El juez cree que Fernando Villén gastó más de 30.000 euros de la Junta en locales de prostitución de Andalucía

El juez señala en su auto que, tras las diligencias llevadas a cabo por el momento « se infiere la posible perpetración de delitos continuados de malversación y de falsedad documental , con independencia de la calificación jurídica definitiva que se determine y de la posible concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal », por parte de ambos investigados, delitos cuyo enjuiciamiento viene atribuido al Tribunal del Jurado.

Así, el escrito del juez indica que Fernando Villén «prevaliéndose de su cargo de director técnico» de la Faffe «habría venido llevando a cabo, de manera continuada, una disposición ilícita de los fondos de dicha entidad pública, desviándolos de su propia finalidad -que no es otra que el fomento y financiación de actividades relacionadas con la formación de desempleados-, utilizándolos para abonar los servicios recibidos en distintos locales de alterne de Sevilla y otras provincias andaluzas que frecuentaba, utilizando para ello las tarjetas bancarias de las que disponía (en total, tres tarjetas de las seis de que disponía como director) contra las cuentas de la referida fundación».

Además, el magistrado señala que el exdirectivo del organismo público habría gastado 32.566 euros en locales de prostitución «mediante el uso de las tarjetas bancarias de la Faffe». Según el escrito judicial, las pruebas apuntan a que Villén gastó ese dinero «con cargo a los fondos de la Faffe», añadiendo que, «con el fin de ocultar la ilícita disposición de fondos públicos realizada», el investigado, «en connivencia» con la directora económica financiera de la Faffe entre 2004 y 2011 , «idearon un sistema por el que se simulaban los reintegros de los referidos cargos realizados por el investigado», de forma que, «en los Libros Diarios de la Faffe, constan asientos devolución de las citadas cantidades que no se corresponden con la realidad».

Según expone, «de las diligencias hasta la fecha practicadas, y sin perjuicio del resultado de las acordadas en el marco del presente procedimiento ante el Tribunal del Jurado , es posible deducir» que la investigada «habría podido realizar u omitir actos tendentes, bien a cooperar, bien a encubrir la disposición ilícita de fondos públicos que habría efectuado» Fernando José V.R., «pudiendo así haber participado en la elaboración, utilización o manipulación de documentación mercantil o contable , con la finalidad de simular la devolución de los fondos ilícitamente empleados, así como permitir la utilización del propio dinero de la Faffe para que» el investigado «llevase a cabo el -en tal caso, supuesto- reintegro de aquéllos fondos».

El juez contnúa argumentando que la exdirectora financiera de la Faffe «habría ostentado la máxima responsabilidad en la gestión, reposición, funcionamiento y control de los fondos y las cajas de la Fundación, en particular, de la Caja Central de la propia Dirección General, a través de la cual se habría articulado fundamentalmente la mecánica delictiva denunciada», y, por todo ello, rechaza el sobreseimiento de las actuaciones solicitado por ambos investigados y acuerda la continuación de las mismas -al estimar «suficientemente fundada la imputación formulada por el Ministerio Fiscal y las acusaciones personadas»- con la práctica de las diligencias correspondientes.

Así, y respecto de las diligencias interesadas por la Fiscalía y las defensas personadas, el juez acuerda la práctica de parte de las diligencias solicitadas al considerar que son «pertinentes» a los fines de la presente instrucción jurisdiccional, es decir, a los fines de decidir sobre la posible apertura de juicio oral.

En el mismo escrito, el juez niega a la acusación particular ejercida por el PP andaluz la comparecencia como testigo del exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández , al considerar que «resulta improcedente en esta fase del proceso teniendo en cuenta que, en todo caso, dicha diligencia no resulta idónea ni necesaria a los fines de decidir sobre la apertura de juicio oral».

Al hilo de ello, el instructor manifiesta que el hecho de que el ex consejero cesara en su cargo el día 22 de marzo de 2010, fecha ( entre los días 22 y 23 de marzo de 2010 ) en la que el investigado habría realizado disposiciones (14.737 euros) en un local de alterne con cargo a su tarjeta de la Faffe, «no permite deducir -por contra de lo que sostiene la acusación popular- que el ex consejero de Empleo acompañase» al que fuera director técnico de la Fundación en el momento de realizar aquellas disposiciones. « Por más que se afirme "previsible y verosímil", esa circunstancia no deja de constituir una mera conjetura carente de evidencias en que sustentarse», apostilla el instructor.