El «gobierno del cambio» reduce las ‘facturas en el cajón’ y ayudas sin justificar que dejó el PSOE

La mayoría de abonos realizados sin justificar corresponde a subvenciones a empresas y entidades que están fuera de plazo. En un año, entre 2018 y 2019, la Junta de Andalucía ha rebajado en 292 millones de euros (un 23 por ciento) el importe acumulado de los pagos que han sobrepasado el plazo legal para que los beneficiarios acrediten la correcta utilización de los fondos públicos. De los 1.278,33 millones que a 31 de diciembre de 2018 recogía la cuenta general de la Junta de Andalucía, se ha pasado a 986 millones al cierre de 2019.

De esta cuantía, 974,67 millones corresponden a pagos realizados por anteriores gobiernos y que aún están sin certificar, según los datos de la cuenta general que ha podido constatar ABC. Sólo 11,33 millones proceden del ejercicio de 2019 frente a los 100,65 millones contabilizados durante el ejercicio anterior. Este último montante se ha recortado un 88,74 por ciento en un solo año. En esta cuenta están excluidas las agencias, fundaciones y empresas que componen la llamada «administración paralela».

La mayoría de los libramientos pendientes de justificar -como se les denomina en el argot contable- pertenecen a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo . La mitad (491,68 millones) corresponde a subvenciones concedidas en ejercicios anteriores para cursos de formación profesional para el empleo. En la etapa de Susana Díaz, la Junta abrió un sinfín de expedientes de reintegro ante el cúmulo de irregularidades detectadas en el uso de las ayudas. En 2019, la consejera de Empleo, Rocío Blanco (Ciudadanos), puso en marcha un plan de choque para agilizar las devoluciones.

Hace un año, la Consejería de Hacienda también aprobó un decreto ley para impulsar la justificación de los fondos y depurar los importes pendientes. Al llegar el nuevo gobierno se encontró con libramientos pendientes de justificar desde el año 1987 , que sobrepasaban con creces el plazo legal. No obstante, la bola de nieve del dinero sin acreditar empieza a engordar a partir de 2008, coincidiendo con el estallido de la crisis económica.

En sucesivos informes de fiscalización de la cuenta general, la Cámara recomienda a la Junta que agilice las comprobaciones de la documentación justificativa. En caso de no hacerlo, advierte, puede prescribir el derecho a la devolución del dinero y los expedientes de reintegro pueden caducar.

El otro indicador que mejora es el de las facturas pendientes de pago porque carecían de cobertura presupuestaria dentro del ejercicio. Entre 2018 y 2019, la cuantía ha pasado de 1.490,86 millones a 1.235,88. Son 254 millones de euros menos, según el dato de la Cámara de Cuentas a 31 de diciembre de 2019. El portavoz del Gobierno y consejero de la Presidencia, Elías Bendodo (PP), destacó ayer que se ha reducido en once meses casi un 20 por ciento, en 254,98 millones de euros el montante de las facturas respecto a las que dejó el anterior Gobierno.

«Evidentemente, nos hubiera gustado reducirlo aún más, pero en cualquier caso el informe de la Cámara de Cuentas certifica que se están haciendo las cosas mejor », advirtió Bendodo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Adelantó que el dato de 2020 será «mucho mejor, con una reducción que puede superar los 600 millones en facturas atrasadas del anterior Gobierno socialista».