La Junta de Andalucía mantiene el equipo jurídico que pidió archivar el caso ERE

La rotundidad del fallo de la Audiencia de Sevilla ha puesto en cuestión la decisión adoptada en 2016, justo antes de que el caso fuera remitido por el juez Álvaro Martín a la Audiencia. Resultaba cuanto menos curioso que la administración que se consideraba perjudicada renunciara a mantenerse como acusación. El Gabinete Jurídico sostuvo entonces que existieron claras «irregularidades administrativas» pero no veía la existencia de los delitos de prevaricación y malversación para los acusados y, en línea con las tesis defendidas por la juez María Núñez, que dividió el caso, las responsabilidades penales deberían dilucidarse en cada uno de los procedimientos abiertos para cada uno de los expedientes y no en la que finalmente se conoció como «pieza política» del caso.

La letrada Victoria Gálvez, miembro del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía que presentó en octubre de 2016, junto a Ignacio Carrasco López, el informe de conclusiones provisionales por el que la Junta pidió el sobreseimiento de la pieza política asegura en conversación con ABC que hoy, conociendo el fallo de la Audiencia, mantendría la misma estrategia jurídica que entonces. En su momento, la administración hizo reserva de la acción civil, lo que le ha permitido iniciar distintos procesos de recuperación de fondos de los ERE a través del Tribunal de Cuentas y seguir haciéndolo en cada una de las causas que han de ser juzgadas a partir de ahora en relación al caso, explica Gálvez. De otra forma, según la letrada de la Junta, la reclamación de cantidades tramitadas de forma irregular se habría demorado hasta la existencia de una sentencia firme y en caso de absolución ni siquiera eso.

Actualmente hay en torno a 180 expedientes abiertos para el reintegro de ayudas directas a empresas —no las sociolaborales, que no se han reclamado—. Hay sucesivos fallos del Tribunal de Cuentas, si bien las reclamaciones afectan a los exdirectores generales de Empleo y ninguna a los máximos ex responsables de la Consejería de Hacienda, como Griñán o Martínez Aguayo, condenados ahora por malversación.

La retirada de la acusación imposibilitó a la Fiscalía la petición de responsabilidades económicas a los ahora condenados. De haberlo hecho, la sentencia podría haber fijado las mismas a cada uno de los políticos y ex altos cargos condenados.

Igualmente niega la letrada que hubiera indicaciones políticas para que se desistiera de la acusación. Aun cuando la iniciativa de iniciar un procedimiento pena l sí es potestad del Gobierno de la Junta, durante la tramitación del mismo el letrado director del pleito no tiene que someter a criterio continuar o desistir en la causa.

Victoria Gálvez no participa en el equipo que está elaborando el informe para la petición de responsabilidades económicas tras la sentencia de la Audiencia, pero considera que aquella petición del sobreseimiento en la pieza política no es incompatible con la recuperación de los fondos malversados insistiendo en que debe realizarse ahora en cada una de las piezas que se juzguen, donde no estarán los encausados en la pieza política.

Fuentes del Gobierno andaluz señalaron a ABC que están a la espera del informe del Gabinete Jurídico para adoptar una posición oficial en cuanto a la petición de responsabilidades económicas a los condenados. En todo caso, consideran difícil que puedan reclamarse ahora tras ser juzgada la causa , igual que dudan del reintegro de gran parte de los 680 millones que, según la sentencia, fueron otorgados de forma irregular.

Las mismas fuentes señalaron a ABC que en este momento no se contemplan relevos en el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía. La prioridad –añaden– es recuperar el dinero de los ERE y resolver la maraña judicial de pleitos pasados de la Junta que ha obligado al nuevo Gobierno a pagar 800 millones en multas.