La herencia del PSOE en Canal Sur: contratos opacos con productoras y personal sin funciones definidas

Este informe provisional, que el órgano fiscalizador remitió en verano a la cadena autonómica para que presentara sus alegaciones, saca conclusiones especialmente graves sobre los métodos de contratación de la RTVA , hasta el punto de emitir una opinión «desfavorable». Aunque el trabajo de campo finalizó el 6 de marzo pasado, antes del primer estado de alarma, el informe definitivo no verá la luz hasta este mes.

Su publicación va a coincidir con un momento convulso en la televisión pública. A las dificultades financieras que arrastra Canal Sur y que obligaron al Gobierno de Juanma Moreno a recurrir a su fondo de emergencia contra el Covid-19 para tapar un agujero de 11 millones que había dejado la pandemia, se ha unido el cese fulminante del director de Informativos, Álvaro Zancajo, después de que unos 600 trabajadores firmaran un decálogo pidiendo su cabeza y acusándolo de manipulación mediática .

La salida de Zancajo, objeto de una campaña de acoso y derribo del PSOE andaluz desde su nombramiento , se produjo justo una semana después del fundido a negro de la señal de Canal Sur 1 durante dos días consecutivos, debido a una huelga convocada por los sindicatos que, según el ente, secundó un tercio de la plantilla presencial.

En medio de esta atmósfera inflamable, la chispa que provocó la deflagración interna fue el anuncio de un recorte de 14 millones para la agencia audiovisual en 2021 , una condición que puso Vox al Ejecutivo del PP y Ciudadanos a cambio de apoyar sus cuentas. Las llamadas al diálogo y las promesas de mantenimiento de la plantilla por parte del director general de la RTVA, Juande Mellado, no evitaron el paro general y el apagón de la cadena por segunda vez en ocho meses.

A esta larga lista de problemas se suma ahora un informe que proyecta sombras sobre la herencia que deja el PSOE en Canal Sur , que funcionaba, a juicio de la oposición, como un altavoz de la propaganda progubernamental.

El escenario que dibuja la Cámara de Cuentas es caótico. En materia laboral, a los auditores les llama la atención que, después de 32 años de historia, la agencia empresarial « no dispone de un manual de funciones ni se ha realizado la valoración de los distintos puestos de trabajo » a medio y largo plazo para distribuir a los empleados «en función de las cargas de trabajo y la adaptación a las necesidades actuales del mercado en el que opera».

La falta de planificación, la progresiva reducción de la plantilla desde 2009 y una organización del personal «poco flexible», provocan que el reparto de tareas y de profesionales «pueda estar descompensado» en sus 14 sedes territoriales. Este descontrol le cuesta dinero a la agencia empresarial. La RTVA tuvo que pagar 16.574 horas extraordinarias durante 2018. El convenio colectivo compensa cada hora extra con dos de descanso, lo que «agrava la situación de déficit de plantilla».

El informe censura « la utilización de manera recurrente, generalizada e inadecuada de la figura de la contratación por obra y servicio, incumpliendo el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. «Del análisis realizado se ha detectado que el personal con contrato en modalidad de interino presenta antigüedad (superior a ochos años) en los puestos y, en muchas ocasiones, han ido encadenando diferentes contratos temporales planteando situaciones que, de acuerdo al marco legal vigente, han derivado en el reconocimiento de relaciones laborales de carácter indefinido no fijo », explica. Hasta 58 empleados litigan con la RTVA para que reconozca su «relación indefinida» como resultado de esta mala praxis.

Las tres emisoras de televisión y las cuatro de radio tenían una plantilla media de 1.441 trabajadores en 2018 . Los gastos de personal rondaron los 86,5 millones entre la RTVA y Canal Sur, el 62% del dinero (140,36 millones) que le inyectó la Junta para financiar su funcionamiento. La tasa de reposición es cero desde 2009 , lo que ha menguado en un 11% los costes laborales.

La auditoría recoge otras «salvedades» legales. Revela que 25 trabajadores de Andalucía Digital Multimedia (ADM) S.A., que produce el programa «Andalucía Directo» , estaban pleiteando con Canal Sur por una presunta cesión ilegal de personal. Desde 2013 hasta el pasado octubre, el máximo responsable de ADM era Ricardo Llorca, que antes había dirigido los canales temáticos de la cadena andaluza para la Televisión Digital Terrestre (2007-2008). El 23,4% del capital de ADM pertenece a Sandetel, una empresa de la Junta.

«Se encuentran pendientes de resolución dos procedimientos que afectan, el primero, a 9 trabajadores, interpuesto por la Federación Andaluza Asociación de Sordos, y el segundo a 25 trabajadores de ADM, donde reclaman la existencia de la cesión ilegal, el reconocimiento de la condición de personal laboral de carácter indefinido y el abono de las cantidades adeudadas», expone.

En la demanda planteada por los nueve intérpretes para los televidentes sordos, una condena acarrearía a la cadena una factura de 629.560 euros , según la cuantificación del riesgo que hace la Cámara atendiendo al tiempo trabajado.

A la espera del informe definitivo, desde la actual dirección general de la RTVA aseguran que han iniciado los procedimientos internos para «cambiar todo lo que haya que cambiar» y para asumir las recomendaciones del ente fiscalizador. De hecho, a finales del pasado mes de diciembre, Carmen Estero fue relevada al frente de la Dirección Corporativa. Estero era la gerente de la RTVA bajo el mando de Joaquín Durán, durante la etapa fiscalizada. Quien fuera director de Recursos Humanos en esa época, Sebastián Uribe, tampoco trabaja ya en la cadena. Se acaba de jubilar.

El coste de los directivos tampoco escapa a la severa lupa de los auditores. Revelan que el Gobierno de Susana Díaz eximió a la cadena pública de cumplir el artículo 16 de la Ley de Presupuestos de la Junta de 2018 para que 16 de sus 29 directivos cobraran «retribuciones que superan los límites generales establecidos para los altos cargos de la Junta». Los ejecutivos de la RTVA también esquivaron los recortes que afectaron al resto de empleados. Sus sueldos brutos (78.522,77 euros) superaban los 65.090,88 euros que estaba percibiendo la expresidenta.

La radiografía que refleja el órgano fiscalizador sobre la gestión anterior de la RTVA presenta más zonas oscuras en la contratación de las productoras que nutren su parrilla, algunas de ellas creadas por exdirectivos de la propia cadena, las conocidas como «pata negra». De los 275 expedientes de contratación analizados, 71 son contenidos que no han sido publicados en el Registro de Programas Audiovisuales . En 43 contratos faltaba documentación esencial sobre la adjudicación: no había ningún rastro de la «disposición y/o justificación adecuada de las actas del comité de análisis y valoración».

En los 71 contratos citados « no hay constancia de la acreditación de solvencia técnica y económica en el sector audiovisual , requisito necesario para poder presentar proyectos de programa por parte de cualquier empresario». La RTVA se saltó en este aspecto su propia instrucción del año 2010 que establece esta exigencia.

En 188 de los 192 contratos menores examinados (de hasta 15.000 euros), « no aparece motivada la necesidad de la contratación, la justificación de la adjudicación directa y, de manera concreta, la oferta y la empresa seleccionada por parte de los órganos de contratación», según la Cámara de Cuentas. En otros casos, se fracciona el contrato para evitar una licitación pública de algunos servicios.