Educación desmonta la huelga «ideológica» contra los concertados en Andalucía

La Plataforma Andaluza por la Escuela Pública y los sindicatos CCOO, UGT, CGT, Ustea y la asociación de padres Codapa , además del Sindicato de Estudiantes, están en contra de esta normativa a la que acusan de ir contra la escuela pública. La Consejería de Educación entiende que se trata de una huelga «ideológica» que va contra el Gobierno andaluz por su color político y que no tiene argumentos de peso que demuestren ese «ataque». Es más, aporta datos que muestran que la escuela pública tiene más respaldo con el actual Gobierno del que tenía con los gobiernos del PSOE a pesar de sus palabras.

En dos años se gastan 456 millones más

La escuela pública cuenta en los dos últimos años con 456 millones de euros más con respecto al último presupuesto del PSOE, el de 2018. Se trata de un 8 por ciento más. Para la educación concertada, el presupuesto sube en 28 millones de euros respecto al año 2018, lo que supone un 3% de aumento.

En términos absolutos los datos son los siguientes. En 2018, se destinaron 5.553 millones de euros a la educación pública y 819 millones a pagar los conciertos con los centros privados. Fue el último año del Gobierno de Susana Díaz en el poder . En el año 2020, la educación pública cuenta con 6.010 millones de euros mientras que la concertada dispone de 848 millones de euros. Hay, además, otro dato revelador. El presupuesto de los gobiernos del PSOE siempre incluía partidas menores para la concertada que, a medida que iba avanzando el año se iban aumentando. Así sucedió en los años 2016, 2017 y 2018. En este último, se presupuestaron 785 millones de euros pero se modificó el Presupuesto y se gastaron 819 millones de euros.

Sólo en Infantil hay 1.727 alumnos menos

La educación pública tiene este curso académico la mayor plantilla docente de la historia, con más de 102.000 profesores, 750 más que en el último año del Gobierno del PSOE, a pesar de la bajada de la natalidad. Un ejemplo de esta situación es la Educación Infantil. El pasado septiembre se matricularon en 3 años 11.338 niños, lo que supone una bajada de 1.727 niños respecto al curso 2012/13 . A pesar de ello, la Consejería de Educación contrató a 387 profesores nuevos para esta etapa.

El PSOE cerró 16 colegios públicos

Uno de los principales argumentos de los convocantes de la huelga es que el Gobierno pretende cerrar unidades de la escuela pública y fomentar los conciertos. Los datos muestran que los gobiernos socialistas cerraron 16 colegios públicos y entre 2011 y 2013, en los años de la crisis, despidieron a 3.650 profesores. Además, entre 2016 y 2018 se cerraron 330 unidades en las escuelas rurales , a causa sobre todo del descenso de la natalidad. En el segundo ciclo de Infantil (3 a 6 años) la oferta pública era de 10.579 unidades en la escuela pública en el curso 2011-12, mientras que en el curso 2018-19 fue de 9.141, es decir, se cerraron 1.438 unidades.

En el curso académico 2019-20, el Gobierno andaluz (ya de PP y Ciudadanos) ha cerrado 226 aulas públicas. En todos estos años se han mantenido los conciertos educativos con los centros privados aumentando, además, los fondos que se les transfieren para el sostenimiento de estas enseñanzas.

El PSOE ya reguló un concertado por zona

La principal novedad del decreto que ha aprobado el Gobierno andaluz es que las familias tendrán derecho a optar a un centro público y a otro concertado, en las localidades en las que sea posible. Esta opción, que el Ejecutivo entiende que es un derecho, es la base de las críticas del PSOE y de los sindicatos que convocan la huelga.

Sin embargo, el PSOE ya recogió ese derecho en el decreto de escolarización que aprobó en el año 2007 y que estuvo vigente hasta el año 2011. Así, el decreto se establece exactamente el mismo precepto que el actual Gobierno ha incluido.

Como es preceptivo, el decreto pasó por la Mesa Sectorial de Educación sin que, según consta en el acta de la misma del 18 de julio de 2006, los representantes sindicales, entre los que se encontraba la que después fue consejera de Educación, Sonia Gaya, por UGT, mostraran el menor reparo al contenido del artículo 8.1 que es donde se establece esa opción entre los centros públicos y los concertados. Gaya sólo pidió en esa reunión que «en los centros concertados quede claro que no se permiten gratificaciones, salvo para las actividades extraescolares». CCOO, por su parte, «que la renta tuviese menos valoración» y CSIF pidió que «se tenga en cuenta el expediente académico en los desempates». Nadie dijo entonces que se atentaba contra la educación pública.