La juez María Núñez Bolaños se sacó el doctorado mientras «ralentizaba» el caso ERE

La titular del Juzgado de Instrucción número 6, que está de baja laboral desde el 3 de septiembre , ha sido denunciada precisamente ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón . Basándose en el ilustrativo escrito redactado por sus fiscales delegados en Sevilla, Luzón reprocha a Núñez «un comportamiento de reiterada pasividad a lo largo del tiempo , sin practicar ni denegar las diligencias solicitadas o presentando trabas y reiterando resoluciones ya desestimadas, que podrían sugerir una voluntad de paralizar o ralentizar la marcha» de las macrocausas heredadas de su antecesora en el juzgado, Mercedes Alaya.

La instructora se enfrenta a sanciones que pueden ir desde una multa de 501 euros hasta la suspensión, el traslado a otro juzgado o el fin de su carrera judicial , dependiendo del desenlace del expediente informativo abierto por el máximo órgano de decisión de los jueces tras la citada denuncia.

Núñez Bolaños se doctoró en Ciencias Jurídicas y Políticas por la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla a finales de julio de 2017. Su tesis, que versa sobre la mediación intrajudicial, la dirigió el profesor de Derecho Civil Eugenio Pizarro Moreno, quien trabó contacto con ella cuando era titular del Juzgado de Familia número 17 de Sevilla.

Seis meses más tarde, en enero de 2018, el Gobierno socialista de Susana Díaz fichó a Pizarro como secretario general para la Justicia de la Junta, cargo en el que apenas duró seis meses. Cesó de forma fulminante el 3 de julio de 2018 tras conocerse que había sido condenado a un año de cárcel por robarle joyas a la que era su suegra, a la que también tuvo que indemnizar con 4.904 euros.

En julio de 2017, Núñez Bolaños coronaba su formación académica con la obtención del título de doctora. El 27 de julio de ese año, el Centro de Estudios de Postgrado de la UPO la felicitó por ello, al igual que a otros titulados, a través de su cuenta de Facebook. La tesis llevaba por título «La mediación intrajudicial como mecanismo para alcanzar una solución jurídica de calidad; en particular, contra la recidiva del conflicto a través de la modificación de medidas y los procesos de ejecución judicial por incumplimiento de la sentencia». El resumen de este trabajo está publicado en la plataforma Dialnet, portal que difunde las publicaciones académicas.

Según explicó a ABC su director de tesis, desde 2013 hasta 2017 la magistrada «estaba haciendo su proyecto de tesis y ella estaba en su juzgado de Familia [número 17 de Sevilla] y por eso la conocí yo, porque presenté un proyecto de mediación en la Universidad que se derivó a los juzgados de Familia», explicó Eugenio Pizarro Moreno .

Núñez se hizo con las riendas del juzgado de Instrucción el 16 de junio de 2015, tras la marcha de Alaya a la Audiencia de Sevilla. La tesis la leyó el 24 de julio de 2017 , dos años después. Pizarro descarta que la instrucción de las causas sufrieran alguna demora por la preparación de este trabajo y argumenta que «la inscripción y el proyecto» empezó a gestarse en 2013.

La magistrada era colaboradora honoraria de la Universidad Pablo de Olavide desde el año 2012. «Su vinculación con la UPO viene de esa época y, en concreto, con el departamento de Derecho Civil, donde estaban 17 profesores», entre ellos quien luego dirigiría su tesis, señala este profesor.

El 16 de junio de 2017, mes y medio antes de doctorarse, Núñez Bolaños cumplía dos años como titular del juzgado . Coincidiendo con este aniversario, hizo balance de su trabajo ante un grupo de periodistas. Se congratuló de haber terminado con el «atasco» que arrastraba el órgano judicial con la apertura de numerosas investigaciones.

La magistrada explicó que « las matemáticas no engañan . La macrocausa más antigua, que era la del delito societario de Mercasevilla, de 2009, ya está en la Audiencia de Sevilla, igual que la pieza de Surcolor y la del procedimiento específico», conocida como pieza política de los ERE, cuya instrucción concluyó en realidad el juez Álvaro Martín .

«En los próximos días van a estar en la Audiencia las piezas de Acyco, Cenforpre y Trujillo», detalló Núñez, en referencia a la causa abierta contra el chófer del exdirector de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero, que declaró haberse gastado ayudas para empresas en crisis en la compra de cocaína y regalos para su jefe.

El análisis de la magistrada contrasta con el diagnóstico de la Fiscalía Anticorrupción, que por entonces empezaba a impacientarse por la demora de algunas de las investigaciones y la «desatención» de resoluciones de la Audiencia instándole a agilizarlas.

Tan sólo dos meses antes de que leyera su tesis, el Ministerio Público advirtió a la juez de que había prescrito la supuesta actuación ilícita en el caso Mercasevilla del diputado socialista andaluz Carmelo Gómez , actual miembro de la ejecutiva del PSOE-A. La juez había tardado 14 meses en atender una petición del fiscal Anticorrupción para que elevara una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), un trámite obligatorio para investigar a este cargo aforado. Núñez envió su escrito por segunda vez en marzo de 2017. El primero lo rechazó el tribunal por el «déficit argumental» de los indicios delictivos.

Estos desencuentros con el Ministerio Público fueron más frecuentes a medida que avanzaron los meses y estallaron en el citado escrito de queja firmado por la plantilla al completo de Anticorrupción en Sevilla.

En enero de 2018, durante la sesión del único juicio sobre el fraude de los ERE que se ha celebrado hasta ahora, los fiscales alertaron de que «sólo se han practicado diligencias de instrucción en el juzgado» en unas 35 de las 270 piezas aproximadamente en que se va a dividir esta monumental causa, tantas como empresas fueron beneficiadas con ayudas irregulares. A estas se suman otras cuatro investigaciones ya concluidas.

Para entonces, habían pasado siete años desde que Mercedes Alaya abrió las diligencias previas 174/2011 , más conocidas como caso ERE, tras descubrir que se habían colado «intrusos» o falsos trabajadores en un expediente de Mercasevilla y sus pólizas de prejubilación las estaba financiando la Junta.

Anticorrupción hizo este balance en el juicio contra 22 ex altos cargos autonómicos, incluidos dos expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán , acusados de crear un sistema «totalmente opaco» de ayudas que benefició de forma «injusta» a unas empresas en detrimento de otras. La sentencia se hará pública en otoño.