Los inspectores del Poder Judicial se reúnen con la juez Núñez Bolaños, denunciada por «paralizar» el caso ERE

Nada más abrir las puertas la sede judicial de Sevilla, la delegación encabezada por los magistrados Francisco Segura Sancho y Juan Francisco López Sarabia y dos letrados de la Administración de Justicia han subido a la segunda planta del edificio de los Juzgados del Prado de San Sebastián en Sevilla. A las puertas de los despachos del juzgado han sido recibidos por la titular del órgano judicial, María Núñez Bolaños , con quienes han estado reunidos a pesar de que la magistrada está de baja médica desde el 3 de septiembre. También se han entrevistado con el juez de refuerzo del juzgado, José Ignacio Vilaplana , que se ha hecho cargo de las macrocausas heredadas de la juez Mercedes Alaya mientras se encuentre la juez titular de baja.

Seguidamente, Núñez y Vilaplana, así como la letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, María Teresa León , han acompañado a los inspectores en una breve ronda por las distintas dependencias del órgano judicial, empezando por el despacho de la magistrada, y después por las oficinas de los funcionarios, donde han intercambiado impresiones con ellos, para terminar en la sala que ocupa Vilaplana. El decano de los juzgados de Sevilla, Francisco Guerrero , y la secretaria coordinadora, Felisa Panadero , también han acudido a primera hora a saludar a la delegación del CGPJ y han mantenido un breve encuentro con ellos antes del inicio de la inspección.

Al frente de esta inspección está el juez Francisco Segura Sancho, que pertenece al Servicio de Inspección en la jurisdicción penal desde el 28 de febrero pasado, cuando fue nombrado por el Pleno del CGPJ. Con anterioridad había presidido la Audiencia Provincial de Lérida .

Los miembros del servicio de inspección del CGPJ han girado una inspección al juzgado para recabar información y conocer de primera mano el estado de las macrocausas y la labor de la instructora, que ha estado de baja antes y después de sus vacaciones. Estas inspecciones son habituales en este tipo de diligencias informativas. A su término, elaborarán un informe que entregarán al promotor de la acción disciplinaria.

La investigación del promotor de la acción disciplinaria del Consejo, Ricardo Conde , comenzó en el mes de julio con la apertura de unas diligencias informativas con las que tratará de determinar si hay indicios para abrir un expediente disciplinario a la juez por alguna falta leve, grave o muy grave –Luzón alude a las dos últimas-, que podría ser castigada desde un simple apercibimiento hasta la separación de la carrera.

En el mes de julio, la juez denunciada envió un escrito de respuesta a las acusaciones de los fiscales. Su primera baja coincidió con la presentación de una queja hacia su actuación firmada por los seis fiscales Anticorrupción de Sevilla , que ha sido el detonante de la denuncia del fiscal jefe en Madrid.

En su denuncia, Alejandro Luzón pone de manifiesto «abrumadoras» muestras de conductas irregulares , aunque estas no se manifiesten de forma abierta, indisimulada o evidente, sino con una «reiterada pasividad» a lo largo del tiempo, sin practicar ni denegar las diligencias ya solicitadas o poniendo trabas que puede «sugerir una voluntad de paralizar o ralentizar» los procedimientos.

En el máximo órgano de gobierno de los jueces llamó la atención el «trabajado» y «detallado» escrito con el que los fiscales han puesto en la picota la instrucción de la juez en la macrocausa de los ERE y otros procesos. El jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, antes de remitir el escrito al Consejo, estudió de forma pormenorizada los hechos que le trasladaron los fiscales de Sevilla.

En su escrito, Luzón también pone de manifiesto que «está resultando imposible» cumplir los plazos de instrucción que fija la Ley de Enjuiciamiento Criminal «favoreciendo» así que «la acción penal no alcance sus objetivos».

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río , se reunió el 11 de septiembre pasado con la juez instructora del caso ERE, María Núñez Bolaños . Se vio con ella y con su juez de refuerzo, José Ignacio Vilaplana.

Antes de que este trabajo de revisión se lleve a cabo, el máximo responsable del TSJA se reunió con la juez en un encuentro de trabajo para el que no estaban convocados los medios de comunicación. Al término del mismo, declaró a un grupo de periodistas que esta reunión era «lógica» y la vinculó a la baja de la magistrada cuyos motivos concretos el TSJA no hace público s para preservar su intimidad.

Lo que trascendió del contenido del encuentro es el deseo del presidente de «que no haya suspensiones ni paralización de ningún tipo» y el juzgado «no se vea afectado» en las instrucciones de las macrocausas de corrupción relacionadas con la gestión de fondos públicos por parte de la Junta de Andalucía durante la etapa socialista.