Tres expresidentes del Parlamento sostienen que todos los diputados conocían las ayudas de los ERE

Gracia, el primero de los tres ex presidentes del Parlamento en comparecer en el juicio de los ERE como testigo de las defensas de algunos imputados como José Griñán, Antonio Fernández, Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez, ha mantenido la tesis de que todo el Parlamento conocía la partida 31-L , denominada como «fondo de reptiles».

Así, durante su comparecencia ha explicado que era «absolutamente evidente» que la voluntad del Parlamento era que esa financiación era para las ayudas sociolaborales y que se destinaban a empresas en crisis. «Era algo publico y notorio que el Consejo de Gobierno ayudara a esas empresas y teníamos consciencia de que el dinero era para esa finalidad», ha recalcado Gracia.

El ex presidente del Parlamento ha explicado al tribunal el funcionamiento de la comisión de hacienda y ha recalcado que todas las modificaciones presupuestarias llegaron con un informe favorable de la Intervención de la Junta de Andalucía. «Siempre tenían un informe de la Intervención y en todos los casos fueron favorables», ha reiterado. Ademas, según ha dicho, la Cámara de Cuentas nunca hizo ningún informe alusivo a la partida 31-L entre los años 2000 y 2011, el tiempo que se estuvieron otorgando esas ayudas sociolaborales supuestamente fraudulentas.

Gracia ha retirado que en ningún caso se planteó que fuera incorrecto el procedimiento de las transferencias de financiación ni le trasladaron al Parlamento dudas sobre el procedimiento.

A preguntas del letrado de Griñan, el ex presidente del Parlamento, ha negado que los diputados fueran engañados cuando aprobaron la partida 31-L. «No fueron engañados, la prueba es que enmendaban esa partida presupuestaria para incrementar el dinero», ha dicho Gracia que también ha insistido en que los parlamentarios tenían otras vías para informarse como las preguntas por escrito al consejero del ramo cuando tenían dudas sobre alguna partida presupuestaria.

Posteriormente ha comparecido el ex presidente del Parlamento andaluz, Javier Torres Vela, que ha explicado que mientras estuvo al frente de la cámara regional entre los años 1996 y 2004 no tuvo conocimiento «de ninguna irregularidad ni de ningún tipo de incidencia» por parte de ningún grupo parlamentario con la partida 31-L.

Durante su comparecencia ante el tribunal, Torres Vela ha insistido en la misma linea que Gracia acerca de que los parlamentarios conocían el contenido de los presupuestos y, por tanto, sabían lo que se trataba en la cámara, incluidas las modificaciones presupuestarias de la partida 31-L.

De hecho, Torres Vela ha recalcado que los grupos parlamentarios suelen designar a los diputados «mas capacitados» para cada comisión parlamentaria y que suelen designar a sus «expertos» para la comisión de hacienda en la que se debaten los presupuestos. Y que incluso existe un letrado para asesorarles.

Además el ex presidente del Parlamento ha dicho que ve «difícil» que los parlamentarios, a los que se les atribuye «una enorme responsabilidad» fueran engañados.

Torres Vela ha recordado que la Oficina de Control Presupuestario que pusieron en marcha en la cámara autonómica tenía la finalidad de que la información presupuestaria fuera conocida por el Parlamento. También ha recalcado que la partida en cuestión tenia un destino conocido como eran las prejubilaciones y las empresas en crisis y ha recalcado que tenia conocimiento de las situaciones de crisis pero no de cual era el mecanismo de ejecución de esas ayudas.

El expresidente del Parlamento ha protestado c uando la letrada del PP le ha preguntado si en la actualidad su esposa es jefe de departamento en la agencia IDEA . «¿Tiene eso que ver con esto?», ha cuestionado el testigo al que el juez no ha admitido su queja, tras lo que ha tenido que admitir que su mujer sí que ocupa ese cargo.

Posteriormente ha comparecido Fuensanta Coves, también expresidenta del Parlamento y que ha insistido en que en ningún momento, ni en ningún pleno, se hizo alusión alguna a que el proyecto de presupuestos tuviera alguna irregularidad o algún problema. Y que ni la Cámara de Cuentas ni la Oficina de Control Presupuestario hicieron alusión a algún proceso irregular. De hecho, Coves ha dicho que la primera vez que tuvo noticias de ese programa es cuando se conoció la investigación judicial . «Nunca nadie nos trasladó ninguna duda», ha dicho.

Además Coves, que ha insistido en que los parlamentarios están permanentemente asesorados por los letrados de la cámara y que para ello estaba precisamente la Oficina de Control Parlamentario, ha dicho que los debates en el Parlamento eran «muy vivos».