Los funcionarios que supervisaron los ERE tras el escándalo hablan de caos y todo tipo de irregularidades

Durante la declaración, los testigos confirmaron el desorden de los expedientes – alguna documentación llegó en «una caja de pollos» –, la falta de documentación y la existencia de intrusos . En algunos casos se echaba en falta el propio ERE , las resoluciones de pago, los beneficiarios del expediente, las solicitudes, la justificación de las ayudas o la fiscalización de las mismas, porque como se puso de manifiesto los expedientes carecían de fiscalización previa . En los expedientes aparecían notas manuscritas en post-it con indicaciones .

Tomás Domínguez , uno de los funcionarios, refirió cómo le llamó la atención que «no intervenían funcionarios en la tramitación» ni había «normas reguladoras o bases a los que atenerse».

Durante la sesión, a preguntas de los abogados de la acusación, se recordó la existencia de hasta 1.062 personas en situación de irregularidad en el total de ayudas entre intrusos, irregulares y beneficiarios cuyos datos no se podían constatar, según remarcó el informe de la Cámara de Cuentas. Los testigos, que localizaron nueve intrusos en su informe, citaron casos concretos y confirmaron que existían rentas vitalicias para prejubilados , ayudas a heredero s, o la ayuda para la madre de una prejubilada que no había trabajado en la empresa afectada por el ERE, o la que se le concedió al dueño de una empresa afectada por una reestructuración laboral, o las que recibían personas que seguían trabajando por cuenta ajena para las empresas que los despedía.

En la sesión de tarde, la funcionaria Alicia de la Peña que supervisó entre otros el ERE de González Byass o el de la «Asociación de trabajadores de la prensa de Cádiz» referida a empleados del Grupo Joly , relató que en el expediente de González Byass aparecían 91 despedidos y 94 beneficiarios, entre ellos el propio consejero de Empleo Antonio Fernández. En el de los trabajadores de la prensa de Cádiz no se podía constatar la edad de los beneficiarios, había un protocolo de la Junta comprometiendo la ayuda antes de la concesión del ERE y no se pudo asegurar si esa «asociación de trabajadores» tenía personalidad jurídica.