El juez Juan Antonio Calle Peña: «No me sentí presionado al juzgar el caso ERE ni recibí ninguna llamada»

Al tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, que integraban él y las magistradas Pilar Llorente y Encarnación Gómez , no le tembló el pulso para castigar con duras penas —de inhabilitación o cárcel— a figuras consideradas intocables hasta no hace mucho tiempo. Léase dos expresidentes autonómicos y del PSOE federal, Manuel Chaves y José Antonio Griñán ; el exconsejero de la Presidencia Gaspar Zarrías , o la exconsejera de Hacienda y exministra Magdalena Álvarez .

Un año después del histórico fallo, Calle Peña recuerda su proceso «más difícil» . Juez incansable, meticuloso y prudente, midió cuidadosamente cada párrafo, cada palabra, casi cada coma, plasmada en un texto de 1.821 páginas pendiente de confirmar por el Supremo. Había muchos ojos puestos en él y no podía dar ningún paso en falso.

¿Éste ha sido el caso más comprometido y difícil de resolver al que se ha enfrentado en su carrera?

Por supuesto, el más difícil, por varios motivos. Primero, por la dificultad que suponía su celebración. Porque al haber tantos acusados, abogados, testigos y peritos, había un riesgo muy alto de que por imposibilidad de unos u otros, se sucedieran las suspensiones. Segundo, por la dificultad de organizar un juicio tan complejo, debido al elevadísimo volumen de las actuaciones y al gran número de documentos que había que exhibir durante las sesiones del juicio. Y tercero, por la complejidad de los hechos enjuiciados, debido al elevado número de acusados, al dilatado período de tiempo en el que sucedieron los hechos, más de diez años, y a la complejidad de las materias objeto de enjuiciamiento.

¿No abruma esa responsabilidad?

Sin duda, es una enorme responsabilidad preparar un juicio de esa magnitud, celebrarlo, y poner la sentencia.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, avanzó como fecha probable de notificación el 26 de octubre de 2019. Al final hubo que esperar unos días más, hasta el 19 de noviembre, tras once meses de deliberación y redacción de las 1.821 páginas de la sentencia. ¿La tarea fue más laboriosa de lo que pensaba?

Se trataba del enjuiciamiento de una macrocausa de las más voluminosas y complejas de la historia judicial española. Al finalizar el juicio era muy difícil, por no decir imposible, calcular cuánto tiempo llevaría la deliberación de las materias objeto de enjuiciamiento y la redacción de la sentencia, teniendo en cuenta su complejidad y el hecho de que algunas cuestiones no habían sido enjuiciadas anteriormente por ningún otro tribunal en España. Solicité un período inicial de seis meses de dedicación exclusiva a la deliberación y redacción de la sentencia, que se iría prorrogando en función de cómo evolucionase tan ingente tarea. El 26 de octubre terminaba uno de esos períodos de dedicación exclusiva. Sin embargo, a esa fecha faltaba integrar los numerosos documentos de trabajo en uno solo que constituiría la sentencia definitiva, así como el repaso y corrección de posibles errores. Por ello se demoró más allá del 26 de octubre.

Una sentencia de tanta trascendencia habría desatado un terremoto político de gran escala en plena campaña electoral. ¿Que se diera a conocer nueve días después de las generales del 10 de noviembre de 2019 fue fruto de la casualidad o pesó la idea de no interferir en el proceso electoral?

Por esa fecha sabía que hiciera lo que hiciera, iba a recibir críticas. Si la sentencia salía antes de las elecciones, habría quien dijera que era para interferir en el proceso electoral. Y si la sentencia salía después, habría quien dijera que se había retrasado para no interferir. La sentencia fue notificada el mismo día que quedó terminada, ni un día antes, ni un día después. Es más, me vi apurado de tiempo para tenerla concluida el día de su notificación. Debido a que, como he indicado anteriormente, había que integrar los numerosos documentos de trabajo en uno solo. Esa integración no consistía en un mero «copia y pega». Había que hacerla de forma que el documento definitivo tuviera un hilo conductor y un orden lógico.

En esa labor, apareció un problema inesperado. El programa de procesamiento de textos que habitualmente utilizamos para la elaboración de las resoluciones consumía muchos recursos del ordenador, haciendo que su funcionamiento fuera muy lento e incluso que se quedara bloqueado. Consulté esta cuestión con un experto informático, que me indicó que el programa no estaba preparado para trabajar con un documento de tantos folios y que debería haber utilizado otro que emplean las editoriales y las imprentas para la edición de libros. Evidentemente, carecía de dicho programa, ni podía pretender instalarlo y aprender a utilizarlo, a pocos días de la fecha fijada para la notificación de la sentencia. Así que tuve que terminar el trabajo con el ordenador funcionando en esas condiciones. De hecho, la noche anterior a la notificación de la sentencia apenas dormí dando los últimos repasos a la misma.

