Víctimas de la zona cero del ERE critican por leve la sentencia

Antonio pertenecía al comité de empresa de la cárnica más importante de Andalucía. Batalló durante años para conseguir mejoras para la extensa plantilla, compuesta por 1.200 trabajadores. Lo hizo codo a codo con dirigentes sindicales que, según supo después, estaban implicados en el caso de los ERE al propiciar que familiares ajenos a la empresa figuraran como empleados. «Se me cayó el mundo encima», admite. «Yo había estado, luchado con ellos, pero ellos iban a lo suyo».

La sentencia dictada por la Audiencia de Sevilla contra los acusados del caso ERE le parece escasa a este extrabajador por el daño producido al tejido industrial de Jaén y, fundamentalmente, a la plantilla. Expone al respecto la penalidad del centenar y medio de empleados que acampó durante un año ante la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía para exigir soluciones a la Administración responsable del declive de una empresa que en manos privadas fue un modelo de prosperidad.

En los buenos tiempos, los setenta y los ochenta, Hijos de Andrés Molina ganaba mucho dinero y generaba mucho empleo. Lo recuerda Sito Ureña, que trabajaba en el área de administración de esta empresa que vendía sus productos a la práctica totalidad de las regiones y tenía el 5 % de la cuota de mercado cárnico español. Ureña, que dejó la cárnica antes del fraude, se barruntó, sin embargo, que el tejemaneje de la Junta y los sindicatos acabaría con la empresa hecha unos zorros y con los políticos, sindicalistas y conseguidores ante los tribunales.

«Esto se veía venir tras comprar la empresa la Junta de Andalucía», asegura Ureña, que pone en solfa la gestión de la Administración autonómica en empresas del ámbito privado, como Molina. La transacción, que costó únicamente un euro, tuvo lugar en 1995. Apenas 4 años después se produce el ERE primigenio, del que escapó Antonio, que aceptó el despido con los parámetros que marcaba entonces la normativa laboral: 45 días por año trabajado. «Me fui sin engañar a nadie, sin cometer ninguna irregularidad y me hice autónomo».

La vida laboral de Antonio no mejoró respecto a su etapa en la fábrica de productos cárnicos, donde tenía «un buen trabajo y un buen sueldo», pero sobrevivió con menos apuros que Óscar (nombre figurado), que tenía medio siglo, una hipoteca y cuitas familiares cuando se quedó en la calle. Habría salido mejor parado de haber aceptado la oferta para que se prejubilara que le hicieron una semana antes dos directivos de la empresa: «Les pedí un par de días para pensarlo. Y mientras lo pensaba, saltó todo por los aires».

El escándalo le privó de la prejubilación pactada. Óscar, que se quedó casi sin nada, arrastra desde entonces una pena vieja, acrecentada por la sentencia. «No me quedan buenos recuerdos de aquella época porque me sentí engañado por toda esa gente». Parte de la gente a la que se refiere ha sido condenada a varios años de prisión. Lego en Derecho, descarta analizar el fallo desde el punto de vista jurídico, pero, al igual que Antonio, echa en falta la restitución del dinero defraudado: «Esos millones, ¿no vamos a recuperarlos los andaluces?».

Óscar lamenta que el dinero, en lugar de pagar intrusos, no haya servido para atender las necesidades de los centenares de trabajadores de la empresa que se quedaron prácticamente sin nada cuando la Junta de Andalucía les dio la espalda por tercera vez. La primera fue cuando vendió la empresa a Campofrío, que aligeró la carga laboral, y la segunda cuando, según expone, el Gobierno autonómico les engañó al asegurarles que dos empresas, Proasergo y Dhul, les contratarían cuando abrieran franquicias en Jaén.

De que lo hicieran se encargaría la propia Administración regional. De hecho, el muñidor de la operación fue el entonces consejero de Presidencia y hombre fuerte del PSOE de Jaén, Gaspar Zarrías , quien estuvo presente, junto a otros numerosos dirigentes socialistas institucional y orgánicos, en el inicio de la construcción de la planta de comida preparada de Nueva Rumasa.

La empresa de la familia Ruiz Mateos consiguió más de 4 millones de euros públicos de subvenciones a cambio de su compromiso con el empleo, pero el impago a la constructora motivó la paralización de la fábrica y, en consecuencia, los extrabajadores, que habían sido formados durante meses para acometer su nueva tarea, no fueron contratados.

El transcurso de los años no ha disipado el agrio recuerdo que los empleados que no se acogieron al ERE tienen de una época que consideran nefasta porque la gestión política frustró sus expectativas laborales. Al respecto, Antonio cree que sin la intervención de la Junta de Andalucía la empresa aún seguiría en activo y él se habría jubilado como jefe de su departamento. Y esto porque los gestores privados habían demostrado su capacidad para convertir a Hijos de Andrés Molina en una empresa señera de Jaén . «En aquellos tiempos entraba dinero hasta por debajo de las puertas. Nada que ver con lo que pasó después», rememora.

Lo que pasó después había pasado también antes. Y cerca de Jaén. En concreto, en Linares, donde cerca de 2.500 trabajadores de la factoría de automóviles Santana Motor patentaron un modelo de combate que asustó a la Junta de Andalucía . Incluía cortes de carretera, barricadas y enfrentamientos cuerpo a cuerpo con las fuerzas de seguridad del Estado. La Junta de Andalucía, responsable también de la gestión de la empresa, accedió a la petición de los empleados. Cerró la empresa, pero garantizó para gran parte de la plantilla prejubilaciones e indemnizaciones cuantiosas.

Los empleados de la cárnica intentaron imitarles, pero quintacolumnistas a buenas con el PSOE se encargaron de dinamitar el intento de radicalización. «Si hubiéramos hecho lo que hicieron los trabajadores de Santana hoy ninguno de nosotros estaría en el paro» , se lamentó años después un miembro del comité de empresa. Lo que hoy lamenta otro miembro, Óscar, es que no se ayudara a quienes no conocían otra vida mejor que la que les proporcionaba la fábrica.