El expresidente de El Monte cree que no hubo acuerdo entre altos cargos para crear los ERE

«Pienso que no, convencido de que no se produce tal acuerdo, no he visto maniobra alguna en este sentido», ha expresado Bueno Lidón, quien fuera secretario general de Industria y Desarrollo Tecnológico de la Consejería de Empleo entre 2000 y 2001, en su declaración como testigo en el juicio que celebra la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta y de IFA/IDEA por el sistema para la concesión de las ayudas investigadas entre 2001 y 2010.

Precisamente en julio de 2001 la Consejería de Empleo y el IFA firmaron un convenio marco por el que el ente instrumental materializa el pago de las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo con fondos del programa presupuestario 31L que la propia Dirección General allegaba a IFA/IDEA a través de transferencias de financiación , herramienta que, según las acusaciones, permitía eludir el control y fiscalización previa de las ayudas.

Bueno Lidón ha señalado que el convenio marco se aplicó con normalidad , sin considerar que fuera «irregular o ilegal». El presidente del IFA y viceconsejero de Empleo entonces, Antonio Fernández, «dio cuenta de la firma del convenio al Consejo Rector de IFA/IDEA para la materialización de las ayudas», ha recordado.

En este sentido, ha explicado que el convenio suponía que la Consejería «transfería fondos para que IFA pagara las ayudas , era un vehículo para dar agilidad».

También ha recordado la aprobación de los convenios particulares, autorizando el Consejo Rector el pago de los mismos. Sobre éstos ha asegurado que no sospechó de que las ayudas aprobadas fueran irregulares o contrarias a derecho, apuntando que en el Consejo Rector estaban presentes Francisco del Río, exjefe del Gabinete Jurídico de la Junta, acusado en este juicio, y letrados de la asesoría jurídica de la agencia. «En ningún momento se cuestionó», ha añadido.

Ha afirmado que IFA/IDEA no intervenía en la concesión de las ayudas ni tenía acceso al expediente administrativo de la Dirección General de Trabajo. « Las ayudas no se discutían en el Consejo Rector pues no era responsabilidad del mismo», ha manifestado.

Al hilo de estas afirmaciones, ha indicado que el Consejo Rector no conocía que las ayudas se daban sin fiscalización previa por la intervención delegada en Empleo. «Actuábamos pensando que el pago de las ayudas eran conforme a derecho», ha precisado, pero nunca que se hiciera a través del IFA para soslayar la intervención previa.

Bueno Lidón ha defendido el uso de las transferencias de financiación para pagar las ayudas, porque esta herramienta «podía usarse para una finalidad concreta. No eran irregulares», ha asegurado, precisando que «no se podían destinar esos fondos para otros fines, porque eran transferencias finalistas».

El exsecretario general de Industria de la Consejería de Empleo ha recordado que en los consejos de dirección de la misma, en la que participaban los directores generales, no se entraba a abordar cuestiones concretas de cada departamento , sino en términos generales.

Bueno Lidón, que coincidió con Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo y acusado en este juicio. ¿Informó de las ayudas en los consejos de dirección? «No recuerdo, creo que en ningún momento lo hizo», ha respondido a la pregunta de uno de los abogados de las defensas. Ha defendido la autonomía de los directores generales para actuar en el ámbito de sus competencias.

El segundo testigo que ha declarado este miércoles, en el que sólo se ha celebrado sesión de mañana, ha sido el funcionario Carlos Márquez Miranda, jefe de gabinete del exconsejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera, quien ostentó el cargo entre 2000 y 2004.

Entre sus funciones, ha detallado que estaba la de «confeccionar y controlar la agenda del consejero» . El gabinete del consejero, según ha detallado, estaba formado por personal de confianza de Viera.

A preguntas del abogado de Viera, Márquez, quien fuera concejal socialista del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) en dos etapas diferentes, ha explicado que los asuntos o problemas planteados por los ciudadanos se dirigían a los delegados provinciales y, en función de su importancia, eran pasados posteriormente a los directores generales. «Nosotros filtrábamos los temas y el consejero se dedicaba fundamentalmente a cosas muy importantes», ha manifestado.

Ha admitido que Viera se reunió con Fernández y Guerrero «alguna vez» pero no ha recordado que estuviera en su agenda. Igualmente, ha señalado que Viera acudía a la Sierra Norte de Sevilla, pero no de forma habitual y que no tenía relación con Rosendo y Sayago, empresarios de la Sierra Norte que recibieron hasta 34 millones en ayudas de los ERE. Preguntado si una hija de Viera trabajaba en una empresa del grupo de Rosendo y Sayago, ha expresado: «Eso no lo puedo contestar».

Por la acusación del PP-A se le ha exhibido varios correos y cartas remitidas desde Presidencia o por la secretaria de Guerrero sobre problemas en la Faja Pirítica con un trabajador que reclamaba haber sido discriminado en un ERE o de ayudas a empresas de la Sierra Norte. Márquez ha asegurado que no recordaba esos asuntos.

La sesión de este miércoles ha estado marcada por la incomparecencia por motivos de salud de Margarita Regli , letrada de la Cámara de Cuentas. Testifical que ha sido pospuesta a la primera quincena de septiembre después de que el tribunal haya consultado al médico forense sobre la disponibilidad de la testigo para asistir o no en función de la enfermedad alegada.