Su abogado insiste en que Manuel Chaves aprobaba sin leerse informes y no detectó «luces rojas» en los ERE

Su uso irregular para el abono de subvenciones es uno de los principales argumentos de las tesis de las acusaciones para incriminar a Chaves, al expresidente José Antonio Griñán y a otros 19 ex altos cargos en el primer juicio de la macrocausa del caso ERE. Para su letrado, « nada hay que permita concluir que el señor Chaves tuvo conocimiento de las advertencias de la Intervención General» y tampoco de las irregularidades en el procedimiento de concesión y pago de las ayudas, que, a su juicio, también desconocía su cliente.

La Fiscalía pide diez años de inhabilitación para empleo o cargo público contra Chaves, presidente de la Junta entre 1990 y 2009, acusado por un supuesto delito de prevaricación en el diseño y mantenimiento de un sistema de ayudas «opaco» que repartió 680 millones de euros entre 2000 y 2009.

Durante la presentación de su informe final, el abogado de Chaves ha recordado que su defendido «dijo que no se había leído las memorias» del interventor y que, en el caso de haberlas leído, tampoco habría detectado «ninguna alarma» ni «nada que hiciera saltar las luces rojas» . Argumenta que en las citadas memorias se aludía a la contabilización, no a la presupuestación de las transferencias de financiación. «Que se tenga que poner a estudiar el expediente administrativo al que ha dado lugar la propuesta [del interventor] se opone a las reglas de la lógica y aboca a situaciones que lindan con lo absurdo».

En su informe, el letrado Pablo Jiménez de Parga ha cuestionado la acusación de la Fiscalía Anticorrupción afirmando que «tras bucear en las decenas y decenas de expedientes» sobre las 270 ayudas concedidas con cargo al fondo de los ERE, que aluda a «cartas y faxes» dirigidos a Chaves por extrabajadores de la Faja Pirítica de Huelva y la empresa Bilore significa que «poco tiene para incriminar al presidente de la Junta de Andalucía».

Jiménez se ha apoyado en la declaración como testigo de Antonio Jesús Mena Calvente, quien fuera director del Área de Planificación y Seguimiento en la Consejería de Presidencia entre los años 2003 y 2008. Este testigo explicó que «la mecánica del Gabinete de Presidencia» era que cada vez que se recibía una carta se remitía a la Consejería u organismo competente. Y que la expresión recogida en ella de «por indicación del presidente» era «una mera fórmula de estilo» que no presuponía que se hubiera abordado este asunto por el máximo jefe del Gobierno.

En su intervención en el juicio, el abogado pide la libre absolución del expresidente de la Junta y defiende que «no intervenía en modo alguno en cómo se articulaban las soluciones a los grandes conflictos ni en este caso [ayudas sociolaborales] ni en ningún caso». También ha cuestionado a los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado que detectaron una veintena de irregularidades en las 270 ayudas concedidas a empresas y prejubilados . Jiménez de Parga se ha referido a estos expertos de auxilio judicial como «pseudoperitos» y ha advertido que no fueron «designados por insaculación, sino que fueron designados a dedo» para emitir los informes sobre las ayudas.