¿Qué supone para Andalucía que el Gobierno de Sánchez intervenga sus cuentas?

La normativa no permite acogerse al compartimento de Facilidad Financiera a las comunidades que incumplan el objetivo de estabilidad presupuestaria, de deuda pública o de la regla de gasto. En el caso de Andalucía, la comunidad incumplió esos objetivos en el último trimestre de 2018.

¿Qué ocurre cuando una autonomía incumple esos objetivos? A partir de ahora, la Junta tendrá que conformarse con el FLA, pero cumplimiendo ciertos requisitos. El artículo 20 de esa ley recoge que a partir de entonces « todas las operaciones de endeudamiento de la comunidad autónoma incumplidora precisarán de la autorización del Estado en tanto persista el citado incumplimiento». Esta autorización será exigible mientras no cumpla esos objetivos.

Así, todas las operaciones de endeudamiento a largo plazo necesitarían luz verde del Estado. Tras la crisis,económica Andalucía volvió en 2018 a los mercados financieros cuando Susana Díaz captó 600 millones. Por su parte, Juanma Moreno emitió con éxito deuda pública este año por valor de 1.320 millones a través de emisiones y créditos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y entidades bancarias.

Además, con las cuentas intervenidas, el Gobierno de Juanma Moreno necesitará del informe favorable de María Jesús Montero para la concesión de subvenciones o la suscripción de convenios entre el Gobierno y la Junta.

Otra de las limitaciones se refieren al incumplimiento del período de pago a proveedores por parte de la Junta. S i es superior a los 30 días durante dos meses consecutivos , la ministra de Hacienda tendrá que dar el visto bueno a cualquier modificación presupuestaria que conlleve un aumento neto del gasto no financiero de la Administración andaluza. En la práctica eso supondrá que el consejero de Hacienda de Andalucía, Juan Bravo, tendrá que hacer ajustes con cualquier subida del gasto. Si esas medidas no fueran suficientes, el Gobierno podría retener los importes de recursos de financiación para pagar directamente a los proveedores.

La Junta tendrá que formular un plan económico-financiero que permita en el año en curso y el siguiente el cumplimiento de los objetivos o de la regla de gasto, determinando cuáles son las causas del incumplimiento; las previsiones de ingresos y gastos en el caso de que hubiera cambios e las políticas fiscales y de gastos; el calendario de aplicación de las medidas incluidas; y un análisis de sensibilidad considerando escenarios económicos alternativos.

El Ministerio de Hacienda elaborará trimestralmente un informe de seguimiento de la aplicación de las medidas contenidas en los planes económico-financieros y los planes de reequilibrio, para lo cual podrá recabar cualquier información necesaria a la Junta de Andalucía. Después, Hacienda deberá remitir dicho informe al Consejo de Política Fiscal y Financiera de las comunidades autónomas para el seguimiento de dichos planes.