El juez investiga el «mantenimiento ilícito» de ‘enchufados’ del PSOE en la Junta de Andalucía

El juez de refuerzo de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, investiga no sólo el ‘enchufismo’ en la fundación, sino también « el ilícito mantenimiento del personal así contratado en distintos puestos de trabajo » creados a su medida y sin utilidad, porque no tenían un «contenido material concreto». El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), a través de una denuncia, identificó con nombres y apellidos a 84 contratados supuestamente «por razones de clientelismo político o nepotismo».

Mediante un auto dictado el pasado 24 de febrero, el magistrado solicita nuevas diligencias al SAE y a la Consejería de Empleo para avanzar en la investigación tanto de los 84 «enchufados» como de los contratos «irregulares» e «injustificados» de proveedores y empresas que realizó la fundación pública en 2008, 2009 y 2010. Su importe ronda los 9,46 millones.

El juez hace un repaso por los hechos supuestamente delictivos que confluyeron en la Fundación Andaluza Fondo de Formación de Empleo (Faffe) desde su constitución en 2007 hasta su disolución, en 2011. En dicha resolución, adelantada por El Mundo, considera que hay «serios indicios de la irregular contratación del personal».

En los casos de «al menos» 84 personas «se habría detectado» la contratación «con omisión de los principios de publicidad y libre concurrencia, sin procedimiento ni convocatoria de ningún tipo ni observancia de los principios de mérito y capacidad». Además, se habrían mantenido en los puestos de trabajo «creados y atribuidos ad hoc para justificar y proporcionar la ilícita prestación de servicios laborales, con el consiguiente cobro de emolumentos y prestaciones», advierte.

Atendiendo una petición de la Fiscalía Anticorrupción, el juez reclama al SAE la copia de las instrucciones de contratación. El instructor, que investiga supuestos delitos de prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos , también recuerda a la Dirección General de Formación de la Consejería de Empleo que debe emitir un informe sobre las subvenciones que recibió la Faffe y el estado de su revisión.

En relación a la contratación del personal, la acusación popular ejercida por el PP-A ha pedido al juzgado que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que investiga a los ‘enchufados’, aborde la identidad y vidas laborales de los trabajadores de la Faffe que se han integrado en el SAE, los contratos de trabajo formalizados por la Faffe en fechas próximas a la extinción de la fundación, incluidos aquellos que «se encontraban trabajando en otras empresas y pidieron su baja voluntaria en sus respectivos empleos, con el único propósito de ser integrados en el Servicio Andaluz de Empleo».

Por otro lado, ayer pasaron por la comisión parlamentaria que investiga las irregularidades de la Faffe dos exdirectores del SAE: Antonio González Marín y Antonio Toro Barba . El primero se negó a responder las preguntas de los grupos políticos y el segundo aseguró que no conoció ninguna irregularidad en dicho organismo.