Su defensa declara que Magdalena Álvarez no era la «suma sacerdotisa» del presupuesto de los ERE

El abogado Rafael Alcacer ha iniciado hoy su informe final -que continuará el lunes- para defender la inocencia de Magdalena Álvarez, consejera de Hacienda del 2000 al 2004 que afronta diez años de inhabilitación acusada de prevaricación en el juicio del caso ERE contra 21 ex altos cargos de la Junta .

« La Consejería de Hacienda no es el policía de la presupuestación , no tiene encomendadas funciones de vigilancia sobre el presupuesto de otras consejerías», ha subrayado, incidiendo en que su cliente no decidía cómo gastaba sus fondos la Consejería de Empleo ni como ejecutaba ese gasto porque los responsables de Hacienda «no son los sumos sacerdotes del crédito», parafraseando al perito al que esta defensa encargó un informe, Juan Ramallo.

Para Alcacer, resulta «sorprendente, aberrante y ofensiva la tesis de que el Parlamento fue engañado» para que aprobara las leyes de Presupuesto que recogían las ayudas investigadas.

Ve « razonable sostener que el Parlamento no conociera las presuntas irregularidades » en la gestión de esas ayudas y quizás tampoco «el procedimiento de concesión» de las mismas, pero «es indudable que tuvo perfecto conocimiento de la finalidad» de las transferencias de financiación que aparecían en el Presupuesto de la Consejería de Empleo a la agencia pública IDEA, el pago de las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis que concedía la Dirección General de Trabajo.

Con todo, ha cuestionado la base de la acusación: que la herramienta presupuestaria usada era ilegal porque las transferencias de financiación sólo pueden usarse para equilibrar las pérdidas y ganancias de las empresas públicas como IDEA.

La Fiscalía y la acusación popular del PP y Manos Limpias sostienen que así lo indicaba la Ley de acompañamiento a los Presupuestos de 2002, prorrogada tácitamente año a año, pero para el letrado esa «rígida interpretación» de la norma en su «literalidad» no se sostiene y lo han acreditado varios peritos y testigos.

Alcacer, como el resto de defensas, sostiene que aún cuando esa ley « dijera lo que dicen que dice », lo «relevante es lo que aprobaban las leyes de Presupuesto» que año tras año consignaban unas transferencias de financiación de Empleo a IDEA para pagar las ayudas que daba la Dirección de Trabajo, unas leyes de Presupuesto que aprobaba el Parlamento.

«En el relato de la acusación no sólo estamos ante un Parlamento engañado año tras año por el pérfido Ejecutivo sino ante un Consejo de Gobierno esquizofrénico que con la mano izquierda aprobaba un proyecto de Presupuestos fraudulento, dirigido a eludir la fiscalización, y con la mano derecha acordaba un Proyecto de Ley en el que se incluía la norma precisamente defraudada así como otras medidas dirigidas precisamente a prevenir el fraude», ha ironizado.

Alcacer ha defendido que el uso de uno u otro instrumento presupuestario es «neutro» y no determina cómo se ejecuta y gestiona un gasto, pero las acusaciones han «demonizado» el uso de las transferencias de financiación porque sostienen que omitía la obligada fiscalización previa de las ayudas.

El letrado lo ha negado, pues «no sólo era obligado sino legalmente posible» fiscalizar por un lado el trasvase de fondos de la consejería a IDEA -que se hizo- y por otro los expedientes de concesión de las ayudas -que no se hizo-.

Ha hecho hincapié en que la competencia de la Consejería de Hacienda, en materia presupuestaria se limita a preparar el Anteproyecto pero ni lo aprueba (lo hace el Parlamento), ni lo ejecuta (lo hacen los órganos gestores responsables de los fondos consignados) ni controla su ejecución más allá de que no se gaste más de lo consignado (el control lo ejerce la Intervención, el Parlamento y la Cámara de Cuentas).

La acusación de que usar las transferencias de financiación es lo que condicinó cómo se gestionó el dinero de las ayudas obedece, según Alcacer, a la necesidad de unificar la actuación de los encausados para que «todo fuera conocido y pretendido por todos », obviando que los Presupuestos con esos créditos los aprobaba el Parlamento.

Un « acuerdo de voluntades que exigía que 21 personas de la Junta de Andalucía, que apenas se conocieron entre sí y se sucedieron en sus cargos durante años, se pusieron de acuerdo para un pacto cuyo fin era tan maquiavélica empresa como engañar al Parlamento».

A su juicio, «si grotesco es pensar que el Parlamento fue engañado, que el Poder Ejecutivo confabulara durante 10 años para engañar al Poder Legislativo toma tintes caricaturescos».