Díaz necesita 500 millones para firmar la paz con sus funcionarios

Varios sindicatos habían reavivado en las últimas semanas las movilizaciones en Andalucía, a raíz de que el Gobierno central, con una decisión que la Junta calificó de electoralista, devolviera a los funcionarios del Estado la totalidad de la extra de 2012, lo mismo que ha hecho la Comunidad de Extremadura, gobernada por el PSOE.

Protestas que este jueves quedan aparcadas, en el caso de CSIF, UGT y CC.OO:, con motivo de la reunión que la presidenta ha convocado para las 10 de la mañana en el Palacio de San Telmo, con los dirigentes de estas tres centrales, integrantes de la Mesa General de la Función Pública, y la consejera de Hacienda, María Jesús Montero.

En este encuentro se firmará el acuerdo alcanzado entre la Consejería y los mencionados sindicatos sobre el calendario que fijará los plazos para la restitución de derechos de los empleados públicos, extremo que fue valorado de forma positiva por Antonio Tirado, de UGT. Entre estos derechos se encuentra, como una de las prioridades, la totalidad de la paga extra de 2012.

Esa es la principal reivindicación de los representantes de los trabajadores, aunque no la única. Pendiente está también la vuelta a la jornada laboral de 35 horas semanales, después de que el Gobierno central instaurara la de 37,5, y todo un listado de ayudas sociales que fueron suprimidas y que están en las agendas de las centrales.

En relación con la jornada laboral semanal, el Gobierno central ha paralizado, con los recursos al Constitucional, los intentos de algunas comunidades por restituir las 35 horas semanales. Pese a ello, CC.OO. considera que la Junta debería hacer algún «gesto» con el que expresara su voluntad de volver a la antigua jornada laboral, para lo que podría esgrimir el argumento del Estatuto de Autonomía.

Según defiende UGT, las 35 horas a la semana «son irrenunciables para nuestro sindicato y es un paso adelante que este Gobierno debe dar para fomentar la creación de empleo y la mejora de la calidad de todos los servicios públicos que se han visto mermados con la ampliación de la jornada. Son –añade– unos 15.000 puestos de trabajo los que se podrían crear con la aplicación de esta medida, que además supondría una mejora sustancial en todos los servicios que prestamos a los ciudadanos».