El Gobierno de Sánchez interviene a la Junta por el déficit que dejó el PSOE

La paradoja de dicha intervención es que se sustenta en el incumplimiento de los objetivos de estabilidad y de deuda pública y regla de gasto del ejercicio 2018 . Es decir, del último presupuesto gestionado por el Gobierno socialista que presidía Susana Díaz, cuyas cuentas fueron elaboradas por la consejera María Jesús Montero, ahora ministra de Hacienda en funciones.

La comunicación ministerial ha conmocionado al Gobierno andaluz, que la considera una medida «absolutamente discrecional» y de carácter político, ya que que la Ley de Estabilidad no obliga a adoptar esta decisión sobre una Comunidad como Andalucía, «que está comprometida con las reglas establecidas y que ha hecho un intenso trabajo para cumplir el déficit en 2020, encauzando una situación heredada muy preocupante», señalaron fuentes de la Consejería de Hacienda. El hecho de que la comunicación de una decisión tan drástica se haya realizado a través de una breve carta de un secretario general en vez de por vía directa del presidente en funciones Pedro Sánchez, por la ministra María Jesús Montero —que tan bien conoce el trabajo desarrollado en el último año por los mismos funcionarios que tuvo a su cargo— o por la Secretaría de Estado de Hacienda, supone, según las mismas fuentes, «un salto de todas las reglas de normalidad institucional».

El Gobierno andaluz admite que esta decisión del Ministerio de Hacienda puede acabar con la reversión de las medidas adoptadas por Andalucía en materia fiscal y podría obligar a Andalucía a realizar recortes en materias sensibles como Sanidad y Educación.

El Gobierno andaluz admite que  era requisito necesario cumplir con la regla de estabilidad (déficit) en el año en que se aprobó el plan de endeudamiento y se inició la salida progresiva a los mercados (que para 2020 prevé captar 1.930 millones de euros), pero la norma no establece de forma taxativa que si un año se incumple la cifra de déficit automáticamente queda cancelada la salida a mercados. De hecho, apuntan desde la Consejería de Hacienda, no se ha recibido comunicación alguna del Tesoro en ese sentido (solo la carta del Secretario General de Financiación a la que se hace referencia) y en reuniones tanto con el Tesoro como con la propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) se ha indicado que desde un punto de vista técnico no es razonable para ninguna Comunidad con un plan de salida progresiva que dicha hoja de ruta se vea truncada por un incumplimiento puntual. Tanto las Agencias de Rating como el sector financiero han confiado en la Junta de Andalucía, «hay apetito por las emisiones de la Comunidad Autónoma e incluso diversos grupos de analistas han animado al Gobierno a aumentar el volumen de emisiones para aprovechar la coyuntura de bajos tipos, el exceso de liquidez y la imagen de rigor y seriedad que transmite actualmente Andalucía», añaden desde la Junta. En este tiempo tampoco alguna agencia de Rating ha bajado la calificación de Andalucía sino que, al contrario, en las revisiones está con perspectiva positiva. «Una decisión de este calibre no solo perjudica a Andalucía, sino al rating de España como emisor , lo cual es un problema añadido al clima de inseguridad que genera un Gobierno en funciones desde el pasado mes de abril», concluye en su valoración la Junta de Andalucía.  

El hecho de que la excusa para la intervención de la financiación de la comunidad sea el incumplimiento del objetivo de estabilidad, deuda pública y regla de gasto del último presupuesto socialista que elaboró María Jesús Montero, la actual ministra de Hacienda en funciones, encrespa más al Gobierno andaluz que insiste en que desde que tomó posesión el pasado enero situó como uno de sus grandes desafíos normalizar la grave situación presupuestaria de la Junta de Andalucía heredada precisamente de la gestión de María Jesús Montero, pues el anterior Ejecutivo del PSOE no había aprobado Presupuestos para 2019 como habría sido su obligación. Por ello, la legislatura comenzó con los Presupuestos prorrogados de 2018, que han sido los únicos de entre todas las Comunidades de España que incumplen el objetivo de déficit, el objetivo de deuda y la regla de gasto.

El Gobierno de PP y Ciudadanos ha aprobado en estos diez meses una prórroga y dos presupuestos para revertir esa situación heredada y cumplir lo que establece la Ley de Estabilidad, equilibrar las cuentas de la comunidad y alcanzar el déficit cero en 2020, con los presupuestos del próximo año aprobados el pasado jueves en el Parlamento que son las primeras cuentas que se aprueban en España.

Para alcanzar este presupuesto que ahora el Gobierno de España pone en cuestión, hubo de realizarse un esfuerzo en 2019 por encauzar y equilibrar la situación financiera de la Comunidad, a pesar de la herencia recibida de unas cuentas que incumplen los tres objetivos que marca la Ley de Estabilidad Presupuestaria. En la Consejería de Hacienda recuerdan que este no es el único revés que ha recibido Andalucía por el Gobierno mientras se trabajaba en enderezar el rumbo económico de la comunidad.

El Ministerio de Hacienda ya se dedicó a generar incertidumbre sobre las cifras de la planificación presupuestaria de Andalucía al retrasar los pagos legalmente establecidos hasta verse forzada a acometerlos por imperativo legal (como ocurrió con la actualización de las entregas a cuenta). También en el Ministerio de Hacienda se han modificado los planes comunicados públicamente desde 2018, como ocurrió la reciente decisión de no transferir las cantidades correspondientes a un mes del IVA del ejercicio 2017, hecho que ha sido resaltado por la AIReF como el impedimento para que Andalucía (junto a otras Comunidades Autónomas) pueda cumplir con los compromisos de estabilidad presupuestaria que refleja su presupuesto.

La sensación en San Telmo, sede del Gobierno andaluz, es que el Gobierno de Pedro Sánchez intenta bloquear por todos los medios la gestión política del Gobierno de PP y Cs en Andalucía mientras el presidente negocia a la desesperada con los independentistas y Podemos la formación de un nuevo Ejecutivo.

La trascendencia que tendrá la intervención financiera a Andalucía se desconoce. En San Telmo no ocultan la incertidumbre en la que sume a la Comunidad Autónoma para 2020. «Al intervenir Andalucía en base al Presupuesto de 2018, el Gobierno de Pedro Sánchez bloquea el exitoso proceso de salida al mercado financiero que se ha consolidado en 2019 y tenía previsto continuar en 2020 desbaratando un trabajo de muchos meses por parte de los funcionarios y los empleados públicos de Hacienda», argumentan en la Junta. Si no se revierte políticamente la situación, la comunidad se verá abocada a redactar un nuevo plan económico que obligará a reformular las políticas de rebaja fiscal que en enero inicio el equipo que comanda el consejero Juan Bravo.