La Guardia Civil investiga a 85 «enchufados» del PSOE en la Faffe, la fundación de la Junta para formar a parados

El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) identificó con nombres y apellidos a 85 contratados «por razones de clientelismo político o nepotismo » en una denuncia archivada sólo 48 horas después de que el juez de Instrucción número 16 de Sevilla abriera unas diligencias previas al no apreciar indicios de delito.

Ahora otro magistrado, José Ignacio Vilaplana , ha remitido la citada denuncia y la documentación adjunta a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que «amplíen la investigación y practiquen diligencias tendentes al total esclarecimiento» de los 85 supuestos «enchufes» . La mayoría de contratados continúa trabajando para la Junta . En mayo de 2011 pasaron de la Faffe al Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

Mediante una providencia del 16 de septiembre pasado, a la que ha tenido acceso ABC, el juez de refuerzo de Instrucción número 6 de Sevilla da traslado de los documentos a la UCO, al Ministerio Fiscal, al resto de acusaciones y defensas. Al sindicato denunciante le advierte de que podrá personarse como «acusación popular» si deposita «una fianza no inferior a 3.000 euros».

Con esta disposición, el instructor reactiva la investigación de una de las ramas del caso Faffe solicitada por los letrados del PP y centrada en la selección del personal de esta fundación creada por el Gobierno de Manuel Chaves en 2003 para reciclar laboralmente a los desempleados y trabajadores andaluces y financiada con subvenciones que suman 252 millones de euros. El SAF denunció que al menos 80 de ellos tienen vínculos con el PSOE y lograron plazas en la Administración andaluza «sin observar procedimiento alguno ni respetar las exigencias legales para su contratación».

En la larga relación facilitada al juzgado figuran los exalcaldes socialistas de las localidades sevillanas de Lebrija y Montellano, Antonio Torres y Francisco Aguilera Acevedo, y de Espejo, en Córdoba, Santiago Castro . También aparecen el cuñado, la esposa y un sobrino del exdirector general de la Faffe, Fernando Villén; la esposa del alcalde de Sevilla, Juan Espadas ; las hijas del alcalde de San Juan de Aznalfarache, Juan Ramón Troncoso, y de la alcaldesa de Gélgar, María Membrive; concejales del PSOE en Adamuz, Camas y Aguilar de la Frontera ; sobrinos del exconsejero de Gobernación Luis Pizarro, y dos familiares del exconsejero de la Presidencia Gaspar Zarrías.

La Guardia Civil halló hasta 200 asalariados vinculados a este partido y sindicatos . El enchufismo era vox populi y obligaba a tomar cautelas dentro de la fundación. «No era bueno hablar mal de nadie porque nunca sabías qué relación podía tener esa persona con algún cargo de responsabilidad», reconoció un antiguo empleado a la Guardia Civil que investiga las irregularidades en ayudas para cursos de formación gestionados por la entidad.

Con su liquidación de la Faffe en 2011, el SAE absorbió a sus 1.667 laborales , cuya gestión está jalonada de irregularidades, que van desde el desvío de ayudas para formación hasta el uso de tarjetas oficiales en cinco prostíbulos con las que se abonaron 32.000 euros .

Por este asunto están citados mañana en el juzgado el exdirector general de la Faffe, Fernando Villén Rueda , y la directora económica-financiera de la entidad, Ana Valls Roc . «Con el fin de ocultar la ilícita disposición de fondos públicos», ambos «idearon un sistema por el que simulaban los reintegros de los referidos cargos realizados por Villén, según expone Vilaplana en un auto de incoación del procedimiento para el juicio ante un jurado.