Los cuatro bloqueos del PSOE a la investigación de los desmanes de la fundación Faffe en el Parlamento

La segunda comisión de investigación creada por unanimidad en el Parlamento andaluz para indagar en las irregularidades de la Faffe ha echado a rodar lastrada por los desplantes e incomparecencias de los tres expresidentes y cuatro exconsejeros de la Junta de Andalucía que debían declarar entre 72 y 48 horas antes de la elecciones generales de este domingo.

En el Parlamento andaluz ha habido cuatro intentos fallidos de depurar las responsabilidades políticas por una gestión plagada de sombras. Hasta mayo de 2018, los desmanes de la Faffe no se hicieron un hueco en la escaleta de los telediarios .

En la recta final de la pasada legislatura, el PP —acusación popular en la causa judicial paralela— reveló que el exdirector general de la malograda fundación, Fernando Villén Rueda , exmiembro de la ejecutiva del PSOE andaluz, había usado en el club de alterne sevillano Don Angelo una tarjeta de la entidad creada en 2003, bajo el mandato de Manuel Chaves , para organizar cursos a parados. Antes de conocerse uno de los capítulos más sórdidos del «culebrón» de la Faffe, ésta ya se había convertido en una suerte de agujero negro informativo en el Gobierno socialista.

El 29 de mayo de 2014, el PSOE-A e IU, socios en el Ejecutivo, vetaron en el Parlamento andaluz una propuesta del PP para crear una comisión de investigación sobre la gestión de los fondos públicos por la Faffe. La Cámara de Cuentas acabada de destapar que entre 2009 y 2010 la fundación, disuelta en 2011 por el Gobierno de José Antonio Griñán, había gastado subvenciones por importe de 49,5 millones de euros «sin justificación alguna» .

El informe llegó a la Fiscalía Superior de Andalucía, quien ordenó investigarla ante el «manifiesto desorden» en las ayudas y la «ausencia de justificación» del gasto. El «expediente Faffe» llega por reparto a la mesa de la instructora del caso ERE, Mercedes Alaya . En octubre de 2014, el funcionario Teodoro Montes , testigo clave en las pesquisas sobre el fraude de la formación, le confiesa que la Junta le quitó la custodia de expedientes de los 400 cursos organizados por la fundación. Declara también que en ella trabajaban «antiguos cargos del PSOE, concejales, alcaldes y familiares directos» que, tras su liquidación, pasaron al Servicio Andaluz de Empleo como empleados públicos de la Administración.

El 10 de septiembre de 2015, el Parlamento aprueba constituir una comisión para analizar el cúmulo de irregularidades en la concesión de subvenciones para cursos. Gobernaba Susana Díaz y Ciudadanos era su aliado parlamentario . A la hora de solicitar la información para señalar a los responsables políticos, la oposición pidió conocer cómo y en qué se gastaron los 252 millones de euros que entre 2003 y 2011 manejó la Faffe, cuya principal fuente de financiación eran ayudas públicas.

La comisión reclamó a la Junta la copia íntegra de una auditoría encargada a la consultora externa ATD. El entonces consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado , anunció que se encargaría otra auditoría a Deloitte. Nunca llegaron al Parlamento las dos auditorías completas para que los diputados la pudieran leer. Tampoco el listado de trabajadores, ni los informes que alertaron del pago irregular de sus nóminas. La comisión tuvo que contentarse con algunos expedientes aislados de subvenciones, pero ninguna pista que arrojara luz sobre la gestión diaria de la fundación.

Al poco de estallar el escándalo de las tarjetas de crédito a disposición de Villén en mayo de 2018, el consejero de Empleo, Javier Carnero (PSOE), negó su existencia. El motivo sigue sin aclararlo. Y rehusó hacerlo el pasado viernes al abandonar la comisión sin responder a ninguna pregunta. La exconsejera de Hacienda y hoy ministra, María Jesús Montero , que no compareció alegando que el Parlamento no era competente para citarla, también negó que tales Visas existieran.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitió a la nueva titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, un atestado que contradecía a los responsables autonómicos . Javier Carnero se desdijo y admitió que había una única tarjeta en poder del exdirectivo de la Faffe, pero desmintió que se hubiese empleado en un burdel.

Las indagaciones y pruebas que acopiaba la UCO iban más rápidas que los reflejos del Ejecutivo socialista. Superado por las evidencias, el Gobierno de Susana Díaz cambió de estrategia : reconoció que se habían hecho abonos por importe de 14.737 euros en el club Don Angelo en apenas seis horas el 22 de marzo de 2010, justo el día en el que Griñán cambió su gobierno y relevó a su consejero de Empleo, Antonio Fernández .

Mientras el Gobierno presumía de colaborar como el que más con la Justicia aportando documentos a la UCO, la Fiscalía y el juzgado, la presidenta, Susana Díaz, trataba de acallar las críticas acusando al PP y Podemos de «crear ruido» para «deteriorar» al Gabinete con un asunto turbio que «pasó hace más de diez años», es decir, cuando mandaban sus predecesores.

Pero el ruido de las tarjetas «fundidas» en prostíbulos , donde llegaron a gastarse hasta 32.000 euros con fondos públicos, empezaba a ser ensordecedor. Por exigencias de Ciudadanos, el PSOE transige para dar vía libre a la primera comisión de investigación sobre la Faffe en septiembre de 2018. Fue una comisión fugaz (duró un mes) y condenada de antemano por el calendario electoral. Díaz iba a ser llamada a declarar para explicar los gastos de la Faffe, pero lo evitó con la convocatoria de las autonómicas para el 2 de diciembre, las elecciones que terminarían arrebatándole el poder tras casi 37 años de hegemonía del PSOE en Andalucía.

Con el PP y Cs en el poder, en marzo se crea por unanimidad otra comisión para indagar en la Faffe. La Consejería de Empleo facilita a los diputados más de dos millones de folios que habían pedido . Aún restan más de 825.000 páginas por entregar. Harían falta hasta ocho funcionarios escaneando papeles durante cuarenta días para atender este requerimiento. Para evitar el bloqueo, la comisión acuerda que los interesados acudan a la sede de Empleo para consultar los documentos.

El 11 de octubre se decide que den explicaciones en la Cámara los expresidentes Chaves, Griñán y Díaz, así como cuatro exconsejeros. El Grupo Socialista no recibe la notificación dirigida a su presidenta alegando que la Cámara «no es un centro de trabajo». La secretaria general del PSOE andaluz tampoco la recoge en Correos después de que el cartero llamara dos veces sin éxito a su casa para darle el burofax.

Sólo Chaves acude a su cita el jueves pasado, pero abandona la comisión tras denunciar que su comparecencia era «un acto de campaña». El exmandatario se marcha sin aguantar la liturgia de escuchar en silencio las preguntas de los diputados . Por segunda vez, las elecciones se cruzaban en el camino de una investigación que parece estar maldita.