Prescribe el enchufe del exalcalde del PSOE que dormía y leía prensa en la fundación Faffe

A pesar de su «notable deficiencia formativa», el exdirector general de la Faffe, Fernando Villén Rueda, lo «enchufó» en noviembre de 2003 en un puesto de «técnico de proyectos» en la extinta fundación creada por la Junta en 2003 para dar formación a los parados andaluces. Se dedicaba a «dormir» y «leer la prensa» en el trabajo, según declararon a la Guardia Civil varios compañeros suyos.

Pero la supuesta contratación «ilícita» del exregidor socialista, que sigue trabajando en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), va camino de quedar impune. La prevaricación administrativa, el presunto delito que se le imputaba tanto a él, que ganaba 2.563,28 euros brutos al mes en la Faffe , como al exdirector que lo fichó, ha alcanzado su fecha de caducidad, es decir, ha prescrito. Por este motivo el juez, que ha archivado la causa contra él y Villén.

Aguilera Acevedo fue contratado «de manera injusta y arbitraria», por la sola voluntad de Villén Rueda, «sin proceso alguno de valoración o contraste de la aptitud o idoneidad del sujeto» , hace constar en un auto al que ha tenido acceso ABC el juez de refuerzo del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana.

Han transcurrido «más de diez años desde que dirige el procedimiento (judicial) contra los presuntos responsables» de la Faffe, una fundación que se financiaba con subvenciones y que está siendo investigada por supuestos casos de «nepotismo» y por desvío de fondos públicos a fines tan alejados de su cometido como eran los pagos en cinco clubes de alterne.

Diez años es el plazo legal máximo fijado para la citada infracción penal. La Justicia llamó como investigado al exalcalde «enchufado» en octubre de 2018, pero la fecha de su supuesta contratación ilícita es el 21 de noviembre de 2003, quince años más tarde, detalla el auto.

En la resolución del 28 de septiembre pasado, el magistrado sostiene que Aguilera Acevedo , que se integró en el SAE tras la extinción de la Faffe en mayo de 2011, «carecía de unas mínimas aptitudes para poder desempeñar las supuestas funciones como técnico que le habrían de ser atribuidas». Pero el instructor entiende que el investigado no habría incurrido en «una actuación netamente malversadora» porque acudía a su puesto de trabajo. Además, «habría llevado a cabo actividades vinculadas con trabajos efectivos propios de la Faffe», aunque reconoce que éstos eran «escasos y limitados», pues «carecía de conocimientos elementales, como un mínimo nivel de usuario de informática» . Después pasó a otro departamento «llevando a cabo también tareas administrativas relacionadas con el control de calidad de expedientes y de la correcta y completa formación de los mismos».

El PP andaluz, que ejerce de acusación popular en este proceso, ha impugnado el auto. Considera que el delito de prevaricación no ha prescrito «por cuanto al investigación se inicia con carácter de denuncia» a partir de un oficio de la UCO de la Guardia Civil el 21 de julio de 2015» y el supuesto ilícito penal sería no individual sino continuado, por lo que el plazo de prescripción no son diez sino quince años.

Para justificar la prevaricación continuada, el letrado del PP Luis García Navarro recuerda que la contratación irregular de Aguilera no fue un caso aislado, sino que otro exalcalde socialista, el lebrijano Antonio Torres García , también fue colocado en la Faffe y cobró 491.203,03 euros entre 2003 y 2011, «sin que conste que trabajara realmente», según un reciente auto del juez por el que ha procesado a Torres y Villén en otra pieza separada sobre el enchufismo que reinó en la Faffe.

Sin descartar la malversación, el abogado de la acusación aprecia una «absoluta conexidad entre cuatro investigaciones judiciales» de contratación irregular, por lo que pide al juez que se acumulen en unas solas diligencias previas. De hacerse así, señala, se estaría ante delitos continuados, y la Justicia todavía estaría dentro del plazo .