Luis García Navarro: «La sentencia confirmó que ‘la X’ de los ERE era el Consejo de Gobierno»

¿Asistimos a un juicio y una sentencia históricos sobre el caso ERE?

Por supuesto. La sentencia es la que ha enjuiciado el mayor caso de corrupción que ha existido no sólo en Andalucía sino en toda España. El hecho de que dos expresidentes de la Junta de Andalucía y parte del Consejo de Gobierno participasen de la comisión delictiva por la que han sido condenados implica que no sólo es una corrupción puramente administrativa sino absolutamente política. No podemos olvidar que el Consejo de Gobierno es el órgano político de la Administración.

Usted dijo en 2013 que ‘la X’ de los ERE era todo el Consejo de Gobierno andaluz. ¿El fallo lo confirma?

Efectivamente, la sentencia vino a corroborar lo que ya decíamos: ‘la X’ de los ERE era el Consejo de Gobierno. No sólo el expresidente Manuel Chaves ni José Antonio Griñán, que luego lo sucedió, sino que varios consejeros estaban implicados en los hechos. La condena no sólo viene a poner coto a unos hechos que ya pasaron sino que debe ser referente de lo que no se puede hacer en política, que es intentar conseguir votos al precio que sea, en este caso jugando con el dinero de los andaluces.

¿Podría volver a producirse un fraude como el de los ERE?

Tras la apertura de las diligencias en 2011, la Intervención de la Junta acometió medidas para que esto no volviera a pasar. No obstante, algunos se saltaron esas instrucciones, pero eso ha sido corregido. Este gobierno ha limitado el marco legal en el que sería posible este tipo de ayudas excepcionales, por lo que difícilmente se repetiría este fraude. Hay un elemento clave: se ha acabado con las transferencias de financiación para trasvasar dinero que luego se destina a otros menesteres.

¿Qué trascendencia ha tenido en el ámbito jurídico este caso?

La sentencia define como un sistema clientelar el que utilizaba la Junta que desviaba fondos de la Consejería de Empleo a la agencia IDEA para evitar el control de la Intervención. Permitió repartir fondos de manera arbitraria a allegados, amigos y militantes del PSOE, con intereses mezquinos en algún caso. No puede considerarse una irregularidad administrativa un agujero por el que se han ido 680 millones de euros.

¿Algún día se recuperarán esos 680 millones de euros?

La teoría que siguió el Gabinete Jurídico de la Junta en su día es que sería exigible esa responsabilidad civil el día que la condena sea firme y yo estoy seguro que si eso pasa, ejercerá las acciones civiles contra los condenados. No obstante, en las 60 piezas que se van a enjuiciar a raíz de los procedimientos abreviados incoados se está intentando garantizar la devolución de los fondos públicos. Además, la Junta está reclamándolos en el Tribunal de Cuentas.

¿Cuál fue su contribución como la acusación a la sentencia?

El caso ERE surge de las diligencias previas de Mercasevilla que se abrieron en el año 2009. Lo que han hecho tanto la Fiscalía como la acusación popular que represento, el PP, ha sido trabajar mucho para que no quede impune el mayor caso de corrupción.

Las defensas atacan la sentencia y afirman, entre otras razones, que se basó en «teorías conspirativas», «elucubraciones», «prejuicios e insinuaciones». ¿Qué le parece esta estrategia?

Entiendo el derecho al pataleo. La sentencia es tan contundente que no se combate con argumentos jurídicos sino con descalificaciones.

La Fiscalía ve increíble que Chaves viviera «en el limbo» ante el fraude o que Griñán desconociera la utilización inadecuada del fondo. ¿Coincide en ese análisis?

La tesis de la Fiscalía Anticorrupción ha sido reiterada por los fiscales del Supremo. Es evidente que el presidente lo sabía. Había documentos que así lo acreditaban, órdenes de su jefe de Gabinete a sus inferiores... Dados los conflictos laborales que se atendían con este «fondo de reptiles», como lo llamó Francisco Javier Guerrero, era imposible que no supiera cómo se hacía. No olvidemos que Chaves es especialista en Derecho del Trabajo. Tanto la Intervención como la Comisión Europea no permitieron que se concedieran las ayudas y ese fue el origen del sistema creado.

Si las ayudas se repartieron sin concurso ni publicidad ni control, ¿el hecho de que se sigan pagando algunas de ellas a prejubilados, después de convalidarse en el Parlamento, no resulta contradictorio?

No. Lo que se ha enjuiciado es una malversación de caudales públicos por parte del Gobierno. En este otro caso no estamos hablando del reparto sin concurrencia ni conocimiento de la Intervención, sino que hay una ley que el PP no apoyó y que convalidó algunas ayudas pero eliminando otras como las rentas vitalicias y las ayudas después de la edad de jubilación. Han tenido que llegar al Parlamento con luz y taquígrafos para pagarlas, algo que venían ocultando a través de la agencia IDEA desde hace muchos años.

¿Se ha sentido perseguido por ser abogado del PP en este caso?

Cuando empecé el juicio, sabía las consecuencias que tenía enfrentarse a un todopoderoso PSOE aún en el Gobierno y tenía asumido todo lo que me podía pasar. No me he sentido perseguido. Los que hemos estado en política como yo solemos tener las espaldas anchas. Sí me he sentido maltratado, no por los políticos, sino por alguna juez instructora que actuaba más por su capricho que por lo que ordena la ley.

¿Qué espera del Supremo?

Espero celeridad, que es un bien para todos, los que hemos acusado y los que se están defendiendo. La sentencia es justa y espero que la confirme.