El Gobierno andaluz apoya la estrategia de su Gabinete Jurídico, que excluyó a ex altos cargos del caso Avales

En la sesión de control al Ejecutivo en la Cámara andaluza, Bendodo ha sostenido que el Gobierno andaluz es « extremadamente respetuoso con la Justicia y con el ordenamiento jurídico» y que «ha respetado en todo momento las recomendaciones del gabinete jurídico de la Junta relativas a cualquiera de las causas judiciales en las que el Ejecutivo regional está personado», según recoge una nota de prensa remitida a este periódico.

Como informó ABC, los letrados que representan los intereses de la Junta como acusación y perjudicada por la pérdida de dinero público han apoyado el archivo de la causa para los responsables políticos de la Consejería de Innovación y la Agencia IDEA bajo el argumento de que quienes concedieron los fondos públicos no cometieron delito alguno.

Los abogados autonómicos suscriben las tesis de las defensas de los ex altos cargos que solicitan el archivo de esta causa bajo el argumento de que «no existe la menor irregularidad penal». En su lugar, la Junta apoya investigar a las empresas beneficiarias de estos avales por fraude en subvenciones.

En este contexto, Bendodo ha señalado que el Gobierno del PP y Ciudadanos centrará sus esfuerzos en «casos en los que se puedan depurar responsabilidades, dejando a un lado los que no son objeto dela investigación» judicial. «Un criterio que sigue la línea dela Fiscalía y que coincide con el interés general de los andaluces», ha añadido.

Sin embargo, en el caso Avales precisamente la Fiscalía Anticorrupción se opone al sobreseimiento de la actuación contra los ex altos cargos y sí ve indicios de malversación y prevaricación por el reparto irregular de avales a empresas a través de la agencia IDEA.

En su intervención en el Pleno, Bendodo ha afirmado que la Junta ha pedido que se investigue el «núcleo del fraude» en el caso de los avales vinculados a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), entidad dependiente actualmente de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad.

En opinión de Bendodo, se trata de «investigar el fraude de manera ágil» y en aquellos casos en los que « se pueda recuperar el dinero » supuestamente malgastado por la falta de controles que pudiera ser achacable a anteriores gobiernos socialistas. De este modo, ha subrayado la firme decisión que existe de recuperar hasta el último céntimo defraudado a las arcas públicas, dijo.