Enchufados de la Faffe usan claves de funcionarios para tramitar ayudas y expedientes de los parados andaluces

Funcionarios interinos de Fondos Europeos que trabajan en las diferentes direcciones provinciales del SAE han denunciado que estos empleados están utilizando las «claves» informáticas de personal funcionario en las oficinas de empleo y en los servicios centrales de la agencia para gestionar subvenciones y manejar el aplicativo Hermes. Es decir, la base de datos donde figuran los expedientes confidenciales de los 815.452 demandantes registrados en las listas del paro en Andalucía hasta el pasado octubre.

Este grupo de funcionarios ha plasmado las «irregularidades que se vienen produciendo desde hace años» en tres escritos que han enviado a la presidenta andaluza, Susana Díaz ; al consejero de Empleo, Javier Carnero, y al gerente del SAE, Manuel Caballero Velázquez.

A este último, «conocedor» de las irregularidades , le piden una reunión. Aseguran que el pasado 20 de julio, durante una entrevista que mantuvo el alto cargo de Empleo con una representación de estos funcionarios, éste les invitó a plantear «una solución al problema», según exponen en su misiva, registrada el pasado día 5, y de la que no han recibido respuesta.

En sus escritos, a los que ha tenido acceso ABC, los funcionarios ponen de manifiesto que eludiendo los controles de acceso a la Administración, recaló en el SAE al amparo de la ley de reordenación del sector público de 2011, bautizada como «ley del enchufismo» por los sindicatos más beligerantes.

En su escrito, advierten de que los laborales de la Faffe no están autorizados para «la gestión de documentos públicos» y aún menos para « la utilización de claves de otro personal en oficinas del SAE ». Los funcionarios interinos, que accedieron a sus puestos tras superar un proceso selectivo, están siendo «desplazados» en varias provincias por «personal laboral que procede de fundaciones» y carece de potestades administrativas, reservadas a los funcionarios. Así lo determinó una sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo dictada el 26 de marzo de 2014. Desde la Consejería remitieron al día de hoy para responder a estas denuncias.

Los funcionarios denunciantes relatan que no dan abasto con la gestión de las ayudas de los Programas de Empleo y que van a trabajar incluso por las tardes para agilizar las subvenciones para contratar a jóvenes y mayores de 45 y 55 años. Algunos de ellos llevan casi tres años encadenando contratos de seis meses, una situación que catalogan de «tercermundista». El SAE le notifica su renovación a última hora del día de su cese, lo que constituye «un agravio comparativo» con interinos de otras consejerías, «a sabiendas de que nuestra región lidera las tasas de desempleo a nivel europeo y las subvenciones que gestionamos son de vital importancia», lamentan.

En la Faffe, una fundación de la Junta para formar a parados, fueron recolocados alcaldes o concejales socialistas y familiares de dirigentes del PSOE . Tras la disolución de la Faffe en 2011 pasaron a las oficinas que gestiona el SAE, donde siguen trabajando actualmente 1.118 laborales. Las irregularidades en las contratación del ente público están siendo investigadas por la juez María Núñez Bolaños.

No es la primera vez que el SAE recibe denuncias por la supuesta usurpación de funciones. El 24 de abril, el sindicato CSIF denunció en otro escrito dirigido al director gerente que «se está desviando trabajo propio» de funcionarios , como la gestión de ayudas, hacia este personal.