Anticorrupción pide investigar a cuatro responsables de la contabilidad de la Faffe por el uso de las tarjetas

Por eso, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la juez de Instrucción número seis de Sevilla, María Núñez Bolaños , al frente de la investigación judicial, que cite como investigados a cuatro exresponsables del departamento contable de la Fundación , entre ellos la exdirectora económica financiera Ana Vals.

Precisamente, Vals y otro de los que ahora quiere la Fiscalía que se llame en calidad de investigados estaban citados como testigos la pasada semana por la magistrada, testificales que fueron suspendidas.

Tras tener en su posesión el último atestado elaborado por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y analizar en profundidad su contenido, el Ministerio Fiscal subraya que existen indicios y datos para que estos cuatro exresponsables de la contabilidad de la Fundación sean oídos como investigados porque podrían haber participado directamente en la extracción de dinero de forma irregular, esto es, en la malversación ; o le podían haber dado encubrimiento .

En este sentido, fuentes judiciales consultadas por ABC han indicado que el presuntor autor de la malversación está claro: Fernando Villén , quien está siendo investigado por pagar 31.969 euro s con tarjetas de la Faffe para gastos de representación en cinco clubes de alterne durante seis de los ocho años en los que estuvo dirigiendo esta entidad de la Junta de Andalucía que se financiaba con subvenciones autonómicas para impartir cursos de formación. En concreto, en el club de alterne Don Angelo de Sevilla abonó en una noche 14.737 euros con una tarjeta oficial .

Además, la Fiscalía, con el último atestado de la Guardia Civil, en la que habría llevado a cabo una «buena investigación», señala la posibilidad de la existencia de «falsedades documentales y contables» en la actuación de estos cuatro exresponsables.

En las indagaciones de los agentes actuantes se refleja «la sistemática salida de fondos y pagos, usando para ello documentos falsos para justificarlos, como facturas, y extracciones de dinero de la caja de la Faffe para devolver lo gastado a través de las tarjetas», según las citadas fuentes.

Para todas estas acciones « irregulares o ilícitas » es necesaria la participación de las personas con competencias para ello, los responsables del departamento financiero contable de la Faffe.

La Guardia Civil, después de cotejar los movimientos de las tarjetas de crédito con las que se abonaron los servicios en locales donde se ejercía la prostitución, destaca, al menos, que se extrajeron injustificadamente fondos de la caja central de la Faffe por importe de 13.439,94 euros en concepto de devoluciones. De ellos, «13.068 euros se corresponderían» con gastos en clubes de alterne .  Para ello no dudaron en incrementar de forma injustificada los gastos de caja, confeccionar arqueos y liquidaciones y simular reintegros.

Como caso paradigmático, el informe policial llama la atención sobre un viaje «aparente» del ex alto cargo de la fundación al Caribe en 2008, cuando «no existe constancia de la salida de Fernando Villén del territorio nacional» ese año, tras consultar las bases de datos de pasajeros.

En este sentido, la defensa de Villén sostiene que el que fuera máximo representante de Faffe viajó en junio de 2008 para impartir una conferencia en la localidad cubana de Pinar del Río en un foro de empleo y ayuda al desarrollo organizado y subvencionado por el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (Famsi).

En el visado del propio Villén aparecen sellos que certifican la entrada y la salida del país caribeño y corroboran «su estancia», por lo que el viaje «sí está certificado» a pesar de «lo que se diga en ese atestado de la Guardia Civil ».

La Fiscalía Anticorrupción, como ya avanzó ABC, pretende que la pieza separada que investiga el uso presuntamente irregular de las tarjetas bancarias de la extinta Faffe sea juzgada por un jurado popular.

Precisamente por tratarse de un delito de malversación de fondos públicos, pues hasta el momento la instrucción no ha evidenciado hechos incardinables en otro tipo delictivo, el Ministerio Público estudia pedir que el procedimiento se acomode a la Ley del Jurado .