El Defensor del Pueblo ve injusto el sistema de la Junta de Andalucía para valorar las herencias

El pasado año, la máxima responsable de esta institución, Soledad Becerril, elevó una sugerencia a la Consejería de Hacienda para que «modere» el uso de los coeficientes multiplicadores que aplica a los valores catastrales de las viviendas. Argumenta que «esta fórmula vulnera el principio de capacidad económica, pues puede obtener como resultado un valor superior al verdaderamente pagado en una transmisión».

De la misma forma, cree que el sistema «puede el conculcar el principo de seguridad jurídica del artículo 9 de la Constitución», al poner en cuestión la veracidad del documento público que firma el notario, tal y como lo recoge el Informe Anual del Defensor del Pueblo de 2016.

El reproche es válido tanto para el impuesto de transmisiones como para el de sucesiones, puesto que ambos se rigen por el mismo método. La advertencia de Becerril cayó en saco roto porque Hacienda le respondió que su actuación está «ajustada a derecho» .

Con insistencia, esta institución ha denunciado que no se garantizan los derechos de los contribuyentes. En relación al impuesto de sucesiones, en su informe anual anterior, el del año 2015, Becerril advirtió que «la Administración imputa una riqueza irreal o inexistente por la que injustamente tiene que tributar y vulnera el principio de capacidad económica».

Tras recibir quejas de contribuyentes de Andalucía , Valencia, Asturias y Extremadura, el Defensor recomendó a estas comunidades que aprueben modificaciones normativas para que el método establecido «respete» los principios que rigen el sistema tributario según el artículo 1 de la Constitución y « no establezca estimaciones que nada tienen que ver con la realidad ». «Estas recomendaciones no tienen buena acogida», lamentó.