La Cámara de Cuentas reclama una «remodelación» profunda de Canal Sur para asegurar su solvencia

La auditoría reclama una «remodelación» a todos los niveles (organizativa, económica y del modelo de financiación) de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) y su filial Canal Sur Radio y Televisión.

«La bajada de la financiación pública y de la cifra de negocios, el incremento de las pérdidas acumuladas y el descenso del patrimonio neto de la entidad en un 70% en los últimos diez años hace que resulte necesario asumir una remodelación, tanto de la estructura organizativa, como económico-financiera de la empresa, como del modelo de financiación (transferencias del Presupuesto de la CAA, préstamos o ingresos procedentes de sus actividades propias)», advierte la Cámara.

La auditoría definitiva saca a la luz un cúmulo de «incumplimientos» legales tanto en la contratación de productoras , que no ha respetado los principios de publicidad, concurrencia y transparencia, como en materia de personal, contaminada en algunos casos de la misma opacidad.

De los polvos de « la política de austeridad en el gasto» desarrollada en los últimos años , vienen los lodos actuales. Recuerda que ha habido «una tasa de reposición cero en la contratación de personal indefinido» durante la etapa final con la gestión del subdirector de la cadena, Joaquín Durán, lo que ha provocado que «el grupo RTVA presenta actualmente una plantilla en la que el 83% de trabajadores son mayores de los 46 años ». «Este hecho, unido a una estructura empresarial poco flexible, dificulta la innovación y la adaptación al entorno audiovisual actual», afirma el organismo de fiscalización externa

El organismo fiscalizador apunta que «el Contrato Programa no establece ninguna estrategia dirigida a compensar la situación de las pérdidas acumuladas ni a sanear el patrimonio neto del grupo a corto o medio plazo », al tiempo que reprocha que «los compromisos adquiridos por la Administración se limitan a la aportación anual procedente del Presupuesto de la CAA sin incluir ninguna perspectiva plurianual».

«El déficit de inversión de los últimos ejercicios , con una caída de la capacidad de inversora del 89%, ha provocado la situación de obsolescencia técnica y tecnológica en la que se encuentran los recursos de la entidad», señala el resumen del informe colgado en la web de la Cámara.

La auditoría especifica que la entidad ha recibido transferencias de financiación por un importe superior en 103.627 euros al coste neto de servicio público, así como que el coste del servicio público prestado supera en 6.924.873 euros al importe de las transferencias de financiación recibidas. «La RTVA no realiza el cálculo del coste neto tal como establece la normativa», afirma.

La Cámara de Cuentas aboga por la fusión de las actuales sociedades en un ente único, como se ha hecho en otras cadenas a nivel nacional, para mejorar su eficacia y evitar «duplicidades». «La división del grupo en dos entidades con forma jurídica diferente y, por ende, sometidas a marcos normativos distintos, lejos de aportar flexibilidad, agilidad en la gestión y adaptación a las necesidades de su actividad, puede dar lugar a duplicidad de estructuras, complejidad de los procesos de gestión y falta de coordinación y comunicación».

La RTVA es la que presenta el coste por habitante de la financiación pública más bajo después de la de Madrid (16,7 euros de presupuesto público por habitante).

En materia laboral, la Cámara de Cuentas destaca «la falta de flexibilidad de la plantilla provoca que las dotaciones de determinadas categorías profesionales en los distintos centros puedan estar descompensadas en relación con las cargas de trabajo».

En concreto, llama la atención sobre el hecho de que «la entidad no dispone de una valoración de los distintos puestos de trabajo ni de un plan estratégico del personal a medio y largo plazo que permita la distribución del personal en función de las cargas de trabajo y la adaptación de la organización a las necesidades actuales del mercado en el que opera». «El 24% de la producción propia correspondiente al ejercicio 2018 se ha llevado a cabo con recursos humanos y técnicos ajenos a la entidad», porque con sus propios medios no puede acometer esta función.

En el Área de Contratación, «la importancia de los incumplimientos» legales lleva a los auditores a emitir «una opinión desfavorable». Entre los incumplimientos, figuran aspectos como la identificación de 275 expedientes de contratación (71 contratos de producción, 12 contratos no menores, 192 contratos menores), que representan el 91,05% de los contratos analizados, donde se ha detectado hechos que pueden afectar al cumplimiento y aplicación de los principios de publicidad, concurrencia y transparencia .

La muestra analizada la conforman 71 contratos por un importe de 22.153.964,71 euros, correspondientes a nueve proveedores. Entre las incidencias más significativas en la tramitación, la Cámara de Cuentas de Andalucía apunta que no se ha dispuesto de la documentación y solicitud de la inscripción en el RPA (Registro de Programas audiovisuales) en 40 contratos, así como que en 47 expedientes de contratos de producción no se incluyen las actas del Comité de Análisis y Valoración donde se califican positivamente.

En 21 expedientes, aunque se ha dispuesto de las actas, en éstas no se justifican de manera adecuada el análisis realizado ni los criterios utilizados para calificar de forma favorable el proyecto.

Se ha detectado un desfase temporal entre la celebración de los comités y la firma de las actas del Comité de Antena , de tal forma que en 56 expedientes de contratación la firma del acta es posterior a la firma del contrato y en 41 expedientes la fecha prevista de emisión de los programas incluida en los contratos es anterior a la fecha de la firma del acta del Comité de Antena.Además, la fecha prevista de emisión de los programas es anterior a la fecha de la firma de los contratos en 4 expedientes.

En el caso de los contratos menores, la Cámara de Cuentas detecta fraccionamiento en el 60,9 % ya que se han separado prestaciones que constituyen un solo objeto del contrato y que superan los valores estimados para la contratación menor.

El informe ha contando con la opinión desfavorable de los dos consejeros nombrados a propuesta del PSOE y de uno de Podemos, porque consideran que los contratos de productoras se rigen por el derecho privado, aunque las propias instrucciones internas de la cadena obligan a cumplir los principios de publicidad, transparencia y concurrencia.

En cambio, los consejeros designados a petición de los otros grupos parlamentarios (PP, Ciudadanos y Vox) han apoyado a los auditores que han realizado el informe tras un arduo trabajo de campo. Estas profesionales sostienen que Canal Sur se saltó su propia instrucción interna que le obligaba a aplicar los principios de publicidad, transparencia y concurrencia para que los contratos a productoras no se adjudiquen de manera discrecional.