La Junta de Andalucía permite a la UGT devolver 40 millones de euros en ayudas sin justificar durante 15 años

Pero este interminable pulso que se libra en el campo de batalla de los juzgados acaba de experimentar un giro de guion inesperado. El Gobierno andaluz del PP y Ciudadanos, a través de la Consejería de Hacienda, ha accedido a la petición de la organización que dirige la secretaria general Carmen Castilla para dejar en suspenso el reintegro inmediato de ayudas que la Junta de Andalucía le reclama en firme. Hacienda libera al sindicato de prestar fianzas o garantías –equivalentes a la cuantía de cada ayuda más los intereses– que habían fijado diferentes juzgados y tribunales como medidas cautelares para paliar los posibles perjuicios causados a la hacienda pública, a la espera de que las sentencias adquiriesen firmeza.

En su lugar, la UGT-A había propuesto un plan de pago de la millonaria deuda a 15 años vista . Hacienda también ha dado por buena esta alternativa. El cambio de criterio de la Junta ha provocado que la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) modifique las medidas cautelares en los términos que el sindicato venía planteando desde hace años. Mediante un auto del pasado 10 de noviembre, al que ha accedido ABC , la citada sala acuerda suspender la resolución de reintegro de una ayuda sin necesidad de depositar fianza. Acepta sustituirlo por un plan de pago a plazos de los 40 millones.

El viraje de la Junta en esta pugna judicial tiene, además, una consecuencia inmediata: posibilita que la organización vuelva a recibir subvenciones. El grifo de nuevas ayudas lleva más de un lustro cerrado porque tenía deudas pendientes con la Administración. Se abre así un horizonte más halagüeño para el sindicato, que podrá obtener ingresos públicos para insuflar liquidez a sus delicadas finanzas y evitar la quiebra, el principal motivo que había expuesto para convencerla de la necesidad de suspender los reintegros.

El órdago le funcionó. El pasado 20 de octubre el viceconsejero de Hacienda y Financiación Europea, Roberto Ochoa, dirigió un informe al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía en el que condescendía con las pretensiones de la federación ‘ugetista’. En un escrito fechado tan sólo un día antes, la letrada que representa a los intereses autonómicos en estos pleitos, se había opuesto a la solicitud del sindicato.

En su informe, que obra en poder de ABC, Hacienda acepta la alternativa que la UGT-A le plantea: el pago a plazos de todas sus deudas por reintegros en un plazo de quince años que vencerá en julio de 2035 , unido al compromiso de reducir sus gastos de estructura. «Los intereses económicos de la Hacienda de la Junta de Andalucía quedarían salvaguardados de forma más adecuada mediante el ya citado plan de pagos y de viabilidad», se justificaba este alto cargo.

A su juicio, la exigencia de fianza « no resulta viable, dada la situación financiera que atraviesa el sindicato , lo cual le conduciría al concurso de acreedores» e incluso a su disolución, antes incluso de que se dicten las sentencias firmes en los múltiples procesos judiciales abiertos. Otra de las razones que ofrece es que «se quedaría en situación de no estar al corriente, con la imposibilidad de ser beneficiario de nuevas subvenciones», lo que agravaría su situación financiera.

El ‘número dos’ de Hacienda argumenta, en descargo de la UGT-A, que se produciría « un daño irreparable a los relevantes intereses y funciones que a los sindicatos se atribuyen por mandato institucional». Como consecuencia, acepta el plan de pago trimestral de los reintegros, apostillando que esta alternativa no puede «limitar en ningún caso las facultades de la Administración» para cobrar la deuda cuando «adquiera firmeza en la vía judicial».

Con este movimiento de piezas, la Junta da oxígeno financiero al sindicato. Vuelve a abrirle el grifo de las ayudas que el Gobierno de Susana Díaz (PSOE) había cortado en 2014, cuando distintos medios de comunicación, entre ellos ABC, sacaron a la luz la supuesta utilización de facturas falsas y alquileres ficticios de aulas donde se impartían cursos para justificar los fondos públicos. De hecho, ya ha recibido su primera subvención en más de un lustro: una por importe de 546.108 euros para sufragar acciones sindicales, según publicó ‘El Mundo’.

El sindicato había situado al Ejecutivo de coalición del PP y Cs ante una disyuntiva: renunciaba a cobrar ya los reintegros o se vería forzado a presentar un concurso de acreedores.

Durante esta larga pugna judicial, la Junta había rechazado las pretensiones de la UGT-A, que buscaba así una salida al laberinto judicial donde está atrapada debido la gestión irregular de los antecesores de Castilla, Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla . Éste último se sentará en el banquillo, en un proceso penal paralelo, acusado de desviar 40,7 millones en ayudas de la Junta de Andalucía para la formación de parados.

La asesora jurídica de la Junta había rechazado la petición cursada por el sindicato para dejar sin efecto el reintegro de una ayuda dictado por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autonómico el 30 de julio pasado . La letrada lo justificaba por que la entidad no ha acreditado «siquiera documentalmente» su situación económica ni «la incidencia irreparable que el reintegro de la subvención –de 4.568,84 euros– pudiera tener en su tesorería». « No se prueban debidamente los motivos o causas alegadas , siendo por tanto inapropiados para decretar una medida tan excepcional como es la suspensión de la ejecutividad de un acto administrativo», señalaba. Además, alertaba de que eximir al sindicato de la fianza «sería gravemente perjudicial para los intereses de la Administración».

El 22 de octubre, después de que Hacienda diera su plácet, la letrada autonómica dirigió otro oficio al tribunal en el que ahora sí aceptaba que la deuda se abonara a lo largo de 15 años. « Todo ello, en los términos señalados en la respuesta de la Consejería de Hacienda », alegaba. La UGT-A, que ha conseguido que los jueces estimen total o parcialmente gran parte de sus recursos, ha declinado pronunciarse sobre este asunto a preguntas de ABC.

El sindicato tiene pendiente de abonar 40.242.986 euros , de los cuales están apremiados 6.758.157 euros, y suspendidos o paralizados cautelarmente 33.485.829 euros. La Junta le permite pagarlos a plazos. Entre tanto, podrá seguir recibiendo ayudas de la misma Administración que le reclama una suma tan elevada de dinero público.