Los funcionarios reclaman a la Junta lo que han perdido por la crisis

Con los primeros signos de la recuperación económica, los sindicatos representados en la Mesa General de la Función Pública, CSIF, UGT y CC.OO., han iniciado una ronda de negociaciones con la Administración para tratar de conseguir la devolución de esos derechos.

La reunión prevista para ayer y en la que se iban a retomar los contactos ha quedado aplazada hasta el día 22. Será entonces cuando la Consejería y los sindicatos se sienten para seguir avanzando en una negociación que tuvo su prólogo en el acuerdo que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, firmó con los tres sindicatos el 15 de julio, en presencia de la consejera María Jesús Montero.

En ese momento, algunos de los compromisos de la Administración fueron la devolución en febrero de 2016 del 25 por ciento de la paga extra suprimida en 2012, la recuperación del cien por cien de jornada y salario para todo el personal del sector público en enero de 2016, y la creación de cuatro grupos de trabajo junto con la elaboración de un calendario sobre el rescate de cuantos beneficios fueron eliminados con la política de recortes.

Se trata de una de una amplísima cartera de asuntos económicos y sociales más allá de la normalización de los sueldos, de las pagas extras y de los descansos. Así, está pendiente la devolución del 5 por ciento de las retribuciones periódicas brutas anuales, cuya reducción se efectuó prorrateada en los pagos mensuales de enero a diciembre durante 2013 y 2014, lo que supuso una media de 100 euros al mes. Pretenden también normalizar la productividad, que se redujo en un 10 por ciento, así como las gratificaciones y las horas extraordinarias.

En materia de acción social la lista de reivindicaciones es amplia:

-Ayuda de estudios. Existían para Educación Infantil y Primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional, para la Universidad o para idiomas, e incluso para acceso a estudios superiores en el caso de los mayores de 25 años.

-Ayudas para alquileres. Era un dinero destinado a sufragar los gastos para el alquiler de la vivienda habitual. Estas ayudas podían llegar hasta 90 euros al mes.

-Para la adquisición de primera vivienda. Consistía en un préstamo de hasta 6.000 euros que se percibía en una sola vez y se reintegraba en plazos mensuales y sin intereses.

-Ayudas médicas, protésicas y odontológicas. Se trataba de subvenciones para la ortodoncia, las gafas o las lentillas o incluso cuando se necesitaban prótesis o plantillas. Había un límite de 300 euros para la ortodoncia y de 60 euros para unas gafas.

-Anticipo reintegrable. Destinado a hacer frente a un gasto inesperado. El máximo era de 3.000 euros, con un periodo de devolución de dos años.

-Ayudas excepcionales. Para casos extraordinarios como por ejemplo una adopción internacional que conlleva gastos elevados.

-Premio de Jubilación. Existía un premio para los funcionarios que se jubilaban y que recibían hasta 150 euros por cada año trabajado en la Administración.

-Ayuda para defunción o sepelio. La junta contribuía a sufragar parte de los gastos.

Los sindicatos también aspiran a incluir un catálogo de enfermedades comunes que no darán lugar al descuento de haberes, ampliando la relación de patologías exentas. Los efectos de este punto se aplicaría a las bajas producidas desde el 1 de julio de 2015.