«Enchufados» de Francisco Javier Guerrero siguen trabajando en el Servicio Andaluz de Empleo

La mayoría de ellos provenían de la extinta Fundación Andaluza Fondo Formación y Empleo (Faffe), aunque en realidad prestaban sus servicios en la sede de la Dirección de Trabajo de la Junta y por sus manos pasaron expedientes de ayudas.

La ley de reordenación del sector público andaluz, bautizada por los sindicatos más beligerantes como la «ley del enchufismo», supuso el ingreso automático en la agencia Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de entre 1.552 y 1.291 trabajadores —las cifras recogidas en los informes de la Junta han ido bailando— que accedieron a la Faffe eludiendo los controles de acceso a la Administración , manteniendo el mismo sueldo pero con rango de empleados públicos subrogados.

Desde que la Consejería de Empleo liquidó el 2 de mayo de 2011 este ente público que se financiaba con subvenciones excepcionales para cursos de formación , sus empleados trabajan en los servicios centrales del SAE o en las oficinas de desempleo asesorando a los parados.

Son los casos de María del Rocío Sayago Gómez, que trabajó como secretaria adjunta de Guerrero desde 2003. Fue imputada por la juez Mercedes Alaya por facilitar supuestamente « la inclusión de los numerosos intrusos » sin derecho a cobrar las rentas de prejubilaciones subvencionadas por la Administración. El 8 de julio de 2010, la exsecretaria de Guerrero se incorporó a la Faffe y diez meses después, al SAE.

La diputada del PP Teresa Ruiz-Sillero mencionó ayer a Rocío Sayago y a Lourdes Medina, exsecretaria general de la Consejería de Empleo acusada en el juicio de la pieza política del caso ERE, en una pregunta parlamentaria que formuló al consejero de Empleo, Javier Carnero, acerca de los «enchufados» de la Faffe.

Medina pasó a trabajar en los servicios centrales del SAE como «mando» y con un sueldo que ronda los 2.700 euros , según ha podido constatar ABC. Un cuñado suyo también se incorporó a la agencia.

La propia Junta de Andalucía acusó a Guerrero de contratar 44 trabajadores en la Consejería de Empleo , algunos de ellos amigos y vecinos suyos, sin publicidad y gracias a la complicidad que existía entre el ex director general y un empresario amigo de la firma Umax. La Fiscalía pide diez años de prisión para cinco ex altos cargos por estas contrataciones «fantasma», entre ellos, el propio Guerrero y Lourdes Medina.

Tanto en su Dirección General como en otros servicios de la Consejería creó una estructura de personal «al margen» de la relación de puestos de trabajo vigente. Entre las contratadas por Umax estaban Rocío Sayago y Laura de la Cruz López, que pasó a formar parte de la plantilla del SAE. Era administradora de la empresa El Venero de Móstoles, que percibió 569.000 euros a través de endosos bancarios ordenados por Guerrero. La juez Núñez archivó la causa contra ella al prescribir los hechos.

El exparlamentario andaluz del PSOE Ramón Díaz Alcaraz también asesoraba al director de Empleo. Llegó a la Faffe de la mano el exconsejero Antonio Fernández, que tenía a su cargo asesores que también hoy trabajan en el SAE. «Decidí que ayudara a Guerrero en el asesoramiento de conflictos laborales» , confesó en el juicio. Díaz Alcaraz no, pero su hijo sí pasó de la Faffe al SAE sin solución de continuidad gracias al «decretazo» que votó su padre en el Parlamento. Es la misma situación de otros cuatro sobrinos de Antonio Rivas, exdelegado de Empleo de la Junta en Sevilla imputado en la pieza de las sobrecomisiones del caso ERE.

Ruiz-Sillero cuestionó a Carnero sobre si son «enchufados» Antonio Báez, asesor de Guerrero, y Francisco Camas, concejal de Urbanismo de Jerez. Se apoyó en la denuncia que ha realizado en un juzgado el Sindicato Andaluz de Funcionarios, que presentó una lista de 85 «enchufados» de la Faffe y otra denuncia que realizó la CSIF, que alertó de que se estaban dando tareas de funcionarios a este personal. «¿Es pago de favores, sí o no?», preguntó la diputada del PP andaluz.

El consejero no le respondió. Sólo señaló que todo el personal realiza su actividad conforme «a la normativa que le es de aplicación» y acusó al PP de «alargar las sombras de las dudas sobre la formación».