objetivo de cubrir las competencias transferidas . Exigía entonces que ese dinero extra del Estado procediera del aumento de la transferencia del IVA y de los impuestos especiales, que pedía elevar al 75% de lo recaudado.

En el verano de 2018 Montero se convirtió en ministra de Hacienda y a pesar de ello no transfirió esos 4.000 millones de euros que reclamaba para Andalucía. Susana Díaz, presidenta entonces de la Junta, se vio en una difícil tesitura, ya que no quería ser demasiado combativa con Pedro Sánchez al reclamar los 4.000 millones de euros. En un tono menos reivindicativo que Montero, Susana Díaz dijo que esperaba que el nuevo Gobierno central tuviera «sensibilidad» para que Andalucía recibiera ese dinero para poder financiar los servicios públicos fundamentales, como la educación, la sanidad o la dependencia.

La respuesta de Pedro Sánchez fue una bofetada para Susana Díaz, ya que descartó reformar el sistema de financiación en lo que quedaba de legislatura, subrayando que negociaría mejoras económicas para cada una de las comunidades autónomas hasta la convocatoria de elecciones generales. Mucho ha llovido desde entonces, ya que hemos vivido dos elecciones generales sin que se haya remodelado el sistema de financiación y sin que hayan llegado los 4.000 millones a Andalucía.

Los desaires a Andalucía no se han quedado ahí por parte de Montero, que en octubre pasado se convirtió en la primera ministra en ser reprobada por el Parlamento andaluz por «incumplir de manera flagrante con Andalucía», ya que bloqueó 1.350 millones de euros del Estado que correspondían a la comunidad por las entregas a cuenta de la financiación autonómica y la recaudación del IVA. L a iniciativa salió adelante con los votos del Cs, PP y Vox, y fue rechazada por el PSOE.

Justo antes de las últimas elecciones generales, Pedro Sánchez prometió en un mitin en Valencia la reforma del sistema de financiación autonómica si ganaba pero, advirtió, que no sería una prioridad y que habría que esperar al menos cuatro años más.

Detrás de ese retraso está el conflicto catalán. Pedro Sánchez negocia con los partidos separatistas, como ERC, el precio de su investidura, y en el paquete no sólo se habrían incluido un mayor desarrollo del Estatut y más inversiones, sino también una nuevo sistema de financiación en 2020.

El consejo de Política fiscal y Financiera (CPFF) —constituido por la ministra de Hacienda y cada uno de los consejeros autonómicos del ramo— tendrán que decir algo al respecto, ya que uno de sus cometidos es la coordinación de la política presupuestaria de las autonomías con la del Estado, y revisa los métodos utilizados para el cálculo de los costes de los servicios transferidos a las comunidades. Si Pedro Sánchez hace demasiadas concesiones a Cataluña en materia de financiación autonómica a cambio de su investidura, habrá barones socialistas, como el de Extremadura (Guillermo Fernández Vara) o el de Aragón (Javier Lambán), que harán escuchar su voz en ese consejo a través de sus consejeros de Hacienda.