La juez Núñez Bolaños sólo ha concluido cinco de 182 piezas del caso ERE Andalucía en cuatro años

Los seis fiscales Anticorrupción de Sevilla, la plantilla al completo, y su fiscal jefe en Madrid, Alejandro Luzón, advierten de que la sustituta de la juez Mercedes Alaya ha dado «abrumadoras muestras de conductas irregulares» desde que se hizo con las riendas del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en junio de 2015.

En su denuncia, que ha movido al máximo órgano de gobierno de los jueces a abrir unas diligencias informativas contra la juez, los fiscales llegan a esta afirmación tras aportar ejemplos y cuadros que muestran el estado de cada causa. De las 182 diligencias previas incoadas o piezas desgajadas de la causa de los ERE desde 2016, tantas como empresas cobraron ayudas supuestamente fraudulentas, la juez sólo ha concluido cinco, señalan.

En el informe que elevarán al Promotor de la Acción Disciplinaria, que determinará si propone sancionar a la juez o archivar las diligencias, los inspectores deberán despejar por qué, después de cuatro años de instrucción, Núñez Bolaños ha finalizado el 2,7 por ciento de las investigaciones dictando autos de transformación de procedimiento abreviado, el paso previo al enjuiciamiento de los presuntos responsables penales del desvío de fondos.

Frente a ello, los fiscales detallan que la instructora ha archivado casi diez veces más piezas de las que ha concluido : 48 (26,4%), nueve de ellas porque han prescrito los delitos. Las 129 restantes están en trámite o se han acumulado a otros procedimientos. 

En su «Informe ilustrativo, no exhaustivo de la desatención observada» en los casos ERE, Avales y Agencia IDEA, Alejandro Luzón compara la «inactividad real y efectiva del impulso procesal» de Núñez con la actividad resolutiva mostrada por otros jueces que han asumido de forma temporal algunas de sus instrucciones.

De las seis piezas piloto del caso ERE, que Núñez dividió en noviembre de 2015 con el objetivo de «agilizarlo», el juez de refuerzo, Álvaro Martín, finalizó tres investigaciones «ya en 2016»: las ayudas concedidas a Surcolor y Acyco y el «procedimiento específico» , por el que han sido juzgados los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, pendientes de la sentencia. «En llamativo contraste, la magistrada instructora no ha dictado ninguno», sostiene el fiscal.

Las tres piezas restantes, que asumió a Núñez Bolaños, afectan a las ayudas concedidas a la trama de Rosendo y Sayago, las sobrecomisiones y Cenforpre. En la causa que indaga en los 34 millones que acapararon las empresas de José María Sayago y José Enrique Rosendo , ya fallecido, «tras diversos avatares procesales y los oportunos recordatorios de esta Fiscalía, la instructora continúa sin dictar una resolución».

En las sobrecomisiones , el fiscal le ha pedido con insistencia que cierre las diligencias, «auto que la instructora tampoco ha acordado». Sólo tramitó el enjuiciamiento de la pieza de Cenforpre en febrero de 2018 y de la causa sobre las ayudas al chófer del exdirector de Trabajo Javier Guerrero.

La mayoría de las investigaciones están afectadas por «la parálisis, en abierta contradicción con lo que debe ser la instrucción como fase previa para el enjuiciamiento de hechos con clara apariencia delictiva y de suma gravedad como son las conductas relacionadas con la corrupción que implica el cuantioso desvío de fondos públicos », afirma la denuncia.

En mes y medio, el juez José Ignacio Vilaplana , que sustituye a Núñez durante su baja médica, ha finalizado dos diligencias previas del caso ERE.

Las «conductas irregulares» enumeradas en la denuncia dirigida al CGPJ se manifiestan de distintas maneras. La juez «desatiende» resoluciones de la Audiencia para avanzar en las pesquisas, a menudo «mediante un comportamiento de reiterada pasividad a lo largo del tiempo, sin practicar ni denegar las diligencias ya solicitadas». Al incumplimiento reiterado de los acuerdos de la Audiencia, se une la desimputación masiva de altos cargos. El Ministerio Público alude a «un vaciamiento progresivo de las actuaciones» ya sea mediante «exclusiones» de los ex altos cargos socialistas, o «sobreseimientos de otros funcionarios, sindicalistas y empresarios».

El 27 de mayo pasado, la instructora dio carpetazo al caso de los avales irregulares concedidos por la agencia IDEA a empresas en crisis «sin practicar las diligencias» pedidas por el fiscal y ordenadas por la Audiencia de Sevilla.

En el caso Transferencias de Financiación, que analiza si otros departamentos del Gobierno andaluz, además de la Consejería de Empleo, utilizaron el método empleado para nutrir la caja desde la que se pagaban los ERE irregulares, la Fiscalía destaca que la causa estaba paralizada y hubo que esperar dos años para que se acordaran diligencias: «No lo hizo la magistrada Bolaños sino la juez Pilar Ordóñez , aprovechando que en esas fechas se tramitaba la recusación de la acusación popular [del PP] contra aquella».