El «Gobierno del cambio» se enreda en las explicaciones sobre el caso Avales

El Ministerio Público aprecia «graves delitos» en la actuación de los políticos, se opone «de plano» a que le den carpetazo y alerta de la «demora» de la instrucción, lo que puede «conllevar la prescripción o, al menos, la minimización del reproche penal». Es la misma tesis que ha mantenido el PP andaluz, personado como acusación popular en esta y otras causas de corrupción.

Lento de reflejos cuando se filtra el contenido del escrito de los letrados autonómicos, el Ejecutivo andaluz busca atajos a marchas forzadas para que su postura no quede más comprometida. Ayer mantuvieron una reunión en el Gobierno para abordar este asunto sin que trascendiera ninguna solución. Hoy esperan retomar los contactos coincidiendo con el Consejo de Gobierno de los martes. A su término, el portavoz, Elías Bendodo, comparecerá para explicar los acuerdos adoptados.

A nadie escapa que la estrategia de los abogados autonómicos —que gozan de independencia— en el caso Avales resulta difícil de entender y de encajar en el discurso regenerador de dos partidos que se presentaron como alternativa a la desafección hacia gobiernos socialistas enredados en causas judiciales después de 37 años de hegemonía. Entre las soluciones que el Gobierno andaluz baraja para corregir su rumbo en el caso Avales está la posibilidad de que la Agencia IDEA, que también está personada como acusación, se adhiera al escrito de la Fiscalía.

Sin embargo, esta alternativa no deja de ser una hipótesis. A preguntas de ABC, el abogado de IDEA informó de que no tiene una decisión tomada y que podría optar por no decantarse en uno u otro sentido. De hecho, no está obligado a tomar partido por la Fiscalía o por la Junta de Andalucía.

Mientras el bipartito trata de encontrar un relato jurídico y político que le permita convivir con las contradicciones —que la jefa de la oposición, SusanaDíaz, se ha apresurado a explotar y las califica de «esquizofrénicas»—, se enreda en explicaciones que, lejos de aclarar lo que ha pasado, contribuyen a sembrar más confusión .

Las declaraciones que realizó ayer el vicepresidente de la Junta de Andalucía y presidente de Ciudadanos, Juan Marín, tampoco ayudaron a aclarar las cosas. «El Gobierno ha tomado la decisión de presentar alegaciones a ese informe», aseguró en un desayuno informativo organizado por la Cadena Ser en Sevilla. El mencionado «informe» no es el que suscribieron los letrados autonómicos sino el escrito que presentaron las defensas de un exdirector general de la agencia IDEA y un exconsejero ante la juez pidiendo el archivo de la causa contra ellos con el argumento de que «no existe la menor irregularidad penal».

Las «alegaciones» a las que se refirió Marín son las que formularon los abogados de la Junta alineándose con la tesis de los políticos investigados. La Junta exculpó a los ex altos cargos y redirige toda la munición incriminatoria —por supuesto fraude en subvenciones y falseamiento en las solicitudes— contra las empresas que se beneficiaron de los avales y a la vez recibieron ayudas del fondo de los ERE.

La palabra «archivo» no aparece en las notas oficiales del Gobierno que están plagadas de circunloquios y eufemismos. «Lo que pretendemos es que se siga investigando la causa», afirmó Marín durante su intervención. Aprovechó la ocasión para involucrar al Gobierno andaluz en la estrategia de los letrados al esgrimir que la decisión la toma el Ejecutivo. Además, el «número dos» de la Junta rompió una lanza a favor de la independencia del Gabinete Jurídico y en contra de las injerencias políticas.

El equipo de letrados de la Junta está bajo la dirección de Jesús Jiménez López, abogado nombrado alto cargo por el gobierno de José Antonio Griñán. «No controlamos» a los servicios jurídicos de la Administración «ni pretendemos controlarlos ni le decimos qué informe tienen que hacer», proclamó Marín.

Hasta ahora, al Gobierno le ha faltado pedagogía, estrategia o ambas cosas a la vez. El consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo (PP), que presentó a Marín en el citado foro, apoyó también la actuación del Gabinete Jurídico , que depende de él. El pasado jueves aseguró en el Parlamento que la Junta se va a centrar en «casos en los que se puedan depurar responsabilidades, dejando a un lado los que no son objeto de la investigación». El caso Avales está instruyéndose desde 2014. Bendodo llegó a decir que el criterio de la Junta «sigue la línea de la Fiscalía».

En el reparto de parcelas en el gobierno, la agencia IDEA —que concedió los avales supuestamente irregulares— quedó bajo el mando de un consejero independiente propuesto por Ciudadanos, Rogelio Velasco, titular de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidades . En el Gobierno tampoco hay una postura uniforme. Hay preocupación a que la revisión de ayudas pasadas acabe paralizando la actividad de la agencia IDEA, epicentro de otros casos judicializados (ERE, Transferencias de Financiación, Invercaria y Santana).