La Junta de Andalucía financió la «expansión empresarial» del Grupo Joly

Así lo confirma el informe de los funcionarios del Sercla que ayer se vio en el juicio. Este documento certifica que no se pudo comprobar si los trabajadores acogidos a este ERE de Joly «pertenecen a la empresa, si realmente tienen la antigüedad declarada, la categoría profesional que se consigna para cada uno de ellos, etcétera». Tampoco ha sido posible comprobar «si los 36 trabajadores que finalmente resultan beneficiarios en este expediente debían reunir o no» el requisito de haber cumplido 52 años.

Entre las irregularidades denunciadas en la concesión de esta ayuda millonaria a los periódicos del Grupo Joly también se indica que el día de la firma del protocolo de colaboración entre la Junta y la asociación de trabajadores creada por la compañía editorial para recibir el dinero, «la empresa aún no había registrado solicitud alguna instando expediente de extinción de contratos de trabajo», cosa que hizo el día siguiente. Y se añade que «no queda constancia alguna de la constitución de la citada asociación de trabajadores ni queda acreditada su personalidad jurídica, así como tampoco existe documento relativo a solicitud por su parte de ayuda económica alguna a la Consejería de Empleo».

Por último, el informe reservado recoge que el 27 de diciembre de 2004 Guerrero envió una comunicación a la aseguradora que pagaba las pólizas dando, literalmente, la siguiende indicación: «Rogamos que la transferencia realizada a esa compañía con fecha 20 de diciembre de 2004 desde el Instituto de Fomento de Andalucía por importe de 3.000.000 de euros a favor de la Asociación de la Faja Pirítica de Huelva sea aplicada parte de la misma, en la cantidad de 300.000 euros a la póliza de la Asociación de Trabajadores de la Prensa de Cádiz », nombre que recibió el ente creado por Joly para recibir la subvención. Es decir, la Junta llegó incluso a desviar dinero de otras ayudas para este grupo editor.

Este expediente lo firman dos funcionarios. Ayer declaró el segundo de ellos, que curiosamente es en estos momentos el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Sevilla, Javier Millán , entonces jefe del Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla). Ambos se ratificaron en sus informes, que analizaban las ayudas al citado Grupo Joly, a la Faja Pirítica de Huelva, a González Byass y a Fertiberia. Millán fue contundente al valorar la impresión que le causó, como fedatario público, el sistema montado para otorgar este dinero: «Era un monumental ninguneo al Derecho administrativo». El testigo destacó que ninguno de estos expedientes llevaba una sola firma de funcionarios públicos y todas las ayudas se otorgaron «de manera arbitraria». Además, la Junta no le facilitó la información que el entonces jefe del Sercla les pidió para poder establecer conclusiones, por lo que no pudo «comprobar si los trabajadores beneficiarios cumplían el requisito de ser mayores de 52 años», que era indispensable para poder acceder a las ayudas. En ninguno de los cuatro casos, según reiteró el actual portavoz de Ciudadanos, se siguió «el procedimiento legalmente establecido», por lo que las ayudas «se concedieron de manera totalmente arbitraria» y «ninguna estaba justificada previamente». Además, la Junta no hizo seguimiento del dinero y las empresas beneficiarias no justificaron su destino.

La «expansión empresarial» de la compañía privada Joly se llevó a cabo, por tanto, gracias a una subvención de la Junta de Andalucía que no cumplió ninguno de los requisitos legales establecidos. No fue publicada por la administración, ni se dieron a conocer los criterios de publicidad, concurrencia y objetividad obligarios porque no hubo bases que regulasen la elección de la empresa subvencionado y los importes. Ni siquiera consta tampoco la autorización preceptiva del Consejo de gobierno de la Junta para ayudas superiores a 3 millones de euros.

En estos momentos, la juez que instruye las piezas separadas del caso está a la espera de un atestado específico que ha encargado a la Guardia Civil de Cádiz sobre esta empresa editora, propietaria de cabeceras de periódicos en todas las provincias de Andalucía.