La Junta de Andalucía excluye en su simulador del impuesto de sucesiones a los familiares que pagan más

En la presentación de esta herramienta, la consejera de Hacienda, María Jesús Montero , ya anticipó que el simulador se limita a «los casos más significativos para parientes directos», ni siquiera a todos: cónyuges, parejas de hecho, hijos e hijas, cuando el familiar fallece con o sin dejar testamento . Según expuso, iba a abarcar «el 85 por ciento» de los casos que se producen cuando se sujeta el impuesto de sucesiones a la autoliquidación, por lo que su efectividad real es relativa.

La herramienta «no tiene validez jurídica ni es vinculante para la Administración Tributaria», advierte la página web. La Junta justifica la exclusión de otros casos argumentando que «contempla los supuestos de cálculo más frecuentes en cuanto a la distribución de herencias», según explica en el portal del simulador. Esta calculadora es el plato fuerte de «un paquete de medidas de transparencia y refuerzo de todos los canales de información y asesoramiento sobre el impuesto de sucesiones », presentado por la consejera el pasado viernes.

En su comparecencia ante los medios de comunicación, Montero ya vaticinó el resultado. «Les aseguro que a la gran mayoría les saldrá que no tienen que pagar », auguró tras destacar que el 98% de los parientes directos no paga nada por impuesto.

Los datos introducidos en la calculadora no se guardan ni quedan registrados para que pueda hacer uso de ellos la Administración, según indica la web para disipar las suspicacias.

Durante la inauguración de unas jornadas sobre política fiscal en Málaga, Montero defendió este instrumento para facilitar «que cada persona pudiera tener su propia experiencia y su propio criterio », puesto que «en los últimos días hemos escuchado falsos mitos o bulos sobre el impuesto».

Cuestionada acerca de las críticas del PP hacia esta medida, Montero destacó que «la fiscalidad nunca es un tema que pueda ser objeto de chiste ni de gracia , la fiscalidad es lo que permite que todos los ciudadanos podamos ser iguales ante los servicios públicos fundamentales, lo que permite realmente la redistribución de la riqueza».