Vox exige «elecciones de forma inmediata» tras calificar a la Junta como «prestamista de UGT»

Alonso, que ha preguntado al consejero de Hacienda por las ayudas sin justificar y se ha centrado en los 40 millones de euros concedidos a UGT, ha reclamado la convocatoria de las elecciones para que los andaluces tengan la oportunidad de elegir entre «un Gobierno prestamista de UGT y un Gobierno que vele por los parados».

En su réplica el consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, ha esgrimido que «a los tres nos va bien», en alusión a PP, Cs y Vox, «y a Andalucía le va fenomenal», tras defender la reforma fiscal emprendida, con el foco puesto en la bonificación al 99% del Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD).

Los reproches del diputado de Vox han arrancado por la presencia misma del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el 12º Congreso Regional de UGT, que ha ratificado la continuidad de Carmen Castilla como secretaria general, y las palabras elogiosas que allí pronunció hacia la figura del secretario general confederal , Pepe Álvarez, tras recordar que «este Pepe Álvarez presumía de llevar a un congreso de UGT al terrorista Otegui o pedir que los presos separatistas celebraran la Diada o de criticar la bajada de impuestos en Andalucía».

Alonso, quien se ha preguntado si «en verdad el presidente se atreve a asegurar que Pepe Álvarez mira con cariño a Andalucía», ha afirmado que «hoy Andalucía se retuerce de dolor» tras alegar los casos de andaluces que tuvieron que renunciar a sus herencias por su incapacidad para afrontar el Impuesto de Sucesiones y ha recriminado que éstos «no tienen privilegios para el pago de sus deudas sin aportar garantía alguna».

El portavoz adjunto de Vox ha denunciado que «UGT desvió 40 millones de euros de las subvenciones para la formación de parados , un privilegio que el resto de Andalucía no tiene», a lo que ha sumado el hecho de que «el Gobierno socialista hizo lo mismo con la CEA con la devolución de 15 millones de euros durante 15 años por no justificación de subvenciones de cursos de formación».

El consejero de Hacienda ha instado a diferenciar el procedimiento administrativo, donde el Gobierno andaluz tiene la opción de ofrecer aplazamientos y fraccionamientos de deuda, del proceso judicial.

«En la parte que nos toque debemos sujetarnos al cumplimiento de la norma, con aplazamiento y fraccionamiento para todo el mundo igual», ha afirmado Bravo, quien ha calificado de «legítimo el derecho a acudir a la vía juidicial», en alusión a UGT y los recursos contenciosos-administrativos que ha interpuesto.

Bravo ha instado a contemplar que «todos tenemos derechos a la presunción de inocencia» y ha sostenido que es el Gabinete Jurídico el que ejerce la representación procesal de la Junta de Andalucía y ha requerido informes tanto a la Consejería de Empleo como a la de Hacienda.

«Si finalmente esas sentencias son estimatorias», ha apuntado el consejero de Hacienda, «haremos todas las actauciones para que se cobren», en referencia al reintegro de las ayudas concedidas a UGT, mientras que ha defendido que «eso en Andalucía no pasa» tras indicar que los notarios traslada al Gobierno andaluz que «un 25% de las personas tuvieron que renunciar a su herencia».

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha defendido este jueves que «no ponemos etiquetas a nadie, buscamos la profesionalidad», por lo que ha defendido que «las adjudicaciones se han basado en un respeto absoluto a la ley», ante una pregunta de Vox relativa a la repercusión del concurso de acreedores de la empresa Bademedios .

El diputado de Vox, Benito Morillo, ha planteado al consejero de la Presidencia sus «muchas dudas» entre las que ha enumerado si diferentes organismos del Gobierno andaluz mantiene «contratos en vigor con esta empresa», a lo que ha sumado si el Ejecutivo autonómico «ha recibido presiones para adjudicar contratos a Bademedios»; «si ha pesado para adjudicarle contratos la relación de dirigentes del PP con directivos de esta empresa»; «si se le han exigido los mismos requisitos que al resto de empresas», retahíla tras la cual ha planteado a Bendodo «llegar al fondo de estas cuestiones».

El parlamentario ha dado contexto a su pregunta señalando que Bademedios, a la que ha descrito que es considerada como «pata negra», así como ha gestionado 16 millones de euros en el periodo 2013-2021, de los cuales 4,1 millones han sido en los últimos dos años tras lamentar que «ha entrado en concurso de acreedores y ha dejado de pagar».