La Intervención del Estado insta a la Junta a devolver los 8 millones del ERE del Grupo Joly

Concretamente, según recoge este informe, el importe de la subvención concedida por la Junta a la Asociación de Trabajadores de la Prensa de Cádiz, organismo creado por el Grupo Joly para recibir esta ayuda, «asciende, al menos, a 8.050.276,10 euros» para el pago de un seguro de prejubilación de 36 trabajadores en el año 2004. La Intervención del Estado destaca, en este contexto, que «el compromiso subvencional que adquiere la Dirección General de Trabajo con la empresa, a pesar de no estar fechado, parece ser previo al establecimiento tanto de las medidas de ajuste de plantilla como de la cuantía de las indemnizaciones», ya que el acuerdo entre la empresa y los trabajadores y la concesión de la subvención se firmaron el mismo día, el 26 de octubre de 2004.

Para los interventores, el expediente demuestra que «en la concesión de la subvención se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, lo que pudiera ser causa de nulidad de pleno derecho». Esto quiere decir que hay que instar al reintegro del dinero.

Pero la ristra de irregularidades que enumera la Intervención General de la Administración del Estado es mucho más larga. Otra de las razones que los altos funcionarios estatales exponen para indicar que la ayuda es nula es que Empleo la concedió «con cargo a un concepto presupuestario inadecuado» y que la concesión del dinero se realizó por parte del director general de Trabajo sin que éste tuviera «competencia legal para ello».

A continuación, el informe expone que «no se han publicado por la Junta de Andalucía ni existen bases reguladoras para el otorgamiento de este tipo de subvenciones». Además, «no consta la existencia de ninguna norma dictada por la Junta de Andalucía en la que se publiciten estas ayudas y se establezcan los criterios de selección de los beneficiarios, así como los baremos, límites y condiciones de las subvenciones a conceder, por lo que los sistemas utilizados por la Consejería de Empleo para determinar tanto la empresa elegida como los importes a financiar son totalmente discrecionales» porque en la subvención otorgada en este caso al Grupo Joly «no consta la aplicación de los criterios de publicidad , concurrencia y objetividad legalmente establecidos».

Otra irregularidad incluida en el informe es que «no se ha acreditado el carácter excepcional de la ayuda concedida por la Consejería de Empleo» a la empresa editora de Diario de Sevilla y Diario de Cádiz. Y tampoco consta «solicitud formal de la ayuda por parte del beneficiario», ni la resolución motivada de concesión por parte de la Junta, «ni los requisitos exigidos» al Grupo Joly. Los interventores subrayan que no se siguió «el procedimiento exigido por la Ley de Contratos del Estado para la selección de la entidad aseguradora ni de la entidad mediadora» y, además, «la concesión de esta subvención no fue sometida por Empleo a fiscalización previa de la Intervención Delegada en dicha Consejería, como era legalmente exigible».

El coste medio por persona de este ERE pagado por la Junta para el «plan de expansión» de Joly fue de 223.618 euros , pero tampoco «existe constancia en el expediente de que por parte de Empleo se realizara ningún seguimiento de la aplicación de la ayuda concedida». Y a esto hay que sumar que parte del dinero destinado a la compañía editora se detrajo de ayudas a otras empresas «mediante la utilización del irregular sistema denominado pagos cruzados», ya que Empleo no tenía «crédito suficiente para conceder» la cantidad a la que se había comprometido con Joly. «Por tanto, las obligaciones así adquiridas pudieran ser también nulas de pleno derecho».

Por último, el informe destaca que «no existe en todo el expediente» entregado por la Junta al juzgado «ninguna documentación que muestre el mínimo cumplimiento de las normas que regulan la concesión de subvenciones» ni «la preceptiva autorización del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para conceder subvenciones por importe superior a 3.005.060 euros».

En definitiva, t odo el proceso fue discrecional y pactado entre la Junta y el Grupo Joly previamente a la solicitud formal del ERE. Este informe de la Intervención General del Estado está incorporado a la pieza separada que instruye en estos momentos la juez María Núñez Bolaños, que ha solicitado a la Guardia Civil de Cádiz que le elabore un atestado concreto sobre este caso.