El hermano del exdirector de la fundación Faffe gestionaba todos los cursos como un falso funcionario

El hermano del director general compareció este miércoles como investigado ante el juez Álvaro Martín , sustituto del juez de refuerzo que a su vez suple a la instructora del caso Faffe, María Núñez Bolaños durante su baja por motivos personales. El juez de apoyo, José Ignacio Vilaplana , estaba de guardia de delitos leves inmediatos.

A preguntas de la letrada del PP-A, Manuel Villén explicó que su trabajo consistía en gestionar todos los cursos de formación , revisar que se cumpliera la normativa y tramitar las resoluciones de ayudas, según indicaron fuentes del caso. Es decir, con una cualificación profesional de «técnico de gestión» y un título de Bachillerato, ejercía tareas asimilables a las de un funcionario sin serlo en una entidad que llegó a recibir más de 252 millones de euros en subvenciones entre ayudas excepcionales para cursos de formación, programas de inserción laboral y encomiendas de gestión de la antigua Consejería de Empleo, de la que dependía.

Manuel Villén asegura que entró a trabajar en la Faffe con un sueldo de 3.000 euros brutos que le subieron a 3.000 euros netos antes de su despido en 2011. Contó que lo llamó Joaquín Morales, director de Organización y a su vez subordinado de su hermano, para ofrecerle un puesto porque anteriormente trabajaba en el Fondo de Promoción de Empleo, un ente estatal traspasado a la Junta y que fue el germen de la Faffe.

A preguntas del fiscal, este exdirectivo contestó que se desplazaba todos los días a trabajar desde Cádiz a Sevilla. Al principio, los gastos corrían por su cuenta, pero luego el comité de dirección de la Faffe aprobó contratar a un chófer para llevar a directores como él y también abonar el peaje. Seis de las ocho tarjetas asociadas a cuentas de la fundación y analizadas por la Guardia Civil pertenecen al director general y otras dos a su hermano, Manuel Villén . Estas últimas registran cargos por un importe total de 8.109 euros para pagar el peaje de la autopista AP-4 que une Sevilla con Cádiz.

Pero Manuel Villén declaró al fiscal que se enteró «por la prensa» a finales de 2018 de que tenía una tarjeta a su nombre porque esta estaba asociada a la matrícula del coche. A preguntas de su abogado, dijo que no la solicitó ni sabía de qué color era.

El recurso de la prensa fue también empleado por la directora financiera de la Faffe, Anna Valls , cuando el fiscal le preguntó este miércoles si, como responsable de la caja central de la fundación, conoció la existencia de pagos por importe de casi 32.000 euros efectuados en cinco prostíbulos distintos con tarjetas oficiales asignadas al director de la Faffe.

La Guardia Civil apuntó que Fernando Villén trató de simular que devolvía el importe sacando previamente dinero de la caja del organismo público y justificándolo con facturas falsas, simulando dietas en concepto de desplazamiento y comidas. Anna Valls, que ahora trabaja en el Servicio Andaluz de Empleo , en cambio, negó que se confeccionara el abono de gastos en comidas y otros conceptos para cubrir esas reposiciones de dinero.

Cuando el fiscal le preguntó por qué entonces los importes coincidían, la investigada señaló que le parecía «extraño» y que las operaciones estaban conciliadas en el arqueo de la caja . Confirmó que hubo una comida en la caseta de UGT-A en la Feria de Sevilla por importe de 2.514,50 euros.

La Faffe llegó a manejar hasta 13 cajas entre 2003 y 2011, según los investigadores La exdirectora financiera contestó a la abogada del PP-A que había un manual que fijaba en 300 euros el tope de dinero que podía salir de la caja , pero contó que éste dejó de aplicarse en 2004. El control de la caja correspondía al patronato de la fundación y la justificación de gastos, a técnicos que estaban bajo su supervisión, según indicó en su comparecencia judicial.