El caso ERE, modelo de la «corrupción del PSOE»

El tribunal que ha juzgado la primera de las 183 piezas del caso ERE, no ha dejado lugar a dudas sobre cómo se gestó por el Gobierno de la Junta un «sistema fraudulento» para el reparto de ayudas eludiendo los controles propios de la Administración. El Gobierno andaluz, que entonces presidía Manuel Chaves , buscaba una forma ágil para efectuar el reparto de subvenciones eliminando los requisitos a los que obligaba el programa ordinario: tramita expedientes de concesión, documentar los motivos de la ayuda y someterla a la fiscalización previa del Interventor.

Hasta 2010, las ayudas sociolaborales, como demuestra la sentencia, terminaron financiando todo tipo de compromisos políticos y por extensión a compra r la «paz social» en la comunidad. El sistema permitía tener manos libres para otorgar a discreción del Gobierno andaluz dinero público, una fórmula de reparto dirigido a cumplir compromisos políticos y ganar favores electorales, porque, como declaró Gaspar Zarrías ante el magistrado de Tribunal Supremo: «La política nace del programa electoral».

El contundente fallo judicial confirma la sospecha de la juez Mercedes Alaya cuando impulsó la investigación de las distintas macrocausas. Alaya denunciaba en sus autos la presunta existencia de un modelo de «clientelismo político con independencia de lo que se hayan llevado o no personalmente», algo que vinculaba al hecho de que hasta este año Andalucía no haya conocido ningún Gobierno diferente al del PSOE.

El hegemónico PSOE en Andalucía durante 37 años era el beneficiario directo de este modelo en términos electorales. Esa era su ganancia. El argumento de que el partido es ajeno al saqueo de los 680 millones distribuidos de forma irregular no se sostiene en cuanto que el sistema ideado, según la sentencia, «enriqueció» a empresas a discreción. Muchas tenían vínculos con ese poder socialista que con el mismo sistema igual repartía dinero para financiar expedientes de regulación de empleo que muestras de artesanía de pueblos gobernados por sus siglas.

El esfuerzo del PSOE por desmarcarse de los ERE como organización es complicado, especialmente en Andalucía, donde el PSOE se esforzó para que en la opinión pública cuajara la idea de que la Junta era el partido y viceversa. El partido establecía las necesidades y la Junta repartía . Entre los beneficiarios directos de las ayudas puede establecerse hasta distintos «clanes» de militantes y cargos del partido con vínculos con los condenados, tal como ha informado ABC.

Que la sentencia no estableciera un límite en los responsables de la Consejería de Empleo para incluir a los expresidentes entre los condenados confirma que el sistema fue acordado, consentido y tratado con normalidad durante años en el seno del Consejo de Gobierno, al que pertenecieron dirigentes del partido que hoy ocupan altos cargos de la Administración, entre ellos Carmen Calvo o María Jesús Montero, que aunque responsable de la cartera de Salud pertenecía a la comisión de control presupuestario del Ejecutivo de Manuel Chaves.

El método se repite en lo sustancial en otros casos que se investigan (Invercaria, Avales de Idea, Facturas falsas de UGT, Marismas, Delphi, o Faffe). Juntos suman algo menos de 5.000 millones de euros distribuidos presuntamente de forma irregular . Era la garantía para asegurar la «paz social» y la «red clientelar» en una Comunidad que no avanzaba en los objetivos de convergencia con Europa. Una situación que se mantiene y que puede considerarse una herencia del «sistema fraudulento» que han confirmado ahora los jueces del caso ERE.

La investigación de la corrupción y las modificaciones que tuvieron que hacerse en el sistema una vez desvelado el fraude tuvieron una repercusión política evidente: el PSOE perdió por primera vez las elecciones andaluzas en 2012, aunque gobernó gracias a un pacto con Izquierda Unida. Y ya no volvió a conseguir las mayorías absolutas de los tiempos de Manuel Chaves.

Hoy, y para siempre, queda la duda de qué trascendencia habría tenido para la política española el conocimiento del fallo judicial antes de las elecciones generales del 10 de noviembre.

Que la sentencia tendrá consecuencias en el PSOE es evidente. El partido tiene que afrontar una renovación en Andalucía. Susana Díaz es reconocida como heredera del «régimen» político que se cimentó en ese «sistema fraudulento», y su indisimulado protagonismo en la operación para frenar desde la Junta el proceso ju dicial le restan toda la credibilidad. Hay ejemplos evidentes, como que la Junta no se sentó en la bancada de la acusación en el juicio, y otros sutiles como las presiones a la juez instructora y los obstáculos a los investigadores, reiteradamente advertidos por la Guardia Civil.

Díaz, tras su fracaso en las primarias socialistas y perder el gobierno de la Junta se enfrenta a su tercera derrota más dolorosa, no haber evitado que el caso ERE llegara a este punto. Es su peor momento . Su intento por marcar una barrera con el pasado es infructuoso. Ha negado tantas veces que hubiera corrupción en la Junta que la sentencia le condena políticamente. Su último recurso es ahora vincular su futuro al de Pedro Sánchez, algo que deteriora aún más su credibilidad. Quedan muchos casos por juzgar en Andalucía en la que afloran daños colaterales de esa corrupción que, como la Gürtel se vinculó al PP, se relaciona en general al PSOE, y el PSOE en Andalucía hasta ahora ha sido Susana Díaz.

De los años que juzga el caso ERE queda todavía una herencia envenenada en la estructura de una administración marcada por aquel sistema que se apoyó en el desarrollo exponencial de entes paralelos, fundaciones y agencias en las que se detectaron reiterados ejemplos de «enchufismo».

En la actualidad trabajan en esta red de entes instrumentales 25.930 trabajadores con un presupuesto para personal de 1.117 millones de euros. El nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía de PP y Ciudadanos ha aprobado la contratación de varias auditorías para evaluar el funcionamiento de estos entes y proceder a una reforma, acordada con Vox, en 2020. En San Telmo, sede de la Junta que preside Juanma Moreno, temen que sea la espoleta para que los sindicatos rompan la actual paz social. Una oportunidad que no desaprovechará el PSOE.