La juez Núñez tiene sin abrir causas contra treinta empresas que recibieron ayudas del caso ERE

En un auto dirigido el 21 de marzo pasado a la defensa del exdirector general de Trabajo Daniel Alberto Rivera, la propia titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla reconocía que «salvo error u omisión, aún quedan por desgajar 23 piezas» de la macrocausa original que inició Mercedes Alaya en 2011 y que su sucesora decidió trocear para agilizarla «decisivamente» . Entre las ayudas para prejubilaciones que no están siendo objeto de una investigación expresa está el ERE de Mercasevilla donde se halló el primer intruso o persona ajena a la lonja que cobraba ayudas sin haber trabajado allí. Se trataba de Antonio Garrido Santoyo, exdirigente del PSOE de Baeza.

Al ERE de Mercasevilla se suman otras investigaciones pendientes de empresas beneficiarias de fondos públicos cuyos destinatarios y ex altos cargos implicados no han sido citados como imputados. Entre las entidades que enumera la juez Núñez se encuentran Gestifesa; Inverjaén; Cervezas Alhambra; Open Minds; Sucesores José Sánchez Marcos; Tubos Reunidos; Gres Vilches y su sucesora Cerámica Syre; Pickman; Martínez Barragán; Industrias del Guadalquivir; Germans; Aceites Coosur ; Altadis; Asociación de Antiguos Empleados del Marco de Jerez y Astilleros de Huelva, cuyos expedientes forman parte del sumario de la causa troncal de los ERE desde abril de 2012.

Las subvenciones concedidas a la Asociación de Trabajadores de la Prensa de Cádiz (afectados por el ERE del Grupo Joly); Naval de Cádiz, Smurfit, y Fundosa Ultracongelados, también citadas por la instructora en su auto, están siendo analizadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. A estas se unen otras empresas sobre las que no se han practicado diligencias todavía ni citado a los investigados, hasta completar la treintena, que figuran en otra providencia realizada por la juez el pasado 14 de junio.

Las subvenciones siguieron un patrón idéntico. « Se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento establecido », según acreditan los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado en los sucesivos informes analizando cada ayuda que éstos remitieron a la juez. Además, adolecen de entre quince y veinte defectos o irregularidades comunes que se repiten en sus conclusiones.

Así, destacan que las ayudas se concedieron «con cargo a un concepto presupuestario inadecuado», las llamadas transferencias de financiación, que no se podían emplear con un fin concreto, como es pagar subvenciones a través de una agencia pública externa, IFA/IDEA. Entre otras anomalías, señala que «no se han publicado por la Junta ni existen bases reguladoras para el otorgamiento de este tipo de subvenciones », por lo que los «sistemas utilizados por la Consejería para determinar tanto la empresa elegida como los importes a financiar son totalmente discrecionales». Tampoco «consta la aplicación de los criterios de publicidad, concurrencia y objetividad legalmente establecidos».

El único juicio de esta macrocausa de corrupción que se está celebrando actualmente en la Audiencia de Sevilla se centra en determinar si fue delictivo el procedimiento específico utilizado durante una década por la Junta de Andalucía para el pago de las ayudas para prejubilaciones y a empresas en crisis. Ninguna ayuda a empresa se está enjuiciando en estos momentos. Siete años y medio después de abrirse el caso ERE , sólo se han dictado autos de apertura de juicio oral de cuatro empresas: Acyco, Surcolor y Cenforpre, así como las ayudas que dio el exdirector Francisco Javier Guerrero a su chófer y que éste declaró que había gastado en regalos y cocaína.

El plazo legalmente establecido para perseguir un delito de malversación —de diez o quince años, según la cuantía defraudada— se interrumpe en el momento que se inicia un procedimiento judicial contra el encausado. De ahí que la rapidez a la hora de citar a los investigados sea decisiva para detener el reloj de la prescripción. De hecho, advertida por la Fiscalía, Núñez ya ha sobreseído al menos 25 causas contra beneficiarios y ex altos cargos, cuyas conductas supuestamente ilícitas quedarán impunes.

Hay más empresas pendientes de una actuación judicial. El pasado 14 de junio, la juez realizó un inventario de sociedades sobre las que la UCO está elaborando informes en estos momentos. Mediante una providencia pedía a la Guardia Civil que «a la mayor brevedad posible» remitiera los atestados que examinan a una veintena de sociedades. Se refería a cuatro informes que se están redactando por la Comandancia de Almería (TPM, Pacsa Sanders, Consyproan y Trabajadores de la Antigua Fábrica La Trinidad); tres en Cádiz (Industria Naval, Asociación de Trabajadores de la Prensa de Cádiz —Grupo Joly— y Pack Sur); dos en Córdoba (Fabricación y Reparación de Buses y Cooperativa Cordobesa de Cultivadores del Algodón); y cuatro más en Granada (Ebro Puleva, Fundosa Ultracongelados, Grupo Smurfit y Fundosa Lavanderías Industriales).

La UCO advirtió en un oficio que «siguiendo instrucciones verbales de ese juzgado, relacionados con los posibles plazos de prescripción , se ha descartado el estudio» de seis expedientes. Se trata de Cofrutex, Bellow Marko, Azahara Textil, Rotiner Comercial, Fábrica de Muebles de la Sierra Norte y Autopistas Aumar.