Empleo debe entregar a la Guardia Civil los contratos de los más de 80 «enchufados» del PSOE en la Faffe

Esto supone un nuevo paso en la investigación de unos hechos puestos en conocimiento de la Justicia por el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) a través de una denuncia en la que se identificaba con nombres y apellidos a 84 contratados «por razones de clientelismo político o nepotismo» . La mayoría de contratados continúa trabajando para la Junta. En mayo de 2011 pasaron de la Faffe al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) .

Según el SAF, los hechos podrían constituir posibles delitos de prevaricación y malversación por la contratación por parte de la Faffe de, al menos, 84 personas sin observar procedimiento alguno ni respetar las exigencias legales para ello; contratación que habría sido realizada con omisión de los principios de publicidad y libre concurrencia, sin procedimiento ni convocatoria de ningún tipo ni observancia de los principios de mérito y capacidad; así como el ilícito mantenimiento del personal así contratado en distintos puestos de trabajo, sin contenido material concreto, creados y atribuidos «ad hoc» para justificar y proporcionar la ilícita prestación de servicios laborales.

El pasado 16 de septiembre, el juez de refuerzo de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, dictó una providencia por la que daba traslado de los documentos obrantes en la causa a la UCO para que «amplíen la investigación y practiquen diligencias tendentes al total esclarecimiento» de los supuestos «enchufes».

Esto suponía la reactivación de la investigación de una de las ramas del caso Faffe solicitada por los letrados del PP y centrada en la selección del personal de esta fundación creada por el Gobierno de Manuel Chaves en 2003 para reciclar laboralmente a los desempleados y trabajadores andaluces y financiada con subvenciones que suman 252 millones de euros .

El SAF denunció que al menos 80 de ellos tienen vínculos con el PSOE y lograron plazas en la Administración andaluza «sin observar procedimiento alguno ni respetar las exigencias legales para su contratación».

En la larga relación facilitada al juzgado figuran los exalcaldes socialistas de las localidades sevillanas de Lebrija y Montellano, Antonio Torres y Francisco Aguilera Acevedo, y de Espejo, en Córdoba, Santiago Castro. También aparecen el cuñado, la esposa y un sobrino del exdirector general de la Faffe, Fernando Villén ; la esposa del alcalde de Sevilla , Juan Espadas; las hijas del exalcalde de San Juan de Aznalfarache , Juan Ramón Troncoso, y de la alcaldesa de Gélgar, María Membrive; concejales del PSOE en Adamuz, Camas y Aguilar de la Frontera; sobrinos del exconsejero de Gobernación Luis Pizarro , y dos familiare s del exconsejero de la Presidencia Gaspar Zarrías .

Pues bien, el pasado 20 de noviembre la UCO hizo llegar un oficio al Juzgado para solicitar diversos documentos para recabar información de los hechos denunciados. Ahora, el juez, tras exponer el listado de los 84 contratados de forma irregular, acuerda librar oficio al Servicio Andaluz de Empleo para que a la mayor brevedad posible facilite a la Guardia Civil toda la documentación e información relacionada con estas contrataciones.

Así, pide copia íntegra del correspondiente expediente de contratación como empleados de Faffe y SAE de las 84 personas, incluyendo la convocatoria del puesto de trabajo a cubrir; las solicitudes efectuadas para cubrir el puesto, los baremos aplicados y el resultado de esta baremación con inclusión de todos los solicitantes en el caso de que los hubiera; los criterios de selección aplicados y el resultado de las entrevistas personales a los solicitantes en el caso de que se hubieran llevado a cabo.

Además, las copias de los contratos formalizados con estas personas por ambas entidades; un informe detallado sobre los puestos de trabajo que hayan ocupado cada una de las referidas personas, especificando el departamento y lugar físico de trabajo concreto, descripción de sus funciones encomendadas, y el listado de compañeros.

El juez quiere que se le facilite a la Guardia Civil la identidad de los directivos o representantes de Faffe y SAE que contrataron a estas 84 personas y la cuantificación de los emolumentos, haberes y salarios percibidos por cada una de estos trabajadores.

De otro lado, solicita a la Tesorería General de la Seguridad Social que, con la misma celeridad, ponga a disposición de la Guardia Civil toda la información laboral de que disponga relativa a cada una de estas 84 personas desde el 1 de enero de 2000 hasta la actualidad; incluyendo y especificando las fechas concretas en los que habrían sido dadas de alta y de baja en las diferentes empresas y/o entidades contratantes.