Armar esta voluminosa resolución no debió de ser fácil. ¿La sentencia le quitó en algún momento el sueño?

Como he explicado anteriormente, la redacción de la sentencia fue una labor muy compleja. No me quitó el sueño, pero sí que cautivó mi atención durante todo el tiempo, de manera que, incluso realizando actividades cotidianas, como el desayuno, almuerzo, cena o descansos, la mente seguía ocupada en las cuestiones que estaba resolviendo en cada momento.

A diferencia de lo que ocurrió con la sentencia del «procés» catalán, que fue objeto de filtraciones indeseadas, el tribunal integrado por Encarnación Gómez, Pilar Llorente y usted logró que nada trascendiera del fallo antes de su notificación. Funcionaron, si me permite la comparación, como un búnker. ¿Qué precauciones tomaron para evitar que se filtrara?

La forma de evitar que se filtrara el fallo o parte del contenido de la sentencia, fue que ésta no saliera del ámbito de control de los tres miembros del tribunal. De manera que fuimos los únicos que la teníamos hasta el momento de proceder a su notificación.

¿Por qué no estuvo presente el tribunal en el acto de notificación de la sentencia a los 21 acusados?

Pues porque la notificación de las sentencias legalmente no corresponde al tribunal, sino a la oficina judicial.

En aquellas semanas previas a que se diera a conocer, ¿recibió muchas llamadas desde el ámbito político o judicial para intentar que usted les diera alguna pista de la resolución?

Ninguna.

¿En algún momento se sintió presionado a deliberar en un sentido o en otro?

No, nunca.

Desde que empezó la instrucción del caso ERE hasta su primer enjuiciamiento en la Audiencia Provincial de Sevilla, muchas voces han criticado que el proceso estaba politizado. ¿Cómo rebatiría a quienes piensan así?

Las resoluciones judiciales son objeto de crítica y a veces también de descalificaciones en los medios de comunicación. La crítica es legítima, las descalificaciones gratuitas, no. Sin embargo, no es función de un juez o tribunal rebatirlas.

Dígame, ¿usted es tan ordenado y meticuloso en su vida como en sus resoluciones?

Sí lo soy. Y a veces pienso que es más un defecto que una virtud.

¿Por qué se hizo juez? ¿Cómo nació la vocación?

Antes de terminar la carrera de Derecho ya tenía claro que quería hacer oposiciones, no me atraía ejercer como abogado. Tras barajar diversas opciones, me decanté por la de judicatura.

¿Hay que tener una pasta especial para ser juez?

No hay que tener una pasta especial. Sin embargo, en esta vida no todas las personas valemos para todo. Cada uno tiene unas cualidades distintas, que lo hacen especialmente capacitado para unas profesiones y para otras no.

En casi un año de juicio ha habido anécdotas de todo tipo. Desde el secretario judicial que, harto de leer, aseguró que «no era una máquina», hasta el ex alto cargo que comparó la retirada de la acusación contra él con «un premio de la lotería», o su llamada de la atención a un exconsejero acusado (Francisco Vallejo) porque su postura en el asiento era más propia de «un acto lúdico que de un juicio». Echando la vista atrás, ¿con qué anécdota se queda del proceso?

El año que duró el juicio dio para muchas anécdotas. Me quedo con las positivas, como fue la asistencia de acusados, abogados y algunos de los miembros del tribunal, pese a encontrarse enfermos, para evitar la suspensión del juicio.

Por cierto, al exconsejero reprendido usted le advirtió de que la culpabilidad de una persona «no es ninguna broma ni tontería». ¿Un juicio como éste es una cosa muy seria?

Todo juicio es algo muy serio. Se está ventilando la responsabilidad penal de una persona, y eventualmente, su ingreso en prisión. El propio legislador así lo ha configurado, al establecer el ritual de su celebración.

¿La celebración de este juicio y la posterior sentencia demuestran que la Justicia es independiente?

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha citado el caso de los ERE de Andalucía, junto con el caso Gürtel y el caso Nóos, como ejemplos de la independencia de la Justicia.

El Gobierno ha planteado una reforma del sistema de elección de los miembros del CGPJ que ha generado preocupación en muchos tribunales de justicia autonómicos, incluido el TSJA, que lo consideran un ataque a su independencia. Ante el revuelo creado y tras los avisos de Europa, el Ejecutivo ha echado el freno a esta propuesta. ¿Cree que la reforma planteada va contra la independencia?

Mire, sobre esta materia hay una opinión más autorizada que la mía, la expresada por el Presidente del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (Greco), que es un organismo del Consejo de Europa creado para mejorar la lucha contra la corrupción en los Estados miembros. En una carta enviada a la representante del Ministerio de Justicia español, indica que esa iniciativa legislativa se aparta de las normas del Consejo de Europa relativas a la composición de los consejos judiciales y la elección de sus miembros, y puede suponer una violación de las normas anticorrupción del Consejo de Europa.