Diez meses de juicio y 120 testigos no libran a Griñán y Chaves de la dura acusación de la Fiscalía

El Ministerio Público ve responsables penales a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán , a seis de sus exconsejeros y 13 ex altos cargos más que formaron parte de sus gobiernos socialistas en el primer juicio de la macrocausa de los ERE que se celebra en la Audiencia Provincial de Sevilla.

La Fiscalía y la acusación popular ejercida por el PP sólo han retirado la acusación contra el exsecretario general de Hacienda Antonio Estepa Giménez , que ya no tendrá que sentarse en el banquillo que ayer volvieron a ocupar los acusados, tras meses de ausencia, para escuchar las conclusiones e informes finales de las partes. Anticorrupción también ha rebajado la pena de ocho a seis años de prisión a la exsecretaria general de Empleo Lourdes Medina y al exdirector de la agencia pública IDEA Jacinto Cañete, acusados de un supuesto delito de malversación.

A Griñán, que fue consejero de Hacienda cuando se repartieron las ayudas bajo sospecha a empresas , los fiscales no lo libran de una pena de seis años de cárcel y 30 de inhabilitación para empleo o cargo público por sendos delitos continuados de malversación y prevaricación. Para su antecesor en la Presidencia mantienen su solicitud de 10 años de inhabilitación por prevaricación. Las penas suman 110 años de cárcel para 15 acusados por supuesta malversación.

A ambos exdirigentes, que han sido presidentes federales del PSOE, Anticorrupción les acusa de idear y mantener un sistema que desactivó los controles de la Intervención General de la Junta sobre el dinero público para conceder y pagar ayudas de manera opaca.

El método consistía en que la Consejería de Empleo las concedía sin atenerse a una norma ni mediar solicitud alguna , pero encargaba su abono a una agencia pública, IFA/IDEA, que recibía el dinero a través de transferencias de financiación, un mecanismo que no podía usarse en pagar ayudas, según la tesis de los peritos de auxilio judicial que comparte el Ministerio Público.

Hubo dos intentos de regular las ayudas, mediante un decreto primero y luego con una orden, pero no salieron adelante en las reuniones de viceconsejeros, los llamados consejillos, que presidía el vicepresidente Gaspar Zarrías . No hubo voluntad política de establecer una norma para repartir las ayudas.

El procedimiento «permitió nutrir a la Dirección General de Trabajo» de un caudal de 679,2 millones de euros entre 2000 y 2009 , según estima la Fiscalía, que rebaja la cantidad inicial de 741,6 millones al acotar el periodo y los programas que se enjuician en esta pieza separada del caso ERE. Este maná de fondos, que se alimentaba a través de los presupuestos y sucesivas ampliaciones ejercicio tras ejercicio, sirvió para pagar campañas de propaganda, sobrecomisiones a intermediarios y 16 ferias de pueblos, catorce de ellos gobernados por el PSOE, uno por el Partido Andalucista y otro por IU.

La manguera de dinero público regó a empresas en crisis, como las que montó el chófer del exdirector Francisco Javier Guerrero, y a 6.096 afectados por ERE de 77 empresas subvencionadas de forma arbitraria . Como no hubo «el más mínimo mecanismo de comprobación», cobraron ayudas personas que no habían pertenecido «nunca» a las empresas, los denominados intrusos.

Para el Ministerio Público, esto generó una discriminación «de facto», porque «se han visto privados de su derecho a acceder a estas ayudas un importante número de trabajadores afectados por el desempleo». Calcula que en torno a 120.000 trabajadores se vieron afectados por ERE entre 2001 y 2011 pero no fueron bendecidos con este programa porque no existía una convocatoria pública.

Chaves y Griñán conocían estas irregularidades a través de las memorias de la Intervención que llegaron al Consejo de Gobierno, pero no adoptaron «decisión alguna en el ejercicio de sus funciones que pusiera freno al procedimiento», sostienen los fiscales Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra. Siguiendo su tesis, el sistema se instauró para esquivar los reparos legales a unas subvenciones excepcionales en el año 2000 y perseguía apagar con dinero público conflictos laborales que «alteraban la paz social» en Andalucía.

En el caso de Griñán, la petición de condena se ve agravada porque, como consejero de Hacienda, debió conocer los sucesivos informes de la Intervención de la Junta y especialmente el adicional remitido a tres consejerías en el año 2005 en el que se advertía de que se estaba « prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido » con la concesión y pago de las ayudas. «La gravedad de la situación» fue conocida y «consentida» por Griñán, la exviceconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo y el exconsejero de Innovación, Francisco Vallejo, sostiene la Fiscalía.

Pese a las alertas, todos los 21 acusados «no sólo no hicieron nada para iniciar expedientes oportunos que permitiesen reintegrar a las arcas públicas de la Junta de Andalucía los fondos que salieron, sino que posibilitaron que año a año se siguiera reproduciendo el mecanismo» de concesión y pago de las subvenciones